Un remedio que no garantiza cura. La aplicación de la muerte cruzada, según dijo el presidente Guillermo Lasso en su informe a la nación, pretendió “cerrar un capítulo de abuso de poder” de la Asamblea.

Sin embargo, la aparente paz que trajo esta decisión, según el jurista y analista de temas electorales Daniel González, es una breve pausa a una pugna de poderes que podría retomarse con el nuevo presidente de la República y la nueva Legislatura a elegir en agosto próximo.

“La Asamblea será una muy similar a la disuelta, incluso más fraccionada, porque los asambleístas serán electos bajo el método de Webster”, dice y explica que este cálculo de asignación de escaños favorece a los partidos con ínfima votación.

Este panorama, según él, hace que existan células de asambleístas fácilmente cotizables y que configurarían las mayorías móviles. “Ellos y los independientes son los que inclinan la balanza de acuerdo con sus intereses. Es inestabilidad para cualquier primer mandatario”, agrega González.

En ese sentido, el consultor político Camilo Severino destaca que, además del fraccionamiento parlamentario, el nuevo gobierno tendrá otro desafío que afrontar: “Encontraremos una Asamblea pensando en las elecciones de 2025”. Este escenario, según dice, vuelve más complejo el panorama para ambos.

“Dependerá de si el próximo presidente tendrá una política de imposición o de apertura, pero es muy probable que todo sea calculando en las próximas elecciones”. Desde su punto de vista, son pugnas que se podrían resolver con el fortalecimiento del sistema de partidos y una reconfiguración en las prácticas de cómo hacer política.

Por ello, González considera que la elección de las nuevas autoridades será clave para ambas funciones del Estado. “Un presidente del oficialismo (sea reelecto Lasso u otro miembro de CREO) no garantiza estabilidad, peor aún cuando puede que el correísmo obtenga el mismo o mayor número de legisladores”. Indica que la Revolución Ciudadana no sería el único partido con cambios.

“En el caso del movimiento Pachakutik e Izquierda Democrática (ID), a lo mejor no obtienen la misma representatividad que lograron en las elecciones de 2021 porque sus candidatos a presidente no participarán (Yaku Pérez no correrá por Pachakutik, mientras que Xavier Hervas se desafilió de la ID)”, manifiesta el analista González.

Asimismo, además de la volatilidad de los independientes, González señala lo peligroso que sería que en la nueva legislatura haya más casos de deserciones de las bancadas de las organizaciones políticas, como sucedió con el Partido Social Cristiano, que perdió seis asambleístas a lo largo de los dos años.

“Si la gente tendrá que votar por partidos, las organizaciones políticas deberían ser orgánicas y sus votos de igual manera”, argumenta y hace hincapié en que en esta etapa de preparación a la elección anticipada se deberían filtrar aquellos perfiles no acordes a la línea partidista. No obstante, reconoce que esto es un desafío para los partidos, por la rapidez del proceso.

Por su parte, Severino, aunque reconoce que la discusión entre las funciones del Estado debería ser normal en un régimen democrático, dice que es muy probable que por los aspectos antes descritos se repitan los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, los cuales se usan como excusa para que las entidades no afronten los problemas del país.

“Aun así, el Ecuador políticamente es inmaduro, no ha mostrado la capacidad de tener un proyecto como país”, continúa y destaca que la mejor salida que puede tener el presidente que sea electo para terminar el periodo es que logre una mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, como analizó González, el método de asignación de escaños y la probable dispersión de los candidatos harían que se dificulte lograr esa mayoría.

“Es muy probable que estos escenarios vuelvan a pasar si no hay una política de verdaderos diálogos y no se utilice el poder como una herramienta de persecución”, sostiene Severino, quien plantea que el inicio de la solución de estas pugnas está en el fortalecimiento del sistema de partidos y el cumplimiento de las organizaciones políticas de filtrar a sus candidatos.