José Julio Neira: "armas no registradas y empleados sin IESS destapan posible red"

El Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, informó que el Gobierno ejecuta inspecciones in situ a proveedores de seguridad privada a propósito del contrato por $17 millones adjudicado por SEGURA EP en diciembre. Las diligencias derivaron, hasta ahora, en seis clausuras en Pichincha y dos suspensiones en Guayas.

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Neira explicó que las intervenciones se amparan en la Ley de Contratación Pública, que faculta al Sercop a verificar en terreno que los contratistas cumplan los requisitos pactados. La depuración del catálogo de seguridad privada arrancó en agosto y su actualización se publicó a fines de septiembre.

“En enero realizamos 10 inspecciones en Pichincha y se clausuraron 6 empresas de seguridad privada. En febrero empezamos en Guayas y llevamos 2 empresas suspendidas de dos inspecciones”, detalló.

Las alertas que activaron las inspecciones

1. Armas no registradas ante el control de armas de las Fuerzas Armadas (en la entrevista se mencionó “COMACO”; se corrige a la autoridad competente de control de armas en FF. AA.).
2. Trabajadores no afiliados al IESS y falta de registros exigidos por el Ministerio de Trabajo.
3. Incumplimientos técnicos previstos en los contratos firmados con la empresa pública.

“Por transparencia e integridad, las empresas que no cumplan con los requerimientos quedan suspendidas”, dijo el funcionario.

Alcance y próximos pasos

Las inspecciones son interinstitucionales y se coordinan con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y el IESS. Aunque el foco actual es seguridad privada, Neira adelantó que este control se extenderá a otros rubros críticos del sector público:

1. Limpieza en hospitales
2. Alimentación
3. Uniformes escolares

Son los sectores que —según señaló— han sido históricamente vulnerables a interferencias de grupos delictivos organizados.

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Sanciones y salida del catálogo

Consultado sobre el futuro de las compañías observadas, Neira precisó que, una vez concluido el proceso administrativo, el proveedor se elimina del catálogo y puede afrontar una suspensión de hasta cinco años. 

En paralelo, los casos son puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales respectivos. “La prioridad es la seguridad de los ecuatorianos y el combate a la corrupción y al crimen organizado”, enfatizó.

Empresa Telconet y Cajamarca se desvinculan 

Los conglomerados empresariales Telconet Latam y Cajamarca Protective Services informaron el martes 24 de febrero que Jan Topić quedó completamente separado de sus estructuras administrativas y de participación accionaria. La decisión se produce tras las declaraciones públicas del excandidato contra el Ministerio del Interior y su titular, John Reimberg.

Mediante un pronunciamiento institucional, Grupo Telconet aclaró que mantiene una postura estrictamente apolítica y que no se hace responsable ni respalda criterios personales expresados por terceros.

La empresa de telecomunicaciones enfatizó que el político no posee participación accionaria alguna —ni directa ni indirecta— dentro del holding ni figura en los registros de los organismos oficiales vinculados a la compañía.

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