Drones y crimen organizado: ¿está Ecuador preparado para enfrentarlos?

El uso de drones con fines criminales ha dejado de ser una posibilidad remota en Ecuador. En septiembre de 2024 y nuevamente en 2025, drones cargados con explosivos fueron utilizados para atacar la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Aunque las autoridades lograron frustrar ambos atentados, los incidentes encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad del país frente a una tecnología cada vez más accesible y peligrosa. 

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Según el Ministerio del Interior, los ataques fueron atribuidos a bandas del crimen organizado que buscan generar pánico, facilitar fugas y desestabilizar el sistema penitenciario. “Hay terrorismo en Ecuador, y esta actividad es para causar miedo e inseguridad”, declaró la ministra Mónica Palencia tras el último intento de atentado.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) regula el uso de drones mediante la normativa RDAC 101 y sus circulares complementarias. Desde mayo de 2025, el registro de drones es obligatorio para todos los operadores, nacionales y extranjeros, que utilicen equipos de más de 250 gramos. 

El uso de drones en Ecuador es más probable

Además, se prohíbe el uso de drones en zonas restringidas, cerca de personas o propiedades privadas, y en áreas sensibles como instalaciones militares o gubernamentales. En julio de 2025, el Gobierno expidió el Reglamento de la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo, que otorga a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) la facultad de neutralizar drones en zonas estratégicas. Esta normativa busca prevenir actividades ilícitas como el narcotráfico y reforzar la seguridad nacional.

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Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, advierte que no es improbable que el Cartel de los Soles mantenga alianzas estratégicas con grupos de narcotráfico regional. “Es posible que estén comercializando drones de uso táctico, ofreciendo entrenamiento especializado y brindando apoyo logístico. Por lo tanto, no sería extraño que esta tecnología ya se esté utilizando —o pueda utilizarse pronto— en la región, incluyendo Ecuador”, señala.

La firma de un acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, por un monto de 25 millones de dólares, ha intensificado el debate sobre el uso de tecnologías avanzadas en la lucha contra el crimen organizado. El convenio, suscrito por el presidente Daniel Noboa y la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, contempla el intercambio de información biométrica de delincuentes, terroristas y pandilleros, así como la capacitación de policías ecuatorianos en sistemas de vigilancia estadounidenses. 

Pazmiño advierte que aún no existe una conciencia clara en el país sobre el impacto de estas tecnologías: “Pueden cambiar drásticamente la correlación de fuerzas entre la delincuencia organizada y las fuerzas legales. El gobierno y las fuerzas militares y policiales deben prestar especial atención al desarrollo de esta tecnología delictiva, que en cualquier momento puede comenzar a causar graves problemas”.

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Fernando Armas, responsable técnico de Aeronaut System S.A., subraya que “las operaciones aéreas con drones conllevan una gran responsabilidad, ya que su mal manejo puede poner en serio riesgo a la aviación. Un gran paso fue la regularización de las operaciones bajo la doctrina de la seguridad operacional aeronáutica”.

Por su parte, Bryan Cabezas, operador de dron, explica que la única autorización rápida proviene de la marca DJI, que en 48 horas emite permisos según el modelo del equipo. “Nosotros enviamos nuestra cédula a través de una aplicación, y luego nos dan un permiso que indica los lugares donde no podemos pilotar, como cerca del aeropuerto”, comenta.

El acuerdo bilateral busca fortalecer las capacidades institucionales frente a una ola de violencia que ha posicionado a Ecuador entre los países más afectados por el crimen en América Latina. El uso de drones en zonas de alto riesgo se ha convertido en una de las apuestas más visibles del gobierno.

John Garaicoa, máster en Psicofisiología Forense, destaca el potencial de los drones equipados con inteligencia artificial para mejorar la respuesta ante situaciones delictivas. “Permiten monitorear zonas críticas en tiempo real, identificar sospechosos y localizar personas desaparecidas, aumentando la eficacia de las investigaciones”, señala.

Sin embargo, advierte sobre la falta de un marco legal específico para estas tecnologías. “Se debe establecer una regulación adecuada que garantice el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, previniendo abusos como la discriminación y la vigilancia masiva. La confianza pública será crucial para el éxito de estas iniciativas”.

Pilotos de drones en Guayaquil comentan que su formación es mayormente empírica, adquirida a través de cursos en línea y experiencia práctica. “Generalmente trabajamos en eventos. Hacemos las tomas necesarias y luego descendemos el artefacto para entregar el material a quienes producen los videos”, afirma Cabezas.

Aunque Ecuador cuenta con un marco legal actualizado y fuerzas que ya emplean drones para seguridad, la brecha entre la normativa y la capacidad técnica para detectar y neutralizar drones ofensivos es real. El país enfrenta un riesgo plausible —no necesariamente inminente a gran escala— que exige acción preventiva: inversión en tecnología, regulación aduanera, protocolos de respuesta y cooperación internacional.

¿Pueden los grupos delictivos convertir drones en bombas?

Técnicamente, sí. Los drones comerciales ya pueden transportar pequeñas cargas, y existen reportes en la región sobre su uso ofensivo, incluyendo ataques en Colombia y otros países. La logística implica fijación de la carga, activación del detonador, precisión para impactar el blanco, evasión de detección y costos operativos.

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Sin mejoras sustanciales en control y prevención, los grupos delictivos podrían explotar este vector para generar episodios de terror similares a los de un carro bomba, pero con nuevas complejidades operativas.

Las Fuerzas Armadas y la Policía han incorporado drones en tareas de vigilancia y control (por ejemplo, unidades especializadas para combatir narcotráfico), y el reglamento de 2025 les confiere facultades para actuar contra drones ilícitos. 

No obstante, la detección y neutralización efectiva de un dron portando explosivos exige equipos y procedimientos distintos a los de vigilancia: sistemas de rastreo por radiofrecuencia, cámaras térmicas y plataformas que permitan derribo o interferencia segura sin causar daños colaterales. Informes y cobertura periodística indican que hay iniciativas (incluso escuadrones de drones), pero que la dotación y la cobertura territorial siguen siendo limitadas. El uso es progresivo por las maniobras de las bandas criminales que se perennizan en los sectores.

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