Cárceles registran 394 fallecidos en Guayaquil en lo que va del año, alerta CDH
El Comité advierte que, por su escala y conocimiento estatal, estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) accedió a información oficial que reporta la muerte de 394 personas privadas de libertad en Guayaquil durante el año 2025, la mayoría por causas relacionadas con la salud. Estos datos coinciden con informes emitidos por jueces de garantías penitenciarias y por la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre vulneraciones sistemáticas a los derechos a la alimentación, la salud y la rehabilitación en los centros de privación de libertad.
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Durante una verificación in situ realizada el 22 de abril en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1 (Penitenciaría del Litoral), el CDH constató condiciones incompatibles con la dignidad humana. Según testimonios recogidos, este patrón se repite en otros centros penitenciarios bajo control militar, como los CPL de Esmeraldas y Cotopaxi, donde se ha negado el acceso a alimentación adecuada, atención médica oportuna, visitas familiares y actividades de rehabilitación.
El CDH atribuye esta situación a la gestión penitenciaria implementada desde marzo de 2024, la cual, lejos de mejorar la seguridad y combatir la corrupción, ha generado un incremento en las muertes anuales, superando incluso las cifras de las masacres carcelarias previas. Además, se señala un aumento de casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, responsables del control de estos centros.
El Comité responsabiliza al presidente Daniel Noboa
En este contexto, el Comité responsabiliza directamente a las autoridades del Sistema de Rehabilitación Social y al presidente Daniel Noboa por sostener un modelo de gestión que ha derivado en muertes evitables y condiciones inhumanas de detención.
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Como medida urgente, el CDH exige la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario, con prioridad en los CPL Guayas N.º 1, Esmeraldas y Cotopaxi. Asimismo, solicita la restitución inmediata de servicios básicos como alimentación, salud, visitas y programas de rehabilitación, bajo control judicial efectivo y auditoría independiente.
Finalmente, el Comité advierte que, por su escala, repetición y conocimiento estatal, estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, continuará activando acciones legales de carácter penal y constitucional para garantizar la justiciabilidad de los derechos de las personas privadas de libertad.
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