Operadores de justicia bajo ataque: 40 atentados en Ecuador entre 2020 y 2025
El Observatorio de Derechos y Justicia presentó un informe que detalla vulnerabilidades que encaran fiscales, jueces, etc.
Operadores de justicia de Ecuador, con alto nivel de riesgo, que habían recibido amenazas previas, no contaban con resguardo policial. Camino a su hogar, a un restaurante o a la escuela de sus hijos han enfrentado ataques del crimen organizado; 12 fiscales y tres jueces han sido asesinados entre 2024 y 2025.
Eso se detalla en el informe Desprotección a operadores de justicia que combaten al crimen organizado en Ecuador, del Observatorio de Derechos y Justicia, que dirige la abogada María Dolores Miño. Fue compartido el lunes 26 de enero del 2026.
Entre 2020 y 2025, según el Observatorio de Derechos y Justicia, se han registrado 40 atentados contra la vida e integridad de funcionarios judiciales. La cifra incluye ataques armados directos a dependencias.
En el informe se señala que estos funcionarios han enfrentado diversas tácticas de amedrentamiento como amenazas de bomba, envío de arreglos fúnebres u objetos que asimilan cadáveres. Así como seguimientos a ellos y a su círculo familiar. Se han reportado casos de intento de secuestro, colocación de explosivos al interior de vehículos e irrupción de sujetos armados en dependencias judiciales.
El caso de Carlos Serrano es uno de los investigados
En el informe sobre Desprotección a operadores de justicia se documenta lo ocurrido con el ex juez anticorrupción Carlos Serrano, la ex directora provincial de Orellana, Samantha Lozada; y la ex directora provincial de Los Ríos, Érika Alvarado.
Además, el Observatorio desarrolló una encuesta a 149 operadores de justicia en 23 provincias: 91.16% de los funcionarios expresó una preocupación constante por su seguridad en el ejercicio de su cargo. El sentimiento trasciende al ámbito doméstico porque el 69.39% indicó que sus familiares también se sienten inseguros por su trabajo.
En cuanto a las agresiones directas, el 65.31% de los encuestados reportó haber recibido amenazas, principalmente de forma presencial o física; 6.7% afirmó haber sido víctima de ataques físicos debido a sus funciones.
- El 27.89% de los operadores encuestados admitió haber experimentado dudas antes de tomar una decisión sobre un caso por temor a represalias.
- Sobre el entorno laboral, un 85.81% de los servidores califica su edificio de trabajo como "inseguro" o "muy inseguro"
- Para el Observatorio de Derechos y Justicia, esa percepción de inseguridad se sustenta en la carencia casi total de medidas preventivas básicas: el 95.24% de los encuestados carece de botones de pánico, el 81.8% trabaja en unidades sin detectores de metales y el 70.74% nunca cuenta con escoltas policiales dentro de las salas de audiencia.
Las conclusiones sobre la vulnerabilidad de los operadores de justicia en Ecuador
En el informe se señala que resulta preocupante que además de enfrentar riesgos constantes, quienes denuncian actos de corrupción o amenazas vinculadas a la criminalidad organizada carezcan de respaldo institucional e, incluso, sean objeto de retaliaciones mediante decisiones administrativas o campañas de desprestigio.
Asimismo, el ODJ dice que el Estado debe asumir su obligación de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la labor judicial, es decir protocolos específicos para el sector justicia y la provisión de recursos suficientes que aseguren su efectividad.
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