Ecuador necesita jueces formados, no obedientes: importancia de la carrera judicial

La penetración de la política y del crimen organizado en la justicia ecuatoriana ha sido más evidente que nunca. Casos como Metástasis, Purga o Plaga, entre muchos otros, han dejado al descubierto, durante los últimos años, la creciente contaminación dentro de la Función Judicial.

Este desalentador panorama contradice por completo los principios que rigen la justicia según la Constitución de Montecristi de 2008: independencia judicial interna y externa; autonomía administrativa, económica y financiera; gratuidad, seguridad jurídica y transparencia.

Con el surgimiento de más casos que vinculan a funcionarios judiciales con redes políticas y criminales, analistas consultados por EXPRESO sostienen que la principal vía de escape a este escenario es la profesionalización de la justicia y la apuesta por una carrera judicial robusta y de calidad.

Los ecuatorianos requieren de una "justicia más profesional y técnica"

La compleja situación de violencia y narcotráfico que azota al país, además de los problemas sociales arrastrados por décadas, ha generado el escenario perfecto para que este tipo de casos se vuelvan cada vez más recurrentes, comenta Marcelo Merlo, expresidente del Consejo de la Judicatura transitorio.

Eso, sumado a la notoria falta de jueces y fiscales, hace aún más urgente la necesidad de enfocar los esfuerzos hacia la profesionalización de los servidores judiciales y el fortalecimiento de la carrera judicial. “Así se garantiza una justicia más profesional y técnica”, añade.

Sin embargo, aunque considera que la profesionalización y la carrera judicial son instrumentos eficaces para descontaminar la justicia, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia y excandidato presidencial Iván Saquicela señala que el sistema actual de la Función Judicial no puede mantenerse.

“Tiene que haber una transformación de la estructura institucional del Poder Judicial”, afirma, y acota que el actual sistema de concursos de méritos y oposición ha sido muy cuestionado por sus direccionamientos, y que incluso la formación en la Escuela de la Función Judicial resulta insuficiente.

La Escuela de la Función Judicial es una instancia contemplada en el Código de la Función Judicial, cuya misión es fortalecer las competencias laborales de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, servidores judiciales y estudiantes de Derecho, mediante programas de formación inicial, continua, capacitación y prácticas profesionales.

La institución cobró relevancia en los últimos años por haber sido dirigida por uno de los procesados en el denominado caso Plaga: Michael Israel Hernández Sánchez, nombrado por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Previamente, Hernández había trabajado con Cristian Romero, otro señalado en el caso Metástasis.

Para garantizar independencia, el sistema judicial debe modificarse

Por el contrario, Saquicela apuesta por una formación de nivel universitario que fomente la vocación y los valores éticos. “Cuando fui presidente de la Corte planteé la creación de una Universidad de la Magistratura, donde se formen los secretarios, técnicos administrativos, fiscales, jueces y defensores”, recuerda.

De acuerdo con Saquicela, este giro en la formación de los servidores judiciales puede garantizar, primero, una carrera y un control ético; segundo, excelencia académica; y tercero, independencia. “Tiene que haber una transformación de la estructura institucional del Poder Judicial”, insiste.

No obstante, aunque coincide en que los servidores judiciales deben tener no solo una buena formación académica sino también ética, Merlo recuerda que el Código Orgánico de la Función Judicial ya establece la hoja de ruta para la carrera judicial y las evaluaciones necesarias para escoger y calificar a los funcionarios según sus capacidades.

Por su parte, Saquicela sostiene que dicho modelo ha mostrado sus falencias, ya que desde hace seis o siete años no se realizan evaluaciones a fiscales y jueces. Por lo tanto, la carrera judicial establecida en el Código no se cumple.

“Tampoco existen evaluaciones, y la dependencia o subordinación de quienes ejercen jurisdicción al ámbito administrativo, yo diría político, de la Función Judicial, definitivamente no garantiza independencia judicial”, comenta, y agrega que ese no es el único cambio necesario.

“También debe existir un órgano autónomo de régimen disciplinario, con jerarquía de magistrados de la Corte Suprema, que esté fuera del Consejo de la Judicatura. Este último debería conservar únicamente atribuciones administrativas y financieras, y ser presidido por el presidente de una Corte Suprema”, concluye.

La ignorancia, otro grave problema en la Función Judicial de Ecuador

El penalista Julio César Cueva, por su parte, comenta que los cambios no tienen que ser tan extremos, sino empezar por lo más básico: garantizar una justicia técnica con servidores judiciales técnicos. “Lo primero es quitarle esa esencia política al Consejo de la Judicatura; que los requisitos sean estrictamente técnicos”, sostiene.

Para ello, considera que la formación es clave. “Parte del problema en la justicia es la ignorancia. Como (un funcionario) es ignorante, es probable que tenga problemas y lo terminen sacando. ¿Cómo hace para quedarse? Fácil: ofrece su servicio a un político de turno que lo puede proteger, y ahí tiene la politización de la justicia”.

Ese sistema, a su vez, según Cueva, debe contar con un régimen estricto de sanciones. “A algunos los sancionan y a otros no. ¿Cuál es el problema? La falta de preparación. Cuando llega un nuevo presidente de la Judicatura, ¿qué es lo que hace? Pedir la renuncia a todos los directores para poner a cualquiera que no tiene ni idea de cómo funciona el sistema”.

Desde afuera, acota el penalista, también es fundamental que exista una estrecha relación entre la Contraloría y la Procuraduría General del Estado. “Para que sean ellos, como órganos externos, quienes hagan un control permanente de las declaraciones juramentadas de los funcionarios. Hay quienes las presentan, pero nadie se toma el tiempo de averiguar si sus casas no están llenas de obras de arte”, menciona.

Caso contrario, advierte, los esfuerzos por lograr una justicia independiente serán inútiles. La formación, la especialización y el control externo (además de otros cambios necesarios a nivel constitucional) son esenciales para despolitizar y blindar a la Función Judicial del crimen organizado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!