Roberto Aguilar | Fito cayó pero nos tiene en jaque

Diez días después de la captura del delincuente más peligroso del país, nada en el Ecuador es lo que parece: de las versiones oficiales sólo queda una montaña de escombros hecha de completas mentiras y verdades a medias. Y al menos tres preguntas urgentes que el gobierno está obligado a responder.

Una mentira difícil de entender.

1. De las muchas cosas que el gobierno le ocultó al país, hay una que hoy se sabe a ciencia cierta: que entre Fito y la Policía hubo acercamientos, diálogos y negociaciones frustradas. Conversaciones telefónicas delicadísimas en las que intermediarios del mafioso pedían garantías y agentes especializados de la Fiscalía trataban de tender un puente para establecer fórmulas de colaboración. Porque si algo tiene el jefe de Los Choneros es información y eso ha de manejarse con pinzas, no es cuestión de entrar a las patadas. Por supuesto, todo era perfectamente legal y protocolario, ajustado a rigurosas técnicas de investigación. Por todo eso, porque era legal, porque era útil, porque era técnico y necesario, no se entiende que los ministros del Interior y Defensa, John Reimberg y Gian Carlo Loffredo, decidieran callárselo y contar una mentira.

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La mentira no duró mucho. Bastó con un reportaje del telediario colombiano Noticias Uno, en el que se incluyó un segmento de audio con la propia voz de Fito hablando de sus negociaciones, para que el ministro Reimberg, puesto en evidencia, saliera a admitir que sí, que había hablado con él. Casi como por casualidad, dio a entender. Como si fuera un detalle insignificante que en nada afectaba a lo fundamental de su versión inicial, a la que siguió aferrándose. Pero como suele ocurrir con los mentirosos cuando se ven obligados a rectificar en parte sus mentiras para acomodarlas a nuevas evidencias, no pudo evitar contradecirse.

“Por parte de la Policía Nacional llega un pedido en el cual me dicen que (Fito) quiere tomar contacto”, contó el ministro Reimberg en el programa que eligió para hacer su revelación con el máximo control de daños posible: ‘Un café con JJ’, del siempre complaciente Jimmy Jairala. 

Lo dijo como si el asunto no tuviera nada que ver con él, como si no fuera el ministro a cuyo cargo se encuentra la Policía, como si estuviera contando que alguien se le acercó en la calle y le pasó un teléfono. Lo que acababa de hacer, sin embargo, aunque no se dio ni cuenta (y su entrevistador tampoco), fue confirmar que la Policía, en efecto, estaba en contacto con Fito. Lo cual echaba abajo toda la historia de aventuras que se había inventado con Gian Carlo Loffredo la semana anterior. La pregunta, otra vez, es por qué mintió. Si esos contactos eran legales, eran protocolarios, eran técnicos y eran útiles, ¿por qué los ocultó luego de que cumplieron su objetivo: capturar a Fito?

Salvo que no hubieran sido legales, ni protocolarios, ni técnicos ni útiles. Pudiera ser que, detrás de esos contactos se escondieran motivos inconfesables. O pudiera ser también que esos contactos, llevados a cabo por la Fiscalía, hubieran estado bien encaminados hasta que el gobierno los arruinó, entrando a las patadas, deshaciendo las fórmulas de colaboración que pudieron haberse acordado y echando a perder una fuente invalorable de información por la torpeza de considerar a Fito exclusivamente como objetivo militar y la urgencia de promocionar las recién aprobadas leyes de Solidaridad e Inteligencia.

Las cárceles a la deriva

2. “En estos momentos las cárceles están bajo control”, había dicho el presidente Daniel Noboa al periodista Fernando del Rincón, que lo entrevistó para CNN pocas horas después de la captura de Fito. Sin embargo, todo lo relacionado con este caso parece desmentirlo.

Para empezar, está una de las demandas del líder de Los Choneros a las autoridades, que tenía que ver con la protección de sus familiares detenidos a principios de junio, en la operación Blanqueo Fito. Esa demanda supone una situación carcelaria muy distinta a la que proclama el presidente de la República. 

En efecto, Fito temía que sus familiares detenidos (su hermano, un excuñado, su pareja y el padre y los hermanos de ella) sufrieran retaliaciones de sus enemigos en prisión. Pedía que se los internara en la Penitenciaría del Litoral y que, por sobre todas las cosas, no los llevaran a La Roca. Parece, por el contexto de esas conversaciones entre el mafioso y los agentes de la Policía, que en ese círculo todo el mundo da por sobreentendido que La Roca se encuentra en manos de Los Lobos (ahí están detenidos Colón Pico y Carlos Angulo, alias el Invisible, dos líderes de esa banda), enemigos jurados de Los Choneros. Y que éstos, en cambio, comparten el control de la Penitenciaría del Litoral con Las Águilas, cuyo capo Rolando Gómez Quinde, alias Fede, se escapó de ahí el pasado 20 de junio. Todo lo cual vuelve perfectamente comprensible el pedido de Fito y sus expectativas sobre la cárcel de destino de sus familiares.

Porque no, las cárceles no están bajo control, como afirmaba el presidente en CNN. “Hay presencia militar fuerte”, añadía, pero esa presencia militar no pudo evitar la fuga de Fede, ni puede garantizar el aislamiento de los presos, ni parece disponer de una inteligencia penitenciaria eficiente, capaz de descubrir, por ejemplo, las caletas donde alias Fede guardaba el millón y medio de dólares que pagó a sus cómplices, como se ha determinado después de su fuga. O bloquear el ingreso de objetos prohibidos, desde armas hasta teléfonos celulares, como los que se les incautó a Daniel Salcedo y alias Invisible en abril pasado, en La Roca.

Ahora, el ingreso de Fito a esa misma cárcel ha disparado una ola de rumores sobre la posibilidad de disturbios, según recogió el viernes este Diario. La pregunta que se desprende es obvia: ¿está el Estado ecuatoriano preparado para mantener preso a Fito hasta que Estados Unidos acelere el trámite de su extradición?

Infiltrados aquí y allá.

3. La presencia militar en las cárceles no sólo que no logró evitar la fuga de alias Fede, líder de Las Águilas, de la Penitenciaría del Litoral, sino que hasta parece haberla propiciado. Se recordará que Fede se fugó, vistiendo uniforme militar, cuando un grupo de militares encapuchados ejecutaba una requisa, procedimiento durante el cual controlaban todas las llaves y todos los accesos, según un informe del SNAI. 19 de esos militares, junto con dos funcionarios del SNAI y un reo fueron acusados de complicidad en la evasión y se les dictó prisión preventiva.

Si militares facilitaron la fuga de Fede, ¿no pudieron haber colaborado con Fito mientras estuvo prófugo? La respuesta deja sin aliento y se encuentra en el audio de 17 minutos y medio que diario La Hora tiene en su poder y ha dado a conocer parcialmente. En ese audio Fito habla de su situación, de sus intentos de negociar con el gobierno, de su temor a la extradición… Y suelta esta perla: “Hablando con una gente que son militares, todos ellos me dicen a mí: hermano, no te entregues porque te quieren acorralar. Si te entregas, te van a meter a un hueco, van a hacer lo posible para que te manden a Estados Unidos. Eso es lo que se habla acá dentro de los cuarteles”. Fito describe, con un interlocutor de su confianza con el que evidentemente se siente cómodo y se sincera, una relación de franca complicidad.

La pregunta es por qué el gobierno se comporta, para todos los efectos, como si la única institución infiltrada por el crimen en este país fuera la justicia. El ministro John Reimberg redobla su campaña mediática en contra de los jueces corruptos y hasta se reúne con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, prorrogado en sus funciones al infinito gracias a que Carondelet mantiene bloqueado el proceso de renovación de ese organismo. 

Se reúne Reimberg con Godoy y el resultado es una serie de procesos sancionatorios contra funcionarios judiciales. Lo cual puede estar muy bien, pero ¿por qué no se ha visto algo remotamente parecido en el caso de los militares? ¿No están ellos igual o más infiltrados que los jueces? Para los jueces: una reforma que crea la figura de la emergencia de la función judicial, que permitirá nombrarlos a dedo, sin concurso, y destituirlos con un simple informe, de manera “expedita”. Para los militares: una nueva ley (la de Solidaridad) que crea un espacio extrajudicial en el que pueden cometer excesos con total impunidad en el marco del conflicto armado interno, sin tener que ir a prisión y hasta con la posibilidad de ser indultados antes de ser juzgados. Un sesgo preocupante que el gobierno aplica con total naturalidad y parece no importar a nadie.

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