Seis militares en Ecuador en prisión preventiva por ejecución extrajudicial

Un juez de Ecuador ordenó prisión preventiva para seis militares investigados por la muerte de un joven de 19 años durante un operativo de seguridad realizado en la provincia de Santa Elena, confirmó la Fiscalía General del Estado. 

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Los uniformados, detenidos el miércoles 10 de diciembre, fueron procesados por el presunto delito de ejecución extrajudicial y permanecerán recluidos en un centro penitenciario de Quito mientras avanzan las investigaciones.

Según la información presentada en la audiencia, los militares ingresaron a una vivienda del barrio La Península, en Santa Elena, como parte de un operativo antidrogas. Testigos del hecho aseguraron que los uniformados habrían golpeado a las personas que se encontraban dentro del domicilio —incluidos menores de edad— y posteriormente habrían utilizado cables eléctricos para electrocutarlas, lo que habría provocado la muerte de uno de los jóvenes.

Los soldados, en su defensa, sostuvieron que el fallecido habría simulado portar un arma de fuego, lo que motivó una reacción inmediata para neutralizarlo. La víctima, según datos preliminares, padecía problemas cardíacos.

Otros detenidos por la Fiscalía

Paralelamente, la Fiscalía abrió dos investigaciones adicionales: una contra dos adolescentes que fueron aislados durante el operativo, y otra contra tres adultos detenidos en la intervención militar.

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El caso se registra en medio del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024, una medida destinada a intensificar la lucha contra las organizaciones criminales y que ha derivado en sucesivos estados de excepción en varias provincias, entre ellas Santa Elena. En este contexto, las Fuerzas Armadas realizan operaciones complementarias a las de la Policía Nacional.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre un incremento de abusos en el marco de estas acciones. Amnistía Internacional ha señalado que la Fiscalía investiga al menos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023, cuando se inició el primer mandato de Noboa.

Uno de los hechos más graves ocurrió en diciembre de 2024, cuando cuatro menores afrodescendientes fueron detenidos irregularmente por militares y posteriormente hallados calcinados y con impactos de bala. Por ese caso, 17 militares enfrentan un juicio en el que la Fiscalía ha solicitado penas de 34 años y ocho meses de prisión para la mayoría de los procesados.

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