Comercio con Colombia y Ecuador suma pérdidas y quejas por pago de arancel del 30 %

El Gobierno de Gustavo Petro cumplió ayer su amenaza: formalizó el arancel recíproco del 30 % a más de 23 líneas de productos ecuatorianos mediante el Decreto 0170, publicado en el Diario Oficial colombiano. La medida entró en vigencia de inmediato, 24 días después de que Ecuador activara su propia “tasa de seguridad” del mismo porcentaje sobre las importaciones colombianas.

Pero el decreto va más allá del arancel. Colombia también prohibió el ingreso terrestre de productos ecuatorianos por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís. Los principales productos afectados con esta disposición son el camarón, el arroz, la palma de aceite, los tomates, las frutas frescas, el plátano, la cebolla, el fréjol, entre otros. Ninguno podrá cruzar la frontera por tierra bajo ningún régimen aduanero, y si lo hacen, la mercancía y el vehículo que la transporta serán aprehendidos de inmediato, sin opción de legalizar ni reembarcar.

Alexandra Mosquera, directora ejecutiva de Camecol, explica que la restricción terrestre de productos estaba contemplada, pero admitió que el decreto amplió la lista más allá de lo esperado. “Es una desventaja competitiva adicional frente a otros mercados, especialmente en rubros que se exportan por vía terrestre debido a los costos y la distancia”, advirtió.

¿Qué hay detrás del decreto colombiano?

Bogotá justificó la restricción terrestre por razones sanitarias y de seguridad alimentaria. En el caso del plátano, el decreto cita la presencia confirmada del hongo Fusarium R4T en Ecuador, un patógeno de difícil erradicación que amenaza los cultivos colombianos. Para el arroz, aduce inventarios en máximos históricos, una caída del 17 % en el precio al productor durante 2025 y denuncias reiteradas de contrabando desde Ecuador.

El viceministro de Comercio Exterior colombiano, Tito Yepes, calificó la tasa ecuatoriana como un arancel encubierto que viola el Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina, y aseguró que el decreto fue revisado minuciosamente para blindar jurídicamente a Colombia frente a posibles impugnaciones. La CAN admitió el 16 de febrero la demanda presentada por Colombia, lo que obligaría a Ecuador a retirar la tasa en un mes si así se resuelve.

Uno de los sectores más golpeados es el de la palma aceitera. Colombia compra alrededor del 50 % del excedente anual de aceite de palma ecuatoriano, y el decreto lo incluyó dentro de las partidas con arancel recíproco. Al tratarse de una exportación que se mueve habitualmente por tierra, el gravamen golpea directamente su competitividad. “Lo que más exportamos a Colombia es aceite de palma y no se han reunido con los palmeros, ¿entonces de qué hablamos?”, cuestionó Carlos Chávez, presidente de Ancupa, un sector que resiembra sin créditos y sin acompañamiento estatal.

¿Quién paga la factura del conflicto?

Del lado colombiano, también se miden lo efectos. Con un flujo comercial diario de aproximadamente 8 millones de dólares, calculado sobre una balanza comercial anual de 3.000 millones de dólares entre Ecuador y Colombia, la Cámara Colombo Ecuatoriana ya calcula pérdidas acumuladas de $ 180 millones en los primeros 18 a 20 días, desde la entrada en vigencia del arancel.

A todo esto se suma un problema operativo que nadie anticipó. Desde que Ecuador implementó la tasa del 30 %, el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) solo tiene habilitado el pago con tarjeta de crédito, sin opción de transferencia bancaria.

Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara Colombo Ecuatoriana, calificó de “absurdo” el mecanismo: “no hay una persona que tenga un cupo tan amplio como para pagar 500.000 dólares de tasa aduanera por una importación”.

Mosquera coincidió en la crítica y sugirió que el SRI habilite transferencias bancarias como alternativa, un mecanismo que ya se utiliza sin inconvenientes para otras obligaciones tributarias en el país. La cámara ya formalizó la solicitud mediante una carta enviada al organismo. EXPRESO, por su parte, pidió una reacción al SRI, pero aún se espera una respuesta.

Los gremios advierten que el impacto va más allá de los balances contables. El 60 % de lo que Ecuador importa desde Colombia corresponde a materia prima para la industria nacional, lo que afecta directamente la producción interna y cerca de 40.000 empleos vinculados a empresas cuya facturación depende en más de un 30% del mercado colombiano.

Por qué Colombia restringió cada producto ecuatoriano

• Camarón

Colombia argumenta que el camarón ecuatoriano puede ingresar sin los controles sanitarios necesarios, lo que facilitaría la propagación de enfermedades como el síndrome de la mancha blanca y el virus de la cabeza amarilla. Ambas patologías representan una amenaza directa para la industria camaronera colombiana, que vería comprometida su sanidad acuícola ante la entrada de producto sin las garantías fitosanitarias requeridas.

• Aguacate

El decreto restringe el ingreso terrestre de aguacate ecuatoriano argumentando la protección de las más de 71.500 hectáreas colombianas de aguacate Hass. Sin embargo, la medida va más allá de lo sanitario: Colombia busca blindar un cultivo estratégico que en los últimos años ha impulsado el empleo rural, generado encadenamientos agroindustriales y se ha convertido en uno de sus principales productos de exportación. En ese contexto, la restricción tiene tanto una lectura proteccionista como una motivación económica clara.

• Cebolla

Colombia restringe el ingreso terrestre de cebolla ecuatoriana alegando riesgos fitosanitarios y de contrabando. Sin embargo, los propios datos del decreto contradicen la magnitud de la medida: las importaciones de cebolla desde Ecuador representaron menos del 0,59% del total entre enero y noviembre de 2025. Una cifra tan marginal pone en entredicho que la restricción responda a una amenaza real y abre la puerta a interpretarla más como una represalia comercial que como una necesidad sanitaria.

• Plátano

El decreto restringe su ingreso terrestre por razones fitosanitarias. Colombia advierte que los débiles controles de inspección y trazabilidad en la frontera facilitan la entrada del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (R4T) y el moko bacteriano, dos enfermedades que no tienen cura y que pueden destruir plantaciones enteras de musáceas en poco tiempo. 

• Banano bocadillo

Para el banano bocadillo, conocido también como orito, el argumento es diferente: Colombia busca proteger un sector productivo de peso. El decreto detalla que el país tiene sembradas cerca de 109.465 hectáreas de este cultivo, distribuidas en más de veinte departamentos como Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca y Quindío, con una producción anual cercana a 2,6 millones de toneladas. Para Bogotá, dejar entrar sin restricciones el banano bocadillo ecuatoriano pondría en riesgo tanto la economía rural de esas regiones como la seguridad alimentaria nacional.

• Fréjol

El decreto grava los fréjoles secos comunes ecuatorianos —cargamanto, rojo, negro y blanco—, leguminosas de consumo masivo en Colombia. La medida busca proteger a los productores locales de una competencia que, en el contexto de la guerra arancelaria, el Gobierno colombiano considera desleal. A diferencia del arroz o el camarón, la justificación en este caso no descansa en argumentos sanitarios sino en la necesidad de restablecer condiciones equitativas de intercambio, luego de que la tasa de seguridad ecuatoriana alterara de forma abrupta las reglas del comercio bilateral.

• Arroz

Con inventarios nacionales que ya equivalen al 46% del consumo anual, Colombia argumenta que el arroz ecuatoriano, que llega a precios de entre $607 y $617 por tonelada —muy por debajo del promedio de 2024—, presiona los precios internos y amenaza al productor local. El dato que refuerza la medida es contundente: el 98,6% de las aprehensiones de contrabando de este cereal entre 2024 y 2025 ocurrieron en la franja fronteriza con Ecuador.

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