¿Quién es el juez anticorrupción que fingió contrato con su novio por 10.000 dólares?

El nombre del juez anticorrupción Christian Luvin Quito Carpio quedó en el centro de la polémica tras una investigación que reveló la presunta simulación de un contrato por 10.000 dólares con su pareja sentimental. Según la información obtenida por este Diario, el documento habría sido utilizado para justificar ingresos en medio de un proceso de control anticorrupción.

El hecho ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia y la idoneidad de quienes aspiran a ocupar cargos clave en la lucha contra la corrupción en Ecuador, un ámbito que demanda rigurosos estándares éticos y profesionales.

Trayectoria de Christian Quito Carpio

Christian Luvin Quito Carpio nació en Guayaquil en 1988 y comenzó su trayectoria en el servicio público en 2014 como analista jurídico en el Ministerio de Transporte. Dos años después asumió el mismo cargo en el Servicio de Contratación de Obras, lo que marcó sus primeros pasos dentro de la administración estatal. En 2019 dio el salto a la Función Judicial al ser designado juez de garantías penales y pasó a ejercer funciones en la Unidad Penal del cantón Sucre.

Su llegada a la Unidad Anticorrupción se concretó en 2022, luego de ganar un concurso de méritos y oposición. Antes de ocupar ese puesto se desempeñó como juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, donde tomó decisiones que generaron debate público, como el archivo del denominado caso León de Troya, una investigación por narcotráfico vinculada a la mafia albanesa. El cierre del proceso se produjo a pedido de la Fiscalía.

En el ámbito académico, Quito Carpio cuenta con el título de abogado otorgado por la Universidad Espíritu Santo (UEES) y ha cursado dos maestrías: una en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja y otra en Derecho Constitucional, también por la UEES. A lo largo de su carrera ha ejercido además como defensor público en la provincia de Los Ríos y como vocero de la Asociación de Jueces del Ecuador, funciones que lo posicionaron dentro del debate jurídico nacional.

La polémica del contrato simulado

Tras su designación en la Unidad Anticorrupción, la trayectoria de Christian Luvin Quito Carpio volvió a estar bajo escrutinio público, esta vez por una investigación penal que lo involucra directamente.

La Fiscalía General del Estado abrió un proceso contra el magistrado y su pareja, Kléber Bryan Balarezo Mercado, por el presunto delito de asociación ilícita. El caso se originó a partir del operativo Fachada, ejecutado en enero de 2025, cuando durante un allanamiento se encontraron 10.000 dólares en efectivo en la vivienda del juez.

Para justificar la procedencia de ese dinero, Balarezo presentó un supuesto contrato de consultoría en ingeniería civil relacionado con la construcción de una piscina en la ciudad de Manta. No obstante, la versión se desmoronó rápidamente. El ingeniero que aparecía como socio en el documento declaró ante las autoridades que el contrato era falso y que nunca entregó ninguna suma de dinero. A ello se sumó el testimonio del propietario del inmueble donde supuestamente se habría realizado la obra, quien negó categóricamente su existencia y aseguró que la vivienda ni siquiera cuenta con espacio físico para una piscina.

Frente a estos elementos, la Fiscalía sostiene que el contrato fue simulado con el objetivo de encubrir el verdadero origen del dinero incautado. Por esta razón, tanto Quito Carpio como Balarezo Mercado enfrentan acusaciones por falsificación de documentos, fraude procesal y asociación ilícita, delitos que se investigan en el marco de la misma causa.

Pese a la gravedad de las denuncias, el Consejo de la Judicatura suspendió temporalmente al juez, pero lo restituyó en septiembre de 2025. Desde entonces, Quito Carpio continúa despachando causas en la Unidad Anticorrupción, mientras su proceso administrativo sigue pendiente de resolución.

Credibilidad en juego

El caso de Christian Quito Carpio refleja las tensiones que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano en su intento por fortalecer la lucha contra la corrupción. La simulación de contratos no solo compromete la imagen de un juez en funciones, sino que también cuestiona la seriedad de los procesos de selección de autoridades judiciales.

La transparencia y la rendición de cuentas se convierten en exigencias urgentes para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

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