Jose Julio Neira, director del Sercop
José Julio Neira expuso los nuevos controles en contratación estatal y lavado de activos.Cortesía

José Julio Neira detalla nuevos filtros anticorrupción en compras públicas

Plataforma con IA y $1.500 millones en reportes marcan ofensiva contra redes ilícitas

El director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, detalló este 2 de marzo de 2026 en Radio Sucesos las acciones ejecutadas por el Gobierno para depurar la contratación estatal y reforzar el control contra el lavado de activos desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Durante la entrevista, el funcionario explicó que desde 2024 se implementó la Política Nacional de Integridad Pública, se reformó la ley de compras públicas y se activaron inspecciones in situ a proveedores del Estado. Según afirmó, el objetivo es frenar irregularidades en sectores estratégicos y evitar la infiltración del crimen organizado.

“El Gobierno del presidente Noboa está limpiando desde los últimos dos años”, sostuvo Neira. Añadió que la depuración no se limita a compra pública, sino que alcanza “todos los sectores estratégicos del país”.

Depuración en seguridad privada y nuevos controles en compras públicas

Neira señaló que en enero de 2026 comenzaron inspecciones presenciales a empresas del catálogo de seguridad privada. En Pichincha se realizaron diez verificaciones y seis compañías fueron suspendidas; en Guayas, dos inspecciones terminaron también en suspensiones.

Explicó que el primer filtro fue dado en septiembre de 2025, cuando se eliminó todo el catálogo de seguridad privada y se abrió un nuevo proceso con requisitos más estrictos. “Estamos confirmando que lo que nos dijeron en el momento del registro sea cierto”, indicó.

Las verificaciones se ejecutan junto al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía, Fuerzas Armadas, IESS y Ministerio de Trabajo. Según dijo, el trabajo apunta a constatar que las empresas cumplan con los contratos adjudicados y las normas laborales.

Hallazgos por $17 millones y fallas en registro de personal

Uno de los casos mencionados fue el de contratos por 17 millones de dólares vinculados a seguridad privada en Guayaquil. Neira aseguró que parte del armamento no estaba registrado y que guardias no constaban en el IESS ni cumplían requisitos laborales.

“Era un contrato de diecisiete millones de dólares y su empleador no lo registró en el IESS. Eso es una grave falta”, afirmó. Añadió que estos controles no solo buscan frenar irregularidades, sino proteger el empleo formal.

El funcionario anticipó que la depuración se ampliará a otros catálogos, como alimentación y uniformes vinculados a empresas públicas, al considerarlos procesos “muy atractivos para los que les gusta hacer el chanchullo”.

Nueva plataforma con financiamiento del BID e inteligencia artificial

En paralelo, el Sercop alista una transformación tecnológica integral financiada con un préstamo de 22,9 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La actual herramienta, implementada en 2018, no ha sido actualizada de forma estructural.

“Lo que hicieron los gobiernos anteriores fueron ponerle parches”, dijo Neira. La nueva plataforma incorporará inteligencia artificial y el concepto de “valor por dinero”, que prioriza calidad y sostenibilidad sobre el precio más bajo.

La implementación será progresiva desde abril de 2026. Según explicó, el cambio incluirá trabajo en territorio con proveedores y sociedad civil para socializar los nuevos criterios y evitar que el sistema colapse por una transición abrupta.

UAFE: $1.500 millones en reportes y más interoperabilidad

José Julio Neira informó que el Gobierno ejecuta inspecciones in situ a proveedores de seguridad privada.

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En materia de lavado de activos, Neira indicó que en 2025 la UAFE entregó a la Fiscalía reportes de operaciones inusuales por 1.500 millones de dólares. Estos documentos sirven como insumo técnico para iniciar investigaciones penales.

“Trabajamos de la mano con Fiscalía para que puedan presentar un caso sólido ante el juez”, aseguró. No obstante, reconoció que si otras instituciones no avanzan al mismo ritmo, el impacto puede estancarse.

También informó que se fortaleció la interoperabilidad con el SRI y la Superintendencia de Compañías, lo que permite cruzar datos tributarios y societarios. “Entre más cruzo información, más alertas identifico y más casos de lavado de activos detecto”, concluyó.

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