Relatoría de la CIDH: 15 periodistas están exiliados por la violencia en Ecuador

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un reporte de la situación de violencia y riesgos a la seguridad de los periodistas en Ecuador, provocada por grupos del crimen organizado.

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Según un comunicado emitido el 5 de marzo de 2025, las organizaciones criminales han atacado de múltiples formas a los periodistas, medios y trabajadores de la comunicación durante el 2024. Además de las agresiones físicas y verbales, la Relatoría ha documentado amenazas, ataques en redes sociales, atentados y procesos judiciales. "Entre los hechos más preocupantes se encuentra el ataque armado a las instalaciones de TC Televisión ocurrido el 9 de enero de 2024 en Guayaquil" y que, entre otros incidentes, motivaron al Gobierno de Daniel Noboa a declarar el estado de conflicto armado interno.

La oficina dice, con base en datos del Consejo de Comunicación, que en 2024 hubo 131 alertas de agresiones y "el exilio de al menos 15 periodistas en los dos últimos años". Mientras que otros 25 profesionales de la comunicación "estarían siendo objeto de seguimiento" de integrantes de grupos delictivos.

Expertos de la CIDH visitaron Ecuador en enero

Los casos mencionados se dan a conocer después de que integrantes de la oficina de la CIDH realizaron las visitas entre el 14 y 15 de enero de este año, con el objetivo de "fortalecer el diálogo con autoridades estatales y actores de la sociedad civil sobre la implementación del Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico".

Durante esos días, los expertos se reunieron con representantes de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom), distintos ministerios, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAAP).

Luego de esos encuentros, se identificó que los hechos violentos "se acentúan contra aquellos periodistas que cubren temas sobre narcotráfico, corrupción, minería o cuestiones medioambientales, entre otros temas de interés público". 

Incluso la Relatoría también conoció denuncias de periodistas comunitarios indígenas que fueron amenazados con más intensidad desde abril de 2024 "en el marco de una protesta en Morona Santiago en contra de una empresa minera". La situación de violencia que enfrentan los periodistas en Ecuador, dice la Oficina de la CIDH, ha generado la autocensura en las zonas donde predomina la criminalidad.

Preocupación por la situación laboral y restricciones del Gobierno

También expresa que a la Relatoría le "preocupa el cierre de medios, que sería el resultado de los ataques en su contra, retos de sostenibilidad y financiación" y el "incumplimiento en el pago de indemnizaciones" en casos de despidos, lo cual ha abonado a la incertidumbre, precarización laboral y "afecta seriamente la calidad del periodismo".

Además, expone que en Ecuador, el Gobierno de Noboa tendría una "lista de exclusión de periodistas", y restringe el acceso a la información y a entrevistas con funcionarios estatales. Sin embargo, la Secom habría argumentado que esos casos "obedecen limitaciones de tiempo" y negó la existencia del mencionado listado.

Aunque el país estableció un mecanismo de protección para los profesionales de los medios de comunicación, este tiene limitaciones, entre los cuales menciona el desconocimiento, falta de adecuación de medidas de protección directa, el escaso presupuesto para esa estructura, entre otros. 

Por ello, la Relatoría recordó que es "obligación del Estado el garantizar la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación", saludó los esfuerzos de organizaciones civiles para brindar ayuda a los periodistas víctimas de violencia y ofreció ejecutar distintas actividades dentro de la asistencia técnica que brindará a Ecuador para mejorar el mecanismo con el cual se busca proteger la labor de los periodistas.

"Los objetivos, a manera de hoja de ruta" incluyen trabajos con el Consejo de Comunicación, Secom, Ministerio de Gobierno y Fiscalía.

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