Presupuesto universitario 2026, ¿recorte o aumento? Gobierno y RC chocan por cifras

El debate por el financiamiento a las universidades públicas escaló tras la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2026. Mientras el Gobierno sostiene que no existe ningún recorte, voces de la Revolución Ciudadana y organizaciones sociales denuncian una disminución drástica que afectaría a múltiples centros de educación superior. El cruce de cifras, comparaciones y lecturas técnicas colocó al sector nuevamente en el centro de la disputa política nacional.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura aseguró que “circula información falsa sobre una supuesta reducción al presupuesto universitario”. Según la cartera, la asignación global para 2026 “crece en 58,7 millones de dólares”, equivalente a un incremento del 4,19% frente a la Proforma de 2025.

Disputa por la comparación presupuestaria

La entidad explicó que quienes hablan de recorte estarían comparando de forma incorrecta la Proforma 2026 con el presupuesto en ejecución del año anterior. “La afirmación de una reducción es técnicamente incorrecta y se basa en un error conceptual”, enfatizó el Ministerio, que insiste en que el análisis debe hacerse entre Proformas y no entre Proforma y ejecución.

El Ministerio detalló que la ejecución de cada año incluye saldos no devengados, es decir, recursos no gastados por las universidades que, por ley, se reincorporan automáticamente. “Estos saldos no son nuevas asignaciones y no aparecen en la Proforma inicial”, recordó la institución al citar el artículo 20 de la LOES.

Las acusaciones de la Revolución Ciudadana

Desde la otra orilla, el asambleísta Héctor Rodríguez (RC) lanzó una crítica frontal al Gobierno de Daniel Noboa. En una intervención sin matices, afirmó: “Daniel Noboa es el verdugo de la educación”, al denunciar un recorte de 129 millones de dólares a instituciones como Ikiam, Cuenca, ESPE y Amawtay Wasi.

Rodríguez calificó el ajuste como “un tijeretazo neoliberal que huele a favor de las élites privadas mientras asfixias lo público”. También sostuvo que con esos recursos se podrían financiar becas para miles de jóvenes y acusó al Ejecutivo de privilegiar “tanques y balas sobre libros y sueños”.

El caso Mayta Wasi y el impacto en la Amazonía

La asambleísta Ana Belén Yela (RC) añadió un matiz territorial al denunciar un “cierre técnico” de la Universidad Mayta Wasi. Según explicó, la institución quedó limitada tras haber sido incorporada de manera anticipada al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) , lo que bloqueó partidas de inversión y dejó únicamente recursos para pagar nómina.

Yela afirmó que, pese a que en septiembre se entregaron más de 5 millones adicionales, la imposibilidad de ejecutar esos montos habría sido usada para justificar una reducción del 68%. “Con esto han cerrado la universidad. Dos mil estudiantes de la Amazonía se quedan sin universidad”, advirtió durante su intervención.

UNE denuncia recorte y prioridad a deuda externa

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), advirtió que el recorte aprobado afecta directamente a 19 universidades públicas. Señaló que la Universidad Central pierde $15 millones, la ESPE  $19 millones y Amawtay Wasi ve reducido su presupuesto de 12.2 millones a 3,7 millones, casi un 70% menos, lo que pone en riesgo la continuidad de estudiantes y proyectos de investigación.

Quishpe también cuestionó la prioridad del gasto estatal. Según él, mientras se recortan recursos fundamentales para educación, salud y becas, el Gobierno destina millones a propaganda y al pago de deuda externa, favoreciendo a entidades privadas y a acreedores internacionales. “Esto no es un error, es una política que margina lo público y condena a miles de jóvenes a quedarse sin acceso a la educación superior”, afirmó.

Dos relatos opuestos para una misma cifra

Las dos narrativas en pugna describen realidades distintas: mientras el Gobierno afirma que el presupuesto crece y que la metodología de comparación ha sido alterada, la oposición señala impactos concretos en instituciones específicas, especialmente las más jóvenes o en proceso de consolidación.

En medio de este enfrentamiento, las universidades esperan definiciones para sus planes 2026. La discusión técnica, política y territorial sobre sus recursos marca el inicio de un nuevo ciclo presupuestario que, como otros años, vuelve a colocar a la educación superior en el centro del debate nacional.

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