Relatoría de la CIDH: 15 periodistas están exiliados por la violencia en Ecuador

La Relator铆a Especial para la Libertad de Expresi贸n de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emiti贸 un reporte de la situaci贸n de violencia y riesgos a la seguridad de los periodistas en Ecuador, provocada por grupos del crimen organizado.

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Seg煤n un comunicado emitido el 5 de marzo de 2025, las organizaciones criminales han atacado de m煤ltiples formas a los periodistas, medios y trabajadores de la comunicaci贸n durante el 2024. Adem谩s de las agresiones f铆sicas y verbales, la Relator铆a ha documentado amenazas, ataques en redes sociales, atentados y procesos judiciales. "Entre los hechos m谩s preocupantes se encuentra el ataque armado a las instalaciones de TC Televisi贸n ocurrido el 9 de enero de 2024 en Guayaquil" y que, entre otros incidentes, motivaron al Gobierno de Daniel Noboa a declarar el estado de conflicto armado interno.

La oficina dice, con base en datos del Consejo de Comunicaci贸n, que en 2024 hubo 131 alertas de agresiones y "el exilio de al menos 15 periodistas en los dos 煤ltimos a帽os". Mientras que otros 25 profesionales de la comunicaci贸n "estar铆an siendo objeto de seguimiento" de integrantes de grupos delictivos.

Expertos de la CIDH visitaron Ecuador en enero

Los casos mencionados se dan a conocer después de que integrantes de la oficina de la CIDH realizaron las visitas entre el 14 y 15 de enero de este año, con el objetivo de "fortalecer el diálogo con autoridades estatales y actores de la sociedad civil sobre la implementación del Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico".

Durante esos d铆as, los expertos se reunieron con representantes de la Secretar铆a de Comunicaci贸n de la Presidencia (Secom), distintos ministerios, la Fiscal铆a General del Estado, la Defensor铆a del Pueblo, medios de comunicaci贸n, organizaciones de la sociedad civil y la Mesa de Articulaci贸n para la Protecci贸n de Periodistas (MAAP).

Luego de esos encuentros, se identific贸 que los hechos violentos "se acent煤an contra aquellos periodistas que cubren temas sobre narcotr谩fico, corrupci贸n, miner铆a o cuestiones medioambientales, entre otros temas de inter茅s p煤blico".

Incluso la Relator铆a tambi茅n conoci贸 denuncias de periodistas comunitarios ind铆genas que fueron amenazados con m谩s intensidad desde abril de 2024 "en el marco de una protesta en Morona Santiago en contra de una empresa minera". La situaci贸n de violencia que enfrentan los periodistas en Ecuador, dice la Oficina de la CIDH, ha generado la autocensura en las zonas donde predomina la criminalidad.

Preocupación por la situación laboral y restricciones del Gobierno

Tambi茅n expresa que a la Relator铆a le "preocupa el cierre de medios, que ser铆a el resultado de los ataques en su contra, retos de sostenibilidad y financiaci贸n" y el "incumplimiento en el pago de indemnizaciones" en casos de despidos, lo cual ha abonado a la incertidumbre, precarizaci贸n laboral y "afecta seriamente la calidad del periodismo".

Además, expone que en Ecuador, el Gobierno de Noboa tendría una "lista de exclusión de periodistas", y restringe el acceso a la información y a entrevistas con funcionarios estatales. Sin embargo, la Secom habría argumentado que esos casos "obedecen limitaciones de tiempo" y negó la existencia del mencionado listado.

Aunque el país estableció un mecanismo de protección para los profesionales de los medios de comunicación, este tiene limitaciones, entre los cuales menciona el desconocimiento, falta de adecuación de medidas de protección directa, el escaso presupuesto para esa estructura, entre otros.

Por ello, la Relator铆a record贸 que es "obligaci贸n del Estado el garantizar la protecci贸n de periodistas y trabajadores de la comunicaci贸n", salud贸 los esfuerzos de organizaciones civiles para brindar ayuda a los periodistas v铆ctimas de violencia y ofreci贸 ejecutar distintas actividades dentro de la asistencia t茅cnica que brindar谩 a Ecuador para mejorar el mecanismo con el cual se busca proteger la labor de los periodistas.

"Los objetivos, a manera de hoja de ruta" incluyen trabajos con el Consejo de Comunicación, Secom, Ministerio de Gobierno y Fiscalía.