Sistema carcelario: ¿Qué implican las nuevas obligaciones para reos y custodios?
La nueva ley penitenciaria obliga a presos a cubrir sus gastos. Expertos advierten que responde a la crisis estructural
En medio de la peor crisis carcelaria de su historia reciente (marcada por violencia, hacinamiento y colapso institucional) Ecuador ha dado un giro en su política penitenciaria. El 17 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una reforma que establece que las personas privadas de libertad deberán trabajar para cubrir sus propias necesidades dentro de prisión.
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La normativa también introduce nuevas obligaciones para el personal de seguridad: capacitación permanente, evaluaciones, pruebas de confianza y rotación de cargos. Además, autoriza el uso legítimo de la fuerza dentro de los centros, en el marco de las funciones de los custodios, e incorpora la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria.
Estos mecanismos buscan fortalecer el control, la organización y la supervisión dentro de los centros de privación de libertad. “De hecho, esto ya existe y hay muchas personas privadas de la libertad que trabajan para generar ingresos. Esto debería poder darse, pero en las condiciones actuales del sistema penitenciario no ocurre”, explica Lorena Piedra, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales.
De acuerdo con el texto aprobado, no todos los reclusos se incorporarán automáticamente al sistema laboral. La selección estará sujeta a criterios técnicos como seguridad, salud, aptitudes y el régimen de rehabilitación aplicable.
El espejo internacional
Las experiencias previas en Ecuador y otros países permiten anticipar los tipos de trabajo que podrían desarrollarse: carpintería, metalmecánica y construcción; textiles y confección de uniformes; agricultura y producción de alimentos; servicios internos como cocina, limpieza y mantenimiento; e incluso ‘call centers’ o servicios digitales básicos en modelos más avanzados.
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En algunos centros penitenciarios del país ya existen talleres artesanales o productivos, aunque de forma limitada y sin una política nacional consolidada. En América Latina, los presos pueden recibir entre 1 y 5 dólares diarios, dependiendo del sistema. En países como México o Perú, esos ingresos suelen destinarse parcialmente a la manutención del interno, la reparación a víctimas y el ahorro para la reinserción.
El discurso oficial sostiene que el trabajo penitenciario es una herramienta de reinserción social. La ley, de hecho, menciona el desarrollo de habilidades laborales como un mecanismo para reducir la reincidencia. Sin embargo, expertos en seguridad y sistema penitenciario advierten que la motivación principal podría ser otra.
Para el analista en criminología Luis Paredes, esta política responde más a una lógica fiscal: “El Estado no tiene capacidad para sostener el sistema penitenciario y busca que los propios presos financien su permanencia”. Paredes añade que el trabajo también funciona como un mecanismo de disciplina y control, “especialmente en un contexto en el que las cárceles han sido dominadas por bandas criminales”.
El impulso a que los internos trabajen para costear su estadía evoca el modelo de autosostenibilidad penitenciaria promovido por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, donde se han difundido talleres masivos de confección y obras públicas realizadas por reclusos, con reducción de condena como incentivo y exclusiones para ciertos delitos.
En Estados Unidos, miles de presos trabajan en fábricas, agricultura o servicios, aunque el sistema ha sido cuestionado por pagar salarios extremadamente bajos, en algunos casos de apenas centavos por hora.
Por su parte, en Uruguay y Chile se promueven programas laborales con capacitación real, aunque con cobertura limitada. Uruguay, por ejemplo, registra una de las tasas de encarcelamiento más altas de la región, lo que ejerce presión sobre su sistema penitenciario.
No obstante, Piedra destaca algunos aspectos positivos de la reforma. “El problema que se tenía con los agentes de control penitenciario era que las normas no estaban claras y era imposible sancionarlos, incluso cuando se detectaban faltas. Esto ayudará a mejorar el control disciplinario y a reducir en gran manera posibles actos de corrupción dentro del sistema ”, sostiene.
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