UNE presenta demanda de inconstitucionalidad contra ley de los GAD en la Corte

La Unión Nacional de Educadores (UNE), junto a organizaciones sociales de Quito y el Frente Popular, presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra la denominada ley GADS. El anuncio lo hizo Andrés Quishpe, presidente del gremio, al cuestionar el carácter urgente con el que fue tramitada la norma. La demanda fue planteada ante la Corte Constitucional.

Según Quishpe, la reforma impulsada por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo tendría un enfoque punitivo hacia los gobiernos autónomos descentralizados. A su criterio, la norma no sanciona directamente la corrupción, sino que traslada las consecuencias a la ciudadanía. “En la práctica, quién va a pagar los platos rotos por esta ley es la gente y serán los pueblos, la gente pobre”, afirmó.

El dirigente reconoció que existen casos de despilfarro y corrupción en algunos municipios. Sin embargo, sostuvo que la respuesta legislativa no diferencia responsabilidades individuales. “Lo que ha hecho la Asamblea Nacional y el Ejecutivo es armar un proyecto de ley punitivo”, señaló.

Ley de los GAD y recorte a programas sociales en Quito

Quishpe explicó que el proyecto suprime rubros presupuestarios vinculados a programas sociales. Mencionó específicamente las partidas 71 y 78, que financian capacitación y proyectos comunitarios. Según dijo, esos recursos ya no constan en el esquema planteado.

Añadió que los municipios deberán alcanzar hasta el 30% en determinados parámetros para acceder a financiamiento. Esto, aseguró, limita la ejecución de iniciativas sociales locales. “Se van a suprimir algunos rubros, por favor. Que se van a suprimir algunos rubros”, insistió.

En el caso de Quito, advirtió que están en riesgo programas dirigidos a adultos mayores y centros de desarrollo infantil. “La educación inicial está sumamente amenazada porque se está eliminando el pago para los profesores”, declaró.

Educación inicial y prevención de violencias, en riesgo

El presidente de la UNE vinculó el posible recorte con políticas de prevención social. Recordó que desde la Vicepresidencia se promueven programas para evitar el reclutamiento de niños y niñas por el narcotráfico. A su juicio, reducir fondos sociales contradice ese objetivo.

“Cuando se está eliminando el financiamiento a programas sociales, se va a dejar de lado precisamente todo lo que significa prevención de violencias”, sostuvo. Mencionó casas de acogida, escuelas de fútbol y otras iniciativas comunitarias.

También cuestionó que la ley no incluya prohibiciones específicas sobre gastos considerados innecesarios. “En ninguna parte de la ley o la reforma Cootad hay un articulado que señale que está prohibido a las farras o de la entrega de muñecos del presidente, como lo hizo una prefecta de lo cual no se dice nada”, afirmó.

¿Recorte para pagar deuda externa?

Quishpe aseguró que el trasfondo sería fiscal. Indicó que inicialmente se proyectaron más de 3.600 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, advirtió que ahora se busca reducir alrededor de 1.000 millones.

“Lo único que está establecido en la ley es el puente para recortar aproximadamente 1000 millones de dólares que va a ser destinado para el pago de la deuda externa”, manifestó. Cuestionó además la declaratoria de urgencia económica. “¿Cuál es la emergencia?”, preguntó.

El dirigente señaló que el país atraviesa un estado de excepción, pero insistió en que los recursos no se destinarían a infraestructura. “Un gobierno que no hace obras resulta que le pide a los gobiernos locales que hagan obras”, expresó.

Acción en la Corte y defensa de recursos públicos

La UNE afirmó que la demanda no busca proteger a autoridades locales cuestionadas. “No estamos defendiendo los recursos de ningún alcalde o prefecto o prefecta que despilfarra”, dijo Quishpe. Señaló que la Constitución establece que los recursos pertenecen a los ecuatorianos.

Explicó que los municipios se financian con recursos permanentes, como impuestos y tasas, y no permanentes, como el petróleo. “Eso es lo que estamos haciendo, defender el dinero de los ecuatorianos que tiene que ser transformado en programas sociales”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que revise la norma. “El Ecuador es un estado de derecho, pero ese estado de derecho va de la mano de la política fiscal”, concluyó, al advertir que sin financiamiento estarían en riesgo derechos de niños, adultos mayores y mujeres en contextos de violencia.

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