
Reforma al Cootad: el nuevo campo de batalla para las elecciones de 2027
La reforma al Cootad pone en evidencia a las autoridades locales y al Gobierno. ADN tiene el reto de entrar a los territorios
La discusión política tras la aprobación de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) marca el inicio del camino hacia las elecciones seccionales de 2027 en Ecuador. El gobierno del presidente Daniel Noboa y las autoridades locales miden fuerzas, mientras el oficialismo intenta mantener visibilidad en los territorios, pese a la crisis en varios sectores del Estado ecuatoriano.
Gobierno y GAD miden fuerzas por reforma al Cootad
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), por su incidencia directa en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), abre la contienda electoral con miras a los comicios seccionales de febrero de 2027.
Esta ley económica urgente, propuesta por el Ejecutivo, coincide con el inicio del año preelectoral. Con ello, se desató la suspicacia de que el debate sobre la eficiencia en el uso de los recursos de los gobiernos locales y del Gobierno central tiene un marco más electoral que estrictamente jurídico y social.
En ese sentido, analistas consultados por este Diario sostienen que la confrontación entre autoridades locales y el gobierno de Daniel Noboa tiene como trasfondo empezar a medir fuerzas de cara a las seccionales. Las narrativas serían el factor crucial que determinará quién tomará la delantera.

Las posturas encontradas por la reforma al Cootad
Desde algunos GAD, en especial los vinculados a la Revolución Ciudadana, la narrativa se sostiene en que la disciplina fiscal exigida por la reforma al Cootad no solo afecta la autonomía de los gobiernos locales, sino que tendría como consecuencia directa la afectación de los servicios sociales que ofrecen.
Por otro lado, desde el oficialismo se defiende la reforma desde la perspectiva de la buena utilización de los recursos asignados para obra pública y se cuestiona el “despilfarro” de dinero en actividades menos prioritarias, como conciertos o servicios considerados innecesarios.
El correísmo, el objetivo del movimiento ADN en territorio
Estos argumentos, comenta el analista político y docente universitario Alfredo Espinosa, forman parte de una narrativa distorsionada que representa un mayor riesgo para el oficialismo y sus intenciones electorales, tomando en cuenta la juventud de su movimiento político, Acción Democrática Nacional (ADN), y la necesidad de buscar alianzas en territorio.
“Creo que le va a pasar factura en lo local. El gobierno siempre juega con ese margen de error, tratando de sacar de competencia al correísmo”, analiza. Y añade que la reforma termina siendo una forma de neutralizar la fuerza del correísmo en bastiones como Pichincha, Manabí y Guayas.

Las narrativas, claves para tomar ventaja en las seccionales
No obstante, considera que este intento de neutralizar a las fuerzas locales puede complicarse ante la poca o nula presencia del Estado en territorio. “Es un gobierno que no tiene hitos que comunicar y por eso ubican esta ley como emblema de batalla, pero no lo es”.
Por su lado, Jorge Acaiturri, exconcejal de Guayaquil, precisa que una posible afectación a los intereses electorales del régimen dependerá de la evolución del discurso. “Si la narrativa está bien argumentada y con base en la verdad, sin lugar a dudas (va a afectar al Gobierno)”, prevé el exedil.
Acaiturri incluso señala que la resistencia que los gobiernos locales ejerzan frente al Gobierno nacional también dependerá de cómo los representantes territoriales logren exponer que la reforma al Cootad representa una afectación a su presupuesto y, por ende, a los servicios que brindan.
El ciudadano, el único perjudicado de la pugna electoral
En el fondo, tanto Espinosa como Acaiturri creen que la discusión entre autoridades es solo un abreboca del estado de polarización que pronto pasará de la esfera nacional a la local. Además, advierten que la ciudadanía sería la principal perjudicada, pues además del posible riesgo de perder servicios, queda en medio de una disputa que en pocos meses se resolverá en las urnas.
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