
Reformas electorales: Las minorías se enfrentan a la amenaza de su extinción
Dos reformas impulsadas por ADN y RC ponen en jaque a partidos minoritarios. Estocada final podría ser reforma constitucional
El gobierno de Daniel Noboa y su bancada en la Asamblea impulsaron en seguidilla reformas electorales que, en la práctica, allanan el camino para que las grandes organizaciones políticas coopten la representación política.
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Los cambios clave
Las reformas se concentran en tres puntos clave. Dos de ellos se relacionan con modificaciones al Código de la Democracia y una tercera a la Constitución. La primera es el cambio en el método de asignación de escaños, de Webster a D’Hondt. La segunda tiene que ver con la eliminación del registro electoral a los movimientos que, tras una elección pluripersonal, no alcancen el 5 % de votos.
Sobre D’Hondt, el exvocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto, señala que la intención detrás del cambio es reducir al mínimo el número de partidos. Advierte que D’Hondt favorece a las mayorías en circunscripciones con un alto número de votantes y de autoridades a elegir, como en los comicios para asambleístas.
Este cambio se enlaza con la segunda reforma. En el veto parcial enviado por Noboa a la Asamblea, se planteó una modificación relevante.
El Código de la Democracia contempla la posibilidad de alianzas entre organizaciones políticas. Pero antes, esto permitía que, al acceder a cargos, el porcentaje de votación se reparta según la voluntad de los integrantes de la alianza.
Sin embargo, Noboa propuso en su objeción que “se tomará la totalidad de dignidades electas o el porcentaje de votación obtenida por la alianza, para ser dividida en partes iguales para las organizaciones participantes”.
Es decir, cuanto mayor sea el número de integrantes de una alianza, menor será el porcentaje que le corresponderá a cada uno. Esto podría incidir en que partidos y movimientos cumplan con el requisito del 5 %.
A esto se suma una tercera modificación. Está listo para segundo debate el informe sobre la reforma constitucional a los artículos 110 y 115 de la Constitución, que regulan el financiamiento público a las organizaciones políticas. La propuesta busca eliminar el fondo partidario y el fondo de promoción electoral que entrega el Estado.
Esta propuesta, en medio de la crisis de representatividad de los partidos, podría tener respaldo ciudadano. El analista político Daniel Crespo explica que el propósito del financiamiento público era garantizar la participación de quienes no podrían hacerlo de otro modo. No obstante, reconoce deficiencias: “Se habla de partidos de alquiler o de la facilidad para tener gran cantidad de movimientos”.
A su criterio, “la respuesta que se está dando desde el Estado está más orientada hacia la galería, en el sentido de demostrar mano dura y de combate al viejo Ecuador, que es luna de las retóricas del Gobierno”.
¿Qué dicen los partidos?
Los partidos y movimientos enfrentarán su primer gran reto en las seccionales de 2027.
Las organizaciones minoritarias se preparan para esa contienda, sobre todo ante la amenaza de desaparecer del registro electoral. Un dato relevante: el Consejo Nacional Electoral (CNE) registra 233 partidos y movimientos. La mayoría son de carácter provincial y cantonal (ver gráfico).
Javier Orti, director del movimiento Avanza, critica las reformas impulsadas por el Gobierno y la Asamblea. Afirma que las tres medidas son apenas un parche: “Todos somos conscientes de que existe un sistema de partidos políticos, pero la estrategia era al revés. La idea era fortalecer la presencia de las organizaciones políticas”. Reconoce que el exceso de partidos locales es un problema, pero insiste en que los de carácter nacional son apenas 17.
Avanza ya trabaja en una especie de reinvención. Antes de las seccionales, el movimiento apunta a reforzar sus estructuras: buscará líderes locales y conformará listas en todos los cantones para alcanzar el mínimo necesario de votación y conservar su personería jurídica.
Por su parte, Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, sostiene que la eliminación del financiamiento público busca favorecer a los “partidos de banqueros y grandes empresarios”. Adelanta que, más allá de la reorganización del movimiento, seguirán activos en defensa de los derechos y en la construcción de alternativas electorales. También anticipa una participación activa en el eventual referéndum sobre la eliminación del financiamiento estatal.

EXPRESO contactó a Juan Fernando Flores, exasambleísta y primer vocal del movimiento CREO. Este respondió que esperará a conocer el texto final de la reforma constitucional para definir una postura.
CREO ya se había pronunciado sobre la reforma que implementa el método D’Hondt. El 20 de junio de 2025 calificó ese sistema como inconstitucional y acusó a ADN y al correísmo de “querer repartirse el país”. El movimiento del expresidente Guillermo Lasso no logró ningún asambleísta en las elecciones de febrero de 2025. Ahora busca renovar sus directivas. A mediados de agosto celebrarán elecciones internas con el objetivo de fortalecerse.
Dos visiones sobre el tema
Para la consultora política Grace Jiménez, las reformas -especialmente el cambio al método D’Hondt- tendrán como consecuencia la concentración del poder político. “Las fuerzas grandes, como Revolución Ciudadana y ADN, se ven directamente favorecidas”, afirma.
También dice que podría darse una disminución del pluralismo, lo que desincentivaría la participación política de las minorías. A su juicio, esto empobrece el debate parlamentario y debilita las agendas alternativas.
La también consultora política Dayana León ahonda en la idea de que los partidos enfrentan una crisis de credibilidad. Eso implica que no tengan elementos para justificar los recursos que emplean. “Al final de cuentas, no sabemos si ese financiamiento público está destinado a formar a nuevos líderes o fortalecer su estructura partidaria”, menciona León.
Las próximas elecciones será apenas un termómetro del alcance de las reformas. Su efecto, como señala Verdesosto, podría verse en dignidades como alcaldes y prefectos. Sin embargo, el exvocal del CNE dice que lo que debe cambiar es la posibilidad de crear movimientos de ámbito solo local.
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