Un mecanismo conveniente. Así perciben empresarios a la figura que usó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), para seleccionar al Consorcio STG como aliado estratégico que implementará un nuevo sistema de recaudo de pasajes de la Metrovía y de los buses convencionales, a través de una tarjeta única, como lo publicó este Diario el lunes 13 de febrero.

Ellos prefieren mantener bajo reserva su identidad y suman sus quejas a los reclamos que sugerían un “direccionamiento” de los requisitos del concurso y falta de tiempo para preparar las ofertas, que se colaron en la fase de preguntas y respuestas del proceso. El 16 de febrero de 2022 se publicaron los pliegos, el 11 de marzo terminó el plazo de la entrega de ofertas y el 12 de abril se adjudicó dicho servicio, sin mayor socialización y difusión oficial. Hasta el lunes se desconocía que Alcolisti S. A., el proveedor de fotorradares de la ATM, es parte del consorcio ganador.

“En alianzas estratégicas se pueden dar este tipo de cosas. Porque a través del Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública), uno pone quejas y el Sercop te responde. Y si ven algo raro, ellos te cierran el proceso”, comenta un empresario.

La figura de alianza estratégica consta en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas, explica Alexandra Sierra, abogada especializada en Contratación Pública y perito de la Función Judicial, y precisa que se la usa cuando entidades públicas necesitan recursos para impulsar un determinado proyecto.

“En temas de alianzas estratégicas no se usan fondos públicos, sino que es una inversión privada. Por eso es que el Sercop no se mete en el tema de las alianzas estratégicas”, indica Sierra. No obstante, ella señala que, eventualmente, la Contraloría ha revisado este tipo de acuerdos entre instituciones públicas y privadas.

En el proceso que impulsó la ATM, sí se contempla una participación de la entidad municipal, de un 25 % de unos 30 millones, según el presupuesto inicial que consta en los pliegos.

En el marco de una alianza de ese tipo, agrega la experta, se debe organizar un concurso, con reglas claras y tiempo suficiente para que se entreguen las ofertas de los interesados y así garantizar una libre y justa competencia.

Otro empresario también extiende su queja frente a la resolución del proceso de adjudicación: “Totalmente hubo discrecionalidad. No había un ente de control. Lo lógico era haber declarado desierto el proceso para llamar a otro y que existan más participantes. Al haber más oferentes se beneficia a la ciudad porque hay mejores ofertas”.

Al proceso de adjudicación también le faltó difusión. Transportistas y usuarios desconocen los detalles del nuevo servicio de recaudo que, según los pliegos, se ejecutará en varias fases. Tampoco se ha hecho público el documento del contrato.

La experta en contratación pública Alexandra Sierra refiere que, salvo excepción, todos los procesos de contratación e incluso las alianzas estratégicas se regirán por los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y publicidad.

“Todas las reglas deben de estar en un reglamento interno. Y ese reglamento debe de estar en los documentos del proceso de selección de aliado estratégico, y en el apartado de transparencia de cada institución, al igual que el contrato”, puntualiza la abogada.

Tras la publicación de EXPRESO sobre las costuras del proceso relacionado con la tarjeta única, el Municipio de Guayaquil ha preferido mantenerse al margen e, incluso, no ha dado respuestas a los requerimientos de entrevistas.

El 10 de febrero pasado, este Diario se comunicó por correo electrónico con la sala de prensa del Cabildo para solicitar una cita, pero no se obtuvo respuesta alguna de las autoridades de la urbe porteña. Asimismo, el 8 de febrero, EXPRESO pidió una entrevista al departamento de prensa de la ATM. Tampoco hubo una contestación.

El lunes anterior y la mañana de este martes 14 de febrero se insistió con esa área. Se indicó que iban a procesar la solicitud, sin una fecha estimada.