Juicio a vocal del Cpccs: consejera declara ante Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional realizó el jueves 6 de marzo, realizó, de manera telemática, el trámite de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de Johanna Verdezoto, consejera de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esta reunión inició a las 11:00 y culminó a las 14:51.

A criterio de la consejera Verdezoto, por las dos causales por la que se está enfrentando el juicio político debiera ser archivado. Esto, porque manifiesta que hay falta de fundamentación legal y documental para aseverar los hechos acusatorios.

A la funcionaria pública, la asambleísta Ana Herrera, quien pertenece al movimiento Revolución Ciudadana, la acusó de un supuesto conflicto de intereses en la designación del nuevo Defensor Público. Esto, debido a que Verdezoto habría estado en dos reuniones con Rodrigo Frías, quien era el mejor puntuado en el concurso deméritos y oposición del nuevo Defensor Público.

Además, se la acusa de un presunto perjurio en un contrato de arrendamiento. Ambos casos, según la interpelante, configuraría un incumplimiento de funciones.

¿Qué dijo la consejera en torno a su defensa?

A juicio de Verdezoto, ella no ha mantenido reuniones con Rodrigo Daniel Frías Toral, sino que “todo ha sido una emboscada para hacerme esta persecución política”. Ella explicó que se había acercado al Centro de Estudios Jurídicos por invitación de Tatiana Ordeñana Sierra, presidenta de la institución académica y exfuncionaria del Cpccs, para que ella sea ponente de un evento académico.

Expuso que la primera vez que se encontró con Frías, ella desconocía que él iba a ir, ya que ella solo fue a retirar una invitación. La segunda vez, fue a retirar el certificado de participación. En ambos casos, dijo que no se reunió, aunque fue cuestionada por los asambleístas de la Comisión.

Lenin Barreto, miembro de Comisión de Fiscalización y Control Político, le objetó el por qué no le llegaron los documentos a su oficina o porque no envió a una persona a verlos. “Creo que se pasa inocente”. A lo que Verdezoto señaló que fue un acto de cortesía de ella para con Ordeñana para saludarla.

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Desde la intervención de Barreto, el trámite de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político se volvió tenso. Verdezoto le expuso al miembro de la Comisión que llamara a Ordeñana para que disipara sus dudas, por lo que Pamela Aguirre, quien presidente el organismo, tuvo que solicitarle que responda las preguntas a los asambleístas, no pedirles que hagan comparecer testigos.

¿Qué se expuso sobre la supuesta irregularidad del arrendamiento de vivienda?

En cuanto al arrendamiento, Verdezoto aseguró que ella es oriunda de Montalvo, cantón de Los Ríos, y no tiene bienes en Quito, por lo que ella tenía derecho al bono de residencia. Aguirre por su parte le cuestionó si ella conocía al propietario del departamento, el por qué no hizo el contrato con el dueño del bien. Aunque constantemente insistió que su contrato lo hizo con Jodie Paucar, quien también es funcionaria del Cpccs.

También le hicieron hincapié del pago del arriendo en efectivo; aunque en su intervención Verdezoto había mencionado que había adjunto los comprobantes de pago originales a su expediente. Además, Aguirre mencionó que no estaba en contra de su derecho al bono de residencia, sino “que está en cuestionamiento que se haya hecho una simulación de contrato”.

Ahora, se espera la sesión para la aprobación del informe, que deberá ser entregado en un plazo de cinco días para determinar determinar si recomiendan o no el juicio político a la consejera.

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