Del Estado de propaganda al Estado de desinformación

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las políticas de comunicación de Rafael Correa y Daniel Noboa?

El correísmo pasó a la historia de los despotismos del siglo XXI por haber montado un régimen implacable de control de la opinión pública asentado sobre dos pilares: persecución y adoctrinamiento.

De un lado, una ley antimedios que pretendió deslegitimar la práctica del periodismo y un frente de organismos estatales dedicados a aplicarla: con multas, juicios, intimidaciones… De otro, un aparato de propaganda masiva y omnipresente que no se detuvo ante la calumnia y la impostura con el fin de imponer su relato único (el relato de un gobierno de manos limpias enfrentado a los poderes fácticos) a fuerza de repetirlo a gritos durante las 24 horas del día y en todos los espacios.

En la memoria de los ecuatorianos, los años de correísmo quedarán registrados para siempre como una burbuja de propaganda de la que era imposible sustraerse y de la que permanecen, pegadas como una baba viscosa en el inconsciente colectivo, las insidiosas voces de Douglas Argüello y Elizabeth Farfán, locutores de las cadenas de radio y televisión y de cuantas piezas audiovisuales producía la Secretaría de Comunicación de Fernando Alvarado con el fin de promover el odio entre ciudadanos y mantener en pie de guerra a los militantes.

Un buen día, Lenín Moreno, ya de presidente, pulsó un botón y apagó el aparato de propaganda, que fue como apagar los amplificadores que cada ecuatoriano llevaba pegados a las orejas. Bastaría ese solo gesto para reivindicarlo: de pronto, se hizo el silencio. Y en silencio se puede pensar, discernir, escuchar al otro… Funciones del intelecto indispensables para la salud de la conversación pública y el florecimiento de la democracia. Un período presidencial y medio duró la gracia.

La comunicación 'retorcida' de Daniel Noboa

Entonces llegó Daniel Noboa. Verdad es que su gobierno (el del nuevo país, como dice su eslogan) no tiene un sistema institucional y jurídico para la persecución del periodismo (ni ley mordaza ni superintendencia de comunicaciones) y tampoco un aparato de propaganda propiamente dicho. Sí, con él volvieron las cadenas de radio y televisión (a razón de dos por día) a contaminar el horario de los noticieros estelares; con él, los medios de comunicación supuestamente públicos, financiados por el contribuyente, volvieron a alinearse con las políticas trazadas en la presidencia de la República (lo cual, si se piensa con detenimiento, es un auténtico robo y debería ser juzgado como peculado puro y duro). Pero no hay en el noboísmo, ni remotamente, nada parecido a la masiva movilización de recursos propagandísticos que caracterizó a los años de Correa.

No: lo de Noboa es otra cosa. En lugar de la aplicación implacable de una ley represiva a cargo de los organismos creados para tal efecto, como ocurría con Correa, lo que tenemos con Noboa es la movilización coordinada de las instituciones regulares del Estado (Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Secretaría de Integridad…) para acosar medios de comunicación e influir sobre sus políticas editoriales. Y recados explícitos a través de oficiosos mensajeros para exigir la salida de periodistas indeseables: el correísmo nos llevaba a juicio; el noboísmo pide nuestras cabezas a cambio de dejar en paz al medio para el que trabajamos. En este empeño, el gobierno de Noboa ha cruzado líneas rojas que al correísmo ni siquiera se le ocurrieron: intervenir en la estructura accionarial de las empresas mediáticas; forjar pruebas para acusarlas de delitos tributarios. Por haber resistido a las presiones, Diario EXPRESO ha sido víctima de ambas.

Por último, el gobierno siempre tiene la posibilidad de inventarse un informe reservado (de Inteligencia, de la UAFE, de lo que fuera) en función del cual se acusa a quien sea de lo que sea sin dejarle la opción de ejercer su derecho a la defensa. A nombre de la seguridad nacional, por ejemplo. Ya ha ocurrido. Con el correísmo, al menos, uno sabía a qué atenerse. En el nuevo país, la indefensión es más absoluta, si cabe.

Propaganda y la vulnerabilidad de los ecuatorianos

Eso, en relación con la persecución. En cuanto a la propaganda no pintan mejor las cosas. La del correísmo era mentirosa, difamatoria y a la vez masiva, omnipresente. El noboísmo la ha sustituido por algo más retorcido, más sucio: el envilecimiento general de la conversación pública. En lugar de gastar sus recursos en ampliar el frente de medios gobiernistas concertados en el esfuerzo de promover al régimen, como hizo la SECOM de Fernando Alvarado, el actual gobierno los destina a financiar falsos medios de comunicación que, más que promover las políticas oficiales (que también), cultivan la desinformación. La inteligencia artificial era el componente tecnológico que faltaba para perfeccionar esta operación de enrarecer la esfera mediática con elementos de incertidumbre y de sospecha. Nada de lo que se diga en redes sociales (el canal de información mayoritario de la actualidad) es digno de credibilidad y confianza.

En una sociedad huérfana de alfabetización digital, como la ecuatoriana, los efectos de esta estrategia son devastadores. La mayor parte de información que consume la mayor parte de ecuatorianos es basura. Y esto se debe no solamente a la naturaleza caótica del ecosistema digital sino a una consciente, cultivada y bien financiada estrategia del gobierno. Si el correísmo pudo ser etiquetado, con toda propiedad, como un Estado de propaganda, el noboísmo no desmerece para nada el título de Estado de desinformación.

Para ello, Carondelet dispone (a través de lo que ya ha sido públicamente reconocido por sus propios agentes mediáticos como “la oficina oscura”) no sólo de un ejército de trolls (que esto ya es común en la política) sino de agencias de publicidad disfrazadas de medios de comunicación, ocultas tras logotipos y rostros que el público identifica con el periodismo pero que han sido cooptados; además, medios comprados (a veces mediante testaferros) por el propio gobierno; o medios que éste controla a través de pautas publicitarias u otras prebendas y que actúan, para todos los efectos, como sus cheerleaders.

Todos ellos son piezas fundamentales de una operación que se repite a diario en el Ecuador: el gobierno fija sus objetivos de comunicación pública en función de sus propios intereses políticos y filtra, (a través de cualquiera de los organismos que controla, incluida la Fiscalía) todo tipo de información que estos agentes mediáticos distribuyen en todo tipo de formatos: videos de sospechosa factura, memes, artículos de opinión, cuadros estadísticos insertados en lo que parece información confiable… Hay que leer a los troles para saber, por ejemplo, cómo avanza el concurso para elegir fiscal, o cuáles son los hallazgos en la investigación (reservada) del caso Goleada, o dónde tuvieron lugar los últimos operativos policiales contra el crimen organizado. En estas condiciones, la desafortunada muletilla de “infórmese por los canales oficiales” que siguen repitiendo cínicamente las instituciones del Estado que filtran sus novedades a los trolls, termina convirtiéndose en una burla sangrienta.

El descrédito a los medios de comunicación legítimos

A esto se suma la estrategia de desacreditar a medios legítimos mediante el procedimiento de desmentirlos cuando difunden información que contradice a las fuentes oficiales. En los últimos días, hemos visto cómo periodistas desacreditados por estar al servicio de radios compradas por testaferros del gobierno han tenido la audacia de emprender auténticas campañas de desprestigio contra la agencia EFE a propósito de la noticia de que “alias Pipo”, detenido en España, involucró a Daniel Noboa en el asesinato de Fernando Villavicencio. Su versión, por supuesto, era absolutamente deleznable, pero era suya y la noticia difundida por EFE no sólo era absolutamente legítima sino periodísticamente impecable, pues incluyó la respuesta del ministro del Interior. Sin embargo, en lugar de dirigir sus desmentidos a “alias Pipo”, los cheerleaders se centraron en la agencia, que no hizo más que su trabajo.

Lo mismo ocurrió con las declaraciones de un alto mando del ejército de Colombia, según las cuales su país y el nuestro estaban por iniciar operaciones militares conjuntas en la frontera. En lugar de desmentir al alto mando colombiano, el Ministerio de Defensa se cebó contra el medio digital Primicias, que fue el primero que dio cuenta de esas declaraciones. Mientras el gobierno fomenta la desinformación y la multiplicación de trolls y portales digitales comprados, desprestigia al verdadero periodismo cuya credibilidad reside en su esfuerzo de mediación editorial entre los hechos reportados y el público al que se dirigen.

“Si tuviera que elegir un derecho esencial para el funcionamiento de la democracia -reflexionaba hace unos años el juez Antonin Scalia, de la Corte Suprema de Estados Unidos- tendría que ser el derecho a la libertad de expresión. Porque la democracia consiste en la posibilidad de persuadirnos unos a otros y luego votar y que la mayoría gobierne”. Tal sistema no puede funcionar si la información a partir de la cual los ciudadanos tomamos nuestras decisiones no fuera confiable debido a la manipulación que opera uno de los actores políticos comprometidos en ese juego de mutuas persuasiones.

Si el Estado de propaganda infantiliza el debate público (basta recordar los ejemplos de la Megan o la farsa de Pegaso, esa caja de zapatos con la que se nos prometió el ingreso en la era espacial durante el correísmo), el Estado de desinformación lo corrompe. Con él, toda intento de conversación pública se vuelve basura y no hay democracia que resista.

Mientras tanto, y en medio de coyunturas informativas de altísima gravedad, como el inicio de operaciones militares conjuntas del Ecuador con Estados Unidos en contra del crimen organizado, o la expulsión de la misión diplomática cubana, o la guerra comercial emprendida por el gobierno contra las importaciones colombianas, o la proximidad de un toque de queda que afectará a casi la totalidad de la región costera del país, el presidente concede entrevistas a comunicadores (que no periodistas) caracterizados por su ligereza y absoluta falta de seriedad, radiodifusores cuyo signo de identidad es el griterío y la chacota, y se presta a la banalización de aquellos temas que atormentan a la ciudadanía porque de su resolución depende su propia vida y subsistencia.

Es la identidad del noboísmo con el correísmo en acción: la idea de que la comunicación pública no debe tener ninguna utilidad pública. La noción de que los ciudadanos somos un atado de imbéciles. Y estamos en venta.

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