Cuando estaba por iniciar su último año de funciones, la  administración de la alcaldesa Cynthia Viteri concretó la negociación que compromete la gestión de un servicio público, por hasta 20 años, a favor de un consorcio de capital nacional y extranjero.

A través de un proceso que impulsó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), con escasa difusión, se adjudicó el 12 de abril del 2022 el nuevo servicio de recaudo de pasajes de la transportación pública, que funcionará con una tarjeta única, que la proveerá un    ‘viejo conocido’ de esa entidad municipal, según los documentos a los que accedió Diario EXPRESO.

“No es un sueño o algo que nos proponemos. No es que se va a lanzar el concurso, no, ya fue. En 2023, la tarjeta empieza a funcionar”, expuso Viteri en Radio Atalaya, el 21 de diciembre en un enlace a casi dos semanas del inicio de la campaña electoral.

“Integrará a la Metrovía, al transporte público. También podrá ser utilizada para pagar Netflix, pagar el celular y otros servicios”, la alcaldesa siguió enlistando los beneficios de la tarjeta, que la mostró como solución a esa preocupación que, según ella, tiene el guayaquileño promedio: cuidar el dinero que carga en los bolsillos.

“Que sea una tarjeta que te sirva para cambiar de buses, para que no tengas que andar con plata en el bolsillo. Tú recargas según el monto que vas a utilizar”, destacó la funcionaria, en los cinco minutos que dedicó a ese tema. Sin embargo, el discurso de Viteri dejó de lado varios datos importantes de la adjudicación.

Según los documentos del proceso, el 16 de febrero de 2022 se publicaron los pliegos del servicio por contratar. La convocatoria atrajo el interés de varias empresas: Idear Electrónica S. A., Mivilsoft S. A., Consorcio Sonda y el Consorcio STG (Ecuador, Colombia y una empresa europea), pero solo este último actor fue calificado para presentar la oferta económica. El resto fue descalificado “por no cumplir con todos los requisitos”.

STG está compuesto por Metrogrupsa S. A., Lenín Hernández y BPC-AG, según los documentos. En el desglose de firmas se reconoce al principal accionista de Metrogrupsa S. A., Alcolisti S. A., el proveedor estrella de la ATM de Guayaquil, de fotorradares, semáforos y otros ítems de tránsito.

En diciembre pasado, Diario EXPRESO publicó la investigación “Alcolisti    S. A., el ‘eterno proveedor’ de fotorradares de la ATM”. En el texto se evidenció la concentración de 35 contratos, por un total de $ 45 millones,  a favor de esa firma, entre 2015 y 2022, en su mayoría sin concursos o pujas. Además se expuso las fallas de esos aparatos que han generado quejas de miles de ciudadanos, y la inconsistencia en la información presentada por el oferente sobre el margen de error de los radares, unos ocho puntos entre lo reportado y el dato del fabricante.

Desde noviembre, este Diario espera una respuesta al pedido de entrevista que realizó a esa compañía. También sigue pendiente la llamada ofrecida por una persona relacionada con Metrogrupsa S. A.

Entre las otras empresas que se interesaron hubo descontento porque  sugerían que el proceso de selección estaba direccionado, según las quejas que se colaron en la fase de preguntas y respuestas.

“El hecho de solicitar experiencia de haber operado una plataforma de al menos tres millones de transacciones diarias reduciría fuertemente el posible número de concursantes, ¿este requerimiento no direcciona el proceso a solo un ofertante?”, se lee en los registros.

Otra de las observaciones se centró en que “la licitación debería permitir un plazo de seis a ocho semanas para preparar las ofertas. Sería prácticamente imposible preparar propuestas serias y se reduciría el posible número de concursantes (en el proceso)”.

EXPRESO pidió una entrevista al área de Prensa de la ATM y del Cabildo, pero no hubo respuesta.

A inicios de febrero, a pocos días de las elecciones, la alcaldesa sumó otro beneficio a la tarjeta única, un seguro médico por $ 5 al año. Se volvió a dejar de lado otros detalles de ese proyecto, como que el proceso para seleccionar al aliado estratégico que implementará la tecnología de lectura de tarjetas en la Metrovía y buses de transportación convencional corresponde a una suerte de concesión de 10 y 20 años, en ese mismo orden.

En otras palabras, el grupo empresarial que ganó la adjudicación tendrá asegurada su participación, por ese tiempo, en una actividad económica que en el 2021 registró 56 millones de pasajeros, solo en la Metrovía. La transportación pública convencional, en cambio, mueve a 1,3 millones de usuarios por día, aproximadamente (es complejo calcular la cifra anual, porque hay unidades que no laboran todos los días), según los registros del proceso de adjudicación y fuentes.

Estos números, que podrían aumentar con una eventual recuperación económica, son importantes, ya que la forma de pago para el aliado estratégico dependerá del valor total de los pasajes pagados y devengados, es decir, los pasajes que se compraron y ocuparon o los centavos de dólar que se cargaron en las tarjetas y que se usaron en la transportación. En los documentos se detalla que el Consorcio STG ofertó el 6,69 %, como porcentaje de participación por su gestión.

Según el proceso, el proyecto tiene un presupuesto referencial de $ 30,9 millones, el 75 % lo invertirá el socio privado y, el resto, la ATM, durante el plazo de ejecución del contrato.

Todos estos detalles también son desconocidos por transportistas locales. Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), asegura que “nunca se ha socializado el tema con el sector transportista”. “Somos los que hemos invertido en los buses”, dice Sarmiento, quien señala un aparente trasfondo.

“¿Con qué fin? Para que funcione con la Metrovía, quebrada. Para que funcione con una Aerovía, quebrada. Para poder subsidiarlas. Los que mueven el 80 % de los usuarios de Guayaquil somos los transportistas convencionales, los 2.500 buses. Queremos orden, sí, pero que no nos manejen las finanzas”, comenta el dirigente y aterriza su cuestionamiento.

“Nos van a quitar más o menos dos centavos por cada pasajero transportado. Multiplique por dos centavitos nomás. ¿Cuánto dinero va a haber? Entonces ese es un negocio redondo”, sentencia el dirigente transportista.

En las calles también hay desconocimiento e inquietudes por parte de ciudadanos. Guillermo Leone, miembro de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), núcleo Guayas, lamenta la falta de socialización del proyecto. “Como un derecho universal, la población debe ser informada. Más del 70% de la población usamos la transportación”, sostiene Leone, quien advierte que este sistema podría restringir el acceso a personas con poco conocimiento o interés de tecnología.

La difusión parcial de esta modalidad de pago, que cambiará    de a poco la dinámica de movilidad de los guayaquileños y de la que aún se desconoce una fecha exacta de ejecución, tiene similar nivel de opacidad que la comunicación oficial previo a la adjudicación de este nuevo servicio.

El documento disponible más reciente corresponde precisamente a la adjudicación y no el contrato, pese a que la alcaldesa Viteri ha reiterado públicamente que “es algo que ya está”.