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Las Fuerzas Armadas informaron que lograron el control de la cárcel de Esmeraldas, después del asesinato de 17 reos.Cortesía

Segundo motín carcelario en Ecuador en una semana: Esmeraldas se suma a Machala

El informe de la CIDH resaltaba la crisis penitenciaria permite que líderes de las bandas, ejerzan control y autogobierno

La ola de violencia que azota el sistema penitenciario de Ecuador no cesa. Apenas tres días después de una masacre en la cárcel de Machala, la violencia se replicó con en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas. El resultado: 17 reos asesinados y 16 heridos.

Este nuevo episodio no solo evidencia un patrón criminal, sino que subraya la persistente crisis que, según organismos internacionales, convierte a las prisiones ecuatorianas en centros de tortura y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

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La Policía confirmó que 17 reos fueron asesinados y 16 resultaron heridos, dos de ellos en estado crítico. Los reportes oficiales señalan que Los Tiguerones irrumpieron violentamente para atacar a miembros de Los Lobos y de Los Choneros, replicando con el patrón de violencia que ocurrió tres días antes en la cárcel de Machala. Las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes obtuvieron las llaves de las celdas tras una maniobra con un guía penitenciario, lo que les permitió sembrar el terror en otras áreas del penal. Los cuerpos presentaban heridas de bala, cortes profundos, golpes, quemaduras y algunos estaban decapitados.

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Este enfrentamiento no es un hecho aislado. Se inscribe en una espiral de violencia que, desde 2021, ha cobrado la vida de más de 500 reclusos en masacres carcelarias en Ecuador. El informe "Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en Ecuador" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en 2022, ya advertía de esta crisis. 

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El documento, elaborado tras una visita in loco, concluyó que las personas privadas de libertad en Ecuador viven en condiciones de "crueldad, inhumanidad y degradación" que pueden constituir tortura. La CIDH documentó "condiciones de hacinamiento crítico, falta de acceso a servicios básicos, deficientes condiciones sanitarias y de salubridad, falta de personal de seguridad y de atención integral, y una estructura criminal organizada dentro de los centros penitenciarios".

El informe de la CIDH resaltaba la "ausencia de un control efectivo por parte del Estado" y cómo los privados de libertad, especialmente los líderes de las bandas, ejercen "control y autogobierno". Esta situación facilita la entrada de armas, la planificación de ataques y la perpetuación de masacres. Los hallazgos de armas y granadas en la cárcel de Esmeraldas solo confirman esta grave deficiencia estructural.

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