Un paso, pero no la solución, en la lucha contra la inseguridad. La Asamblea Nacional aprobó el 21 de diciembre de 2023 la reforma parcial a la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas den apoyo complementario a la Policía Nacional en delitos determinados.

La propuesta fue elaborada en su totalidad por la Comisión Ocasional de Enmiendas, del Legislativo disuelto, que modificó gran parte de lo que envió, en su momento, el entonces presidente Guillermo Lasso. El pleno votó con base en ese documento que estaba en vilo desde mayo pasado.

Pese a ello, los legisladores dieron ayer sus argumentos de apoyo por varias horas: 27 intervinieron en total y fue aprobada con más de 100 votos, entre los que se incluyó a los integrantes del acuerdo legislativo, los opositores e independientes.

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La reforma señala que para activar el apoyo complementario y subsidiario de los militares, el presidente de la República, previa solicitud del comandante general de Policía, convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), para elaborar un informe que motive y justifique la pertinencia, casos y el ámbito de actuación.

Con ese informe, el Ejecutivo suscribirá un decreto disponiendo el apoyo con “sujeción a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a los estándares internacionales de derechos humanos de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación”, señala el texto.

Son seis los escenarios en los que las Fuerzas Armadas podrán ser convocadas a dar apoyo: delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada. Además, cuando exista grave conmoción interna en el sistema penitenciario.

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, considera que no hacía falta este cambio constitucional para poder ejecutar la cooperación entre militares y policías en torno a la seguridad. Sin embargo, reconoce que la reforma abre la puerta a la creación de leyes complementarias, porque, por sí sola, esta puede convertirse en “letra muerta”.

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“Por otro lado, acciones como estas resultan inconexas si no existe como país una doctrina, que hubo y la quitaron. Porque cada quien ahora tiene una visión de lo que es la seguridad ciudadana. Se necesita disciplina y que policías y militares se preparen juntos. No es cosa de sacarles a las calles si no existe un mínimo de coordinación”, señaló Moncayo.

La reforma agrega que la intervención complementaria y excepcional de las Fuerzas Armadas, se podrá realizar por un término máximo de ciento ochenta días con una renovación por el término máximo de treinta días, en caso de que las causas que motivaron la emisión del decreto persistan.

El excomandante de la Policía, Ramiro Mantilla, también destaca que el cambio constitucional mejora ciertos procedimientos para lograr esta complementariedad en casos extremos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, dice que los legisladores cometieron un error al determinar los tiempos en los que podrán actuar los militares. “Son muy cortos, porque estamos hablando que para intervenir en los micrositios en los que se concentra el delito o en las que las organizaciones delictivas tiene tomados barrios completos, se necesita una intervención no menor a un año para que se pueda garantizar zonas de paz”, señaló el oficial en servicio pasivo.

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Recién ahí podrían empezar a trabajar entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud, de Educación, entre otros, para que la intervención sea integral y tratar que estos sectores no vuelvan a caer en manos de la delincuencia organizada.

Pero que entre en vigencia o no la reforma no solo está en manos de la Asamblea. Una vez aprobada se abre un plazo de 45 días para que los ciudadanos digan si están de acuerdo o no en un referéndum que debería desarrollarse los primeros días de febrero de 2024.

Esto preocupa a legisladores como Lucía Posso, de Avanza, quien cuestionó si había existido un mínimo de coordinación con el Ejecutivo que, en cambio, habla de desarrollar una consulta popular con otros temas de seguridad, entre otros, para marzo, lo que podría significar que el país vaya a las urnas dos veces seguidas en algo más de un mes.

“No podemos decir que nos demoramos 50 o 60 días para empatar con la consulta: la Constitución dice 45 días siguientes y es mandatorio”, señaló la asambleísta por Imbabura.

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