UNE convoca nuevas movilizaciones: ¿Cuándo serán y por qué anuncian protestas?

La crisis educativa volvió al centro del debate público tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), realizada en Quito. El encuentro puso sobre la mesa reclamos acumulados sobre presupuesto, seguridad docente y políticas públicas que, según el gremio, no han sido atendidas por el Gobierno.

Desde el inicio, la UNE marcó distancia de un discurso institucional y apeló a una lectura social del momento político. La organización saludó a colectivos ciudadanos, familias y movimientos sociales que participaron en la última consulta popular, a la que atribuyen un mensaje de rechazo a las decisiones económicas del Ejecutivo y a organismos internacionales como el FMI.

UNE anuncia movilizaciones tras victoria del No en la consulta popular

El gremio docente fue más allá y vinculó el resultado electoral con una convocatoria a las calles. “Saludamos al pueblo que votó NO en la Consulta Popular 2025 que derrotó al Gobierno de Noboa”, señala el pronunciamiento, en el que también se llama a movilizarse el 29 de enero del 2026 en defensa del presupuesto destinado a educación y salud.

En ese escenario, el Comité Ejecutivo resolvió convocar a una jornada nacional de movilización. La protesta se desarrollará junto a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y otras organizaciones del sector educativo.

El objetivo central de la movilización es exigir presupuesto suficiente para el sistema educativo y que se declare la emergencia en el sector. La UNE sostiene que la falta de recursos compromete tanto la calidad de la enseñanza como la seguridad de docentes y estudiantes.

Movilización nacional y reclamos por presupuesto educativo

Uno de los puntos más críticos expuestos por la UNE es la ausencia de asignaciones económicas para 2026. Según el gremio, el Gobierno no destinó recursos para procesos clave como el escalafón docente, la equiparación salarial ni la evaluación de desempeño.

Tampoco existirían fondos suficientes para atender de forma integral la infraestructura escolar. La UNE advierte que esta omisión agrava las brechas entre zonas urbanas y rurales, y limita el derecho a una educación digna en todo el país.

A este panorama se suma una demanda de carácter macroeconómico. La organización invitó a los sectores populares a unirse para exigir una moratoria de la deuda externa y redirigir esos recursos hacia áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y empleo.

Desde la UNE se plantea que el pago de la deuda limita la capacidad del Estado para responder a la crisis social. Por ello, insisten en que la inversión pública debe enfocarse en garantizar derechos básicos y reactivar la economía de las familias ecuatorianas.

Reformas educativas y alerta por violencia contra docentes

En el plano normativo, la UNE anunció su intención de impulsar reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI) en 2026. Las propuestas apuntan a reducir la burocracia, enfrentar la corrupción y garantizar estabilidad laboral para docentes con más de tres años de servicio.

El gremio también plantea avanzar hacia un nuevo modelo educativo que priorice espacios seguros y una educación basada en derechos. Para la UNE, estos cambios son urgentes ante el deterioro del sistema y la falta de respuestas estructurales.

Uno de los momentos más duros del pronunciamiento estuvo marcado por las cifras de violencia. Durante 2025, cinco profesores fueron asesinados tras procesos de extorsión o secuestro; otros 11 fueron brutalmente agredidos y cientos enfrentaron intimidación y violencia psicológica y física.

Ante este escenario, la UNE reiteró su pedido para que la docencia sea declarada profesión de alto riesgo en zonas de mayor conflicto. Además, propuso un plan nacional de seguridad que cubra los 200 días del año lectivo y un programa de reinserción escolar.

Empleo público, salarios congelados y advertencia de protesta social

En una reunión con el ministro del Trabajo, Harold Burbano, el pasado 9 de diciembre, se informó que el Gobierno no insistirá en el trabajo por horas ni en despidos de servidores públicos con contrato o nombramiento provisional. Sin embargo, la UNE advirtió que se mantendrá vigilante.

“De insistir en su política neoliberal, lo único que provocará es la reactivación de la lucha social”, señala el comunicado. La organización sostiene que cualquier retroceso en derechos laborales generará nuevas protestas.

Finalmente, la UNE vinculó la crisis educativa con la pérdida del poder adquisitivo de las familias. El gremio demandó un alza general de sueldos y salarios, congelados (según denuncian) por más de una década en los sectores público y privado.

El Comité Ejecutivo también se declaró en asamblea permanente para defender la seguridad social, rechazar la mora patronal y oponerse a cualquier intento de privatización del IESS, cerrando así un pronunciamiento que anticipa un nuevo ciclo de conflictividad social.

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