Hospital del IESS
Fachada del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil.FRANCISCO FLORES

Red de proveedores de insumos médicos del IESS, en la mira de Estados Unidos

El FBI y HSI siguen el rastro de proveedores del IESS denunciados por corrupción Compraron lujosos bienes en Miami

Una red empresarial que durante años fue investigada por la Fiscalía de Ecuador, medios de comunicación y la Comisión Nacional Anticorrupción, ahora está en la mira de las autoridades de Estados Unidos.

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Después del allanamiento a la casa de Xavier Jordán, llamado a juicio por la venta de insumos médicos con sobreprecio y por el caso Metástasis, e investigado por el asesinato de Fernando Villavicencio, nuevos detalles revelan las pistas que siguen el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

EXPRESO conoció que las agencias estadounidenses recopilan información sobre contratos del IESS, en los que resultaron adjudicadas empresas ecuatorianas mencionadas antes en denuncias de corrupción y cuyos fondos se usaron para comprar propiedades en el país norteamericano.

Los nombres que interesan a las agencias estadounidenses

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Entre las personas de interés para Estados Unidos están Erika Mónica Zoldan Marcovich, Sorin Horea Chirculescu, Cristhian Javier Arvains Rodríguez, Mario Paredes Álava, entre otros.

Zoldan fue identificada en 2020 como beneficiaria de una red de empresas registradas en Miami (EE. UU.) y Barcelona (España). Entre esas compañías constan Asociación Zoldan Corp, Celedine LLC, Z&U Med LLC, A&U Med LLC y Maximum Level LLC. Bajo esos nombres se inscribieron propiedades de alto valor que ahora son revisadas por las autoridades federales para determinar si el origen de los fondos fue lícito.

Una de las propiedades está ubicada en el edificio Maison Condo, en North Miami Beach. Se trata de un departamento de 119 metros cuadrados valorado en 525.000 dólares, que estuvo a nombre de Celedine LLC hasta 2022, según el Registro de Propiedades de Miami.

La denuncia gubernamental

En 2020, la entonces ministra de Gobierno María Paula Romo denunció a Zoldan por irregularidades en contratos adjudicados por más de 119 millones de dólares a favor de Zoldan Corporeishon, considerada una pieza clave dentro de un esquema de corrupción en la venta de insumos médicos. Pese a los procesos judiciales en Ecuador, los casos no avanzaron.

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Otro nombre vinculado a la misma red es el de Sorin Horea Chirculescu, quien acumuló varias denuncias. La Comisión Nacional Anticorrupción lo señaló en 2019 y 2020 por contratos obtenidos a través de subastas del IESS para proveer insumos médicos. Según la Comisión, los contratos alcanzaron los 6,5 millones de dólares, pero las investigaciones no prosperaron.

En la lista de personas bajo investigación también constan los esposos José Marazita Espinar y Carolina Suástegui. Ella representó al Consorcio CS Medical Z&U Med y mantuvo vínculos con las compañías Loupit o Garbo Corp, Medicalplus, Palafren y Peanfra. Todos esos nombres aparecen en la información solicitada por Estados Unidos a las autoridades ecuatorianas.

Marazita fue denunciado en 2020 por los contratos que recibió del IESS. En 2024, dentro del caso Lavado JR, la Fiscalía reveló que la empresa de su hijo en Estados Unidos, Gli Amici Group, era representada por el venezolano José Luis González Socas, quien a su vez fue accionista de Exagrocent S. A., compañía ecuatoriana vinculada a la red de lavado de activos del narcotraficante Junior Roldán, quien fue asesinado en 2023.

Denuncias por $240 millones

Desde junio de 2019 hasta abril de 2025, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó seis denuncias ante la Fiscalía, el IESS y el Ministerio de Salud. Todas fueron documentadas con los números de los procesos de contratación, incluidos casos de subastas inversas en las que participaron empresas relacionadas entre sí, con competencia limitada y sin ahorros.

Las denuncias señalan a 174 proveedores de insumos médicos que obtuvieron contratos por $240 millones. Pese a los indicios de irregularidades, las autoridades no han sancionado y esas compañías continúan vendiendo al sistema público.

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