Mario Godoy: enjuiciado político VIP

Primer día del juicio político a Mario Godoy en la Asamblea Nacional: Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización (donde debe calificarse el proceso antes de pasar al Pleno), cumplió su cometido, a saber: inclinar la cancha a favor del cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura. Lo hizo en al menos tres momentos clave: primero, quemando tiempo para su provecho; segundo, declarando por unos minutos reservada la sesión con el fin de evitar que ciertos datos societarios del procesado (información perfectamente pública, por lo demás) salieran a la luz; finalmente, otorgándole el privilegio inestimable (e ilegal, pues explícitamente la ley sólo concede esa ventaja a los mandatarios sometidos a juicio político) de contar con un abogado para que ejerza a su nombre su defensa. Stalin Raza, que así se llama el improbable representante legal de Godoy en este caso, tuvo además la arrogancia de comenzar su discurso diciendo que su presencia dotará al juicio político de su verdadero carácter. No especificó cuál.

Esta deriva era inevitable: la mayoría oficialista de la Comisión de Fiscalización garantiza para Mario Godoy un tratamiento de personaje VIP. El correísmo, impulsor del juicio político, quiso poner de manifiesto esa ventaja y apeló la presidencia: que Ferdinan Álvarez permitiera la ilegítima presencia de un abogado defensor justificaba de sobra este procedimiento. Sin embargo, como era predecible, la apelación no pasó.

Los interpelantes de Godoy expusieron sus pruebas

Los argumentos para la censura y destitución son contundentes. Para empezar, Viviana Veloz expuso el caso de fondo: las presiones ejercidas desde el Consejo de la Judicatura sobre el juez Carlos Serrano para que fallara a favor del mafioso serbio Jezdimir Srdan; los clamorosos conflictos de interés de Godoy con Invictus, el estudio jurídico de su esposa, Dolores Vintimilla, defensora de ese y otros narcotraficantes; su intromisión en la conformación del tribunal penal que juzgaría a Srdan, destituyendo ilegítimamente a uno de los jueces que falló en su contra, negándose a sancionar a la que falló a su favor a pesar de sus vinculaciones con otras investigaciones fiscales en marcha…

Franklin Samaniego se centró en el estado de desprotección al que fue sometido el juez Serrano por parte del Consejo de la Judicatura. Amenazado públicamente de muerte por Srdan, Serrano fue desprovisto de guardaespaldas cuando más los necesitaba.

Liliana Durán habló de cómo Godoy se abstuvo de sancionar a su amigo y colaborador (¿cómplice?) Henry Gaibor, el director de la Judicatura de Pichincha que se encargó (por órdenes de arriba, dijo) de presionar a Serrano. En lugar de someterlo a procedimiento sancionatorio, Godoy le aceptó la renuncia y lo dejó ir sin mancha alguna en su hoja de vida.

Además, los interpelantes presentaron las nuevas pruebas, recibidas el 3 de febrero de 2026 por la Comisión de Fiscalización, que conectan a Godoy con Gaybor en prácticas corruptas: el audio en el que María José Guadamud, exesposa de Roger Tumalli, el asesor jurídico de Godoy implicado en un escandaloso caso de acoso sexual, denuncia que fue su marido quien redactó la sentencia del Caso Pendrive. Según la denuncia de la jueza Nubia Vera, Godoy y Gaybor trataron de obligarla para que ella dictara esa sentencia, que le entregaron en un pendrive, en contra de la vicepresidenta Verónica Abad.

El rol de Ferdinan Álvarez en el juicio político a Godoy

En fin, una suma de sucias verdades sin nombre. Por lo visto hasta el momento, nada de esto conmueve al oficialismo. Al contrario, en este primer día de juicio político en la Comisión de Fiscalización, Godoy obtuvo exactamente lo que necesitaba para seguir atornillado al puesto y gobernando la Función Judicial, inclusive nombrando jueces: tiempo. Ferdinan Álvarez actúa con una parsimonia que raya en la desvergüenza. “Si debo suspender 50 veces esta sesión, tengan la seguridad que lo haré”, ofreció al instalarla. Y sí: lo harán, qué duda cabe. “Tiempo es lo que más tenemos”, dijo también. Y tiempo que es lo decidió perder. La sesión de ayer se suspendió por pedido del abogado Stalin Raza, pues la prueba solicitada (recién ayer) por la defensa a varias instituciones del Estado, no había sido remitida aún. Así que todo queda en suspenso hasta que esa prueba llegue. Entra dichas instituciones del Estado que demoran en enviar la prueba solicitada se encuentra… ¡El Consejo de la Judicatura!

Lo de declarar la sesión momentáneamente reservada para evitar que los datos societarios de Invictus y Mario Godoy salieran a la luz, fue otro descaro con la complicidad del superintendente de Compañías, Luis Alberto Cabezas-Klaere. Ocurrió cuando la correísta Viviana Veloz se disponía a exponer esa información: Ferdinan Álvarez la interrumpió diciendo que la carpeta remitida por la superintendencia tenía un sello en el que se leían las palabras “reservado y confidencial”. “La información societaria de una empresa no es reservada”, protestó Veloz, y para probarlo adujo que esos datos se encuentran en la página web de la Superintendencia, a disposición del público. Pero no hay argumento, por contundente que sea, que consiga que Ferdinan Álvarez se mueva un centímetro por fuera de sus consignas. Así que echó a todo el mundo de la sala y suspendió la transmisión.

Álvarez es un genio, tal como lo sugiere el alias con el que se lo conoce (así se llegó a saber en el seno de esta misma comisión) en el mundo del hampa, que no le es del todo ajeno: Tilín. “No me prestaré para la utilización de la política en este juicio político”, empezó diciendo al instalar la sesión. Luego pretendió prohibir “los juicios de valor y los adjetivos” en el proceso, como si pudiera juzgarse políticamente a un funcionario sin echar mano de ellos. Finalmente, sorprendió con esta perla: “No se puede decir al país mentiras que no son ciertas”. Hasta el momento, trata de ser fiel a esta consigna: las mentiras que él le dice al país son todas ciertas.

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