Préstamo del BID: un alivio a la salud de Ecuador, pero con carga de deuda

En medio del desabastecimiento de medicinas y la presión por garantizar la atención de salud, el Gobierno de Ecuador recurre a financiamiento adicional para mantener los servicios. El Decreto Ejecutivo N.º 199, firmado por el presidente Daniel Noboa el 30 de octubre de 2025, faculta al Ejecutivo a usar ingresos no permanentes para cubrir gastos permanentes en salud.

En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de 250 millones de dólares, anunciado el 5 de noviembre, destinado a contener la morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles. Este financiamiento busca fortalecer la prevención, el diagnóstico y el acceso al tratamiento integral, así como adquirir equipamiento para el primer nivel de atención y tratamientos especializados en enfermedades crónicas y cáncer.

Además, se prevé fortalecer al personal de salud e implementar un sistema de información para un mejor seguimiento de los pacientes. Según estimaciones, el programa beneficiará a 10,2 millones de personas que utilizan los servicios del Ministerio de Salud Pública. El préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en el índice SOFR, y se propone complementar el presupuesto 2025 para salud, que ya supera los $5.000 millones.

EXPRESO solicitó a los ministerios de Salud y Finanzas detalles sobre los medicamentos y equipos específicos, pero no obtuvo respuesta. Por esta razón, se consultó a expertos en salud pública y economía para analizar el alcance del crédito y su impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario.

El préstamo del BID para medicinas refleja la falta de liquidez de Ecuador

Francisco Andino, exministro de Salud, considera que la operación evidencia la falta de liquidez real del Estado. “El papel aguanta todo. Y los presupuestos, (como) bien su nombre lo dice, son presupuestos… Definitivo es que no hay dinero”, manifestó.

Según él, recurrir a financiamiento internacional no corrige la estructura del sistema de salud. En cambio, la prioridad debería ser invertir en prevención y promoción desde la base de la sociedad, más que solo atender enfermedades catastróficas.

Andino también criticó la falta de planificación y la inestabilidad de los funcionarios, lo que agrava la crisis sanitaria. “No tenemos recursos económicos, vamos y nos endeudamos, nos dan un financiamiento extranjero, le vamos a meter plata para los medicamentos recién. ¿Sabe en qué mes estamos? En el undécimo mes, mitad de mes”, enfatizó. Para Andino, sin un cambio de modelo, los préstamos solo sirven de parches para un sistema ya roto.

El préstamo es necesario por lío legales, pese a su riesgo

Por su parte, el analista económico Alberto Acosta destacó que el préstamo permite financiar el gasto frente al desabastecimiento. “Conseguir financiamiento lo que te permite es solucionar la crisis. O limitar la crisis, porque tienes el dinero para comprar los medicamentos”, señaló. Sin este financiamiento, explicó, sería imposible ejecutar las compras necesarias y la situación sería aún más grave.

Acosta añadió que el origen del problema es constitucional, ya que la normativa obliga a elevar el gasto sin considerar los ingresos disponibles. “Constitucionalmente se obliga a elevar un gasto cuando no hay los recursos para hacerlo. La única manera de hacerlo es a través de los decretos de excepcionalidad”, explicó. Para él, aunque el endeudamiento ayuda a paliar la brecha de financiamiento y permite ejecutar algo del presupuesto, no resuelve el problema de fondo.

La caja fiscal de Ecuador, la más golpeada por más prestamos

En la misma línea, Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, alertó que el endeudamiento para gasto corriente debilita las cuentas públicas y agrava la situación fiscal. Señaló que Ecuador ya tiene una deuda de $83.000 millones, con pagos de intereses de $4.400 millones, que superan lo asignado a salud, educación, defensa o seguridad.

Carrera indicó que los préstamos del BID buscan cubrir faltantes inmediatos, pero no resuelven problemas estructurales. “Aunque sean préstamos a largo plazo, eso tiene un costo”, alertó, señalando que las amortizaciones y pagos de intereses con multilaterales alcanzan aproximadamente los $3.500 millones anuales.

También criticó la asignación de recursos a programas políticos y coyunturales, que desplazan la atención a la salud. Por eso, recomendó priorizar la salud y educación dentro de los recursos existentes antes de recurrir a nuevos préstamos.

En conclusión, el financiamiento externo permite comprar medicinas y equipos y garantizar la continuidad del servicio, pero la falta de un cambio estructural en el modelo de salud y la inestabilidad fiscal mantienen la vulnerabilidad del sistema. Para los expertos, los préstamos son un alivio temporal frente a la crisis, pero la solución de fondo requiere reformas en la gestión del gasto, planificación sanitaria y redistribución de recursos que aseguren sostenibilidad y cobertura efectiva.

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