¿Qué implica el nuevo toque de queda sin decreto en Guayas y otras provincias?
La medida despierta incertidumbre y críticas ante la falta de detalles. Expertos y ciudadanos cuestionan la eficacia
El anuncio de un nuevo toque de queda para Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, del 15 al 30 de marzo, reabrió un debate que en Ecuador nunca termina: ¿cuándo, cómo y para qué puede imponerse una restricción de movilidad de esa magnitud?
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El presidente Daniel Noboa hizo el anuncio durante una ceremonia policial. Posteriormente el ministro del Interior, John Reimberg, precisó el horario y lanzó una alerta a la ciudadanía. Sin embargo, hasta ahora no se ha publicado el decreto que sustente formalmente la medida.
La Constitución permite restringir la libertad de tránsito únicamente dentro de un estado de excepción debidamente motivado (con causal, temporalidad, territorialidad, medidas y derechos limitados) y con notificación a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional. Sin ese decreto, el anuncio político carece de ejecutoriedad.
El propio Ejecutivo ha calificado esta nueva etapa como una “siguiente fase de combate” contra el crimen organizado, con operaciones conjuntas con aliados (incluido Estados Unidos, según la comunicación oficial), mientras continúan vigentes esquemas de excepción focalizados.
Sin decreto, tampoco hay límites jurisdiccionales claros
El coronel retirado Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgo de la UIDE, advierte sobre el principal vacío: “Si no hay decreto ejecutivo, no existe sustento legal para que las fuerzas del orden actúen.
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Sin decreto, tampoco hay límites jurisdiccionales claros: todo cae en un vacío legal y operacional”. Para Goyes, cuando una política pública restringe derechos, el Ejecutivo no puede especular. “Debe ser firme y actuar dentro de la ley. Generar incertidumbre no es lo adecuado en medio de un conflicto armado interno”.
En la misma línea, la constitucionalista María Galarza subraya que el decreto debe demostrar que la restricción nocturna es idónea y necesaria en esas provincias. De lo contrario, advierte, “la Corte podría recortar o anular la medida, como ya ha ocurrido”. Este criterio se alinea con dictámenes previos que han exigido focalización, motivación temporal y pruebas del riesgo para sostener toques de queda.
A estas dudas jurídicas se suman las inquietudes ciudadanas. Joe Hernández, joven del norte de Guayaquil, describe el clima que deja el anuncio: “Se dice que desde el 15 de marzo todos deben estar en casa a las 23:00 y que quien esté en la calle podría ser detenido. Eso genera miedo e incertidumbre. Parece una guerra interna donde un inocente puede ser confundido con un delincuente. Si pasa, el costo político será mayor”.
Wilson Goyes
También recuerda el impacto del anuncio de apoyo de Estados Unidos: “Muchos comentan que primero se gastó en una consulta popular que el país rechazó en parte y ahora se busca ayuda externa”.
La inquietud no es aislada. Un padre de familia, dueño de un local de autos en Guayaquil, quien prefirió mantener su identidad en reserva, apunta al desgaste de la confianza: “Este toque de queda es un segundo intento de mostrar que el Plan Fénix funciona. La primera vez hubo aplausos y cifras, pero en las calles seguimos viendo robos y extorsión. Yo voté por Noboa, pero estoy perdiendo la confianza. Pequeños arrestos para aplaudir no cambian la sensación de temor al salir”.
Las experiencias previas muestran que incumplir un toque de queda vigente puede encuadrarse en el artículo 282 del COIP (desacato), con penas de uno a tres años. En esos escenarios se han reconocido excepciones (motivos de salud, fuerza pública, gestión de riesgos, logística exportadora, transporte público y actividades aeroportuarias), siempre sujetas a acreditación o salvoconductos.
En términos prácticos, la medida puede ganar tiempo, reducir la exposición ciudadana y facilitar operativos, pero no sustituye la inteligencia criminal, el control portuario ni la articulación fiscal-judicial necesaria para desmantelar redes que operan de manera permanente.
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Joe Hernández
Una emprendedora que pidió el anonimato y vive de cerca la inseguridad lo resume desde su experiencia en Monte Sinaí: “Vivo en un barrio humilde con un alto nivel de peligrosidad y, aunque me duele decirlo del lugar donde crecí, debo advertir al presidente que con toque de queda o sin él, la delincuencia continúa. Las extorsiones no se detienen y los asaltos dentro de las viviendas no respetan decretos. Por eso no creo que restringir la libertad de tránsito sea la solución a un problema que es general y mucho más profundo”.
Su pedido final es directo: “Señor presidente, con el corazón en la mano, en lugar de decretar un toque de queda, busque otra manera de garantizar la seguridad de su pueblo. Revise e investigue a los uniformados que, estando llamados a protegernos, podrían estar incumpliendo la ley. El problema no es prohibir o no transitar por las calles; el problema es seguir creyendo que esa es la solución”.
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