Contraloría detecta irregularidades en termoeléctrica Catamayo por $14,6 millones
La auditoría reveló fallas técnicas, contratos sin sustento y pagos anticipados en un proyecto del sistema eléctrico del sur
La repotenciación de la Central Termoeléctrica Catamayo, un proyecto clave para el suministro eléctrico del sur del país, terminó bajo la lupa de la Contraloría General del Estado. El organismo aprobó un examen especial que expone una cadena de irregularidades en la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA).
El informe identifica indicios de responsabilidad penal y plantea responsabilidades civiles por más de $14,5 millones, además de administrativas. La auditoría revisó contrataciones, ejecución, pagos y supervisión entre enero de 2023 y junio de 2025.
Según el documento, la declaratoria de emergencia utilizada para acelerar el proceso de contratación no tuvo respaldo técnico. No existieron diseños ni ingeniería básica que justifiquen el modelo aplicado, ni gestiones formales para asegurar el abastecimiento de combustible.
“La emergencia no cumplió los criterios de ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”, señala textualmente el informe aprobado por la Contraloría.
Emergencia sin sustento técnico en Catamayo
En la fase preparatoria, la auditoría determinó que se realizó la contratación sin cumplir requisitos mínimos. Tampoco se evidenció una coordinación con Petroecuador para la logística del combustible HFO6, indispensable para la operación de la central.
Este vacío técnico marcó el inicio de un proceso que, según el ente de control, avanzó sin los soportes necesarios para garantizar eficiencia y legalidad.
El informe también detalla que la oferta de la contratista incumplió especificaciones técnicas clave. El voltaje del generador no coincidía con lo requerido y se ofertaron motores EMD sin repuestos, sin garantía del fabricante y no diseñados para operar con HFO6 (combustible).
Además, la propuesta económica fue negociada antes del envío formal de la oferta técnica y superó los valores definidos en estudios de mercado e informes técnicos.
Equipos que no cumplían normas ni garantías
Las irregularidades continuaron durante la ejecución del contrato. La Contraloría detectó inconsistencias en los plazos, prórrogas sin sustento y falta de control sobre el cronograma. No se exigió a la contratista el cumplimiento del plazo contractual ni se definieron formatos y frecuencia de informes, lo que debilitó el seguimiento del proyecto.
Uno de los hallazgos más graves fue la falta de un procedimiento para verificar el estado real de los grupos electrógenos. La constatación física se realizó sin validar normas internacionales ni el año de fabricación. Pese a estas falencias, se autorizó el pago del 70 % del valor contractual, sin certeza sobre la calidad e integridad de los equipos adquiridos.
Pagos anticipados y contratos sin cobertura
La auditoría también estableció que no se presentaron pólizas obligatorias, como seguros de responsabilidad civil, todo riesgo de montaje y vida. Esto dejó a la entidad pública sin cobertura frente a posibles siniestros o daños a terceros. A ello se suma que la contratista no se domicilió en el país ni presentó documentos ante la Superintendencia de Compañías, afectando la capacidad de exigir el cumplimiento contractual.
En paralelo, la Contraloría examinó el proceso para contratar la supervisión de la repotenciación. El informe de necesidad se limitó a describir la emergencia energética, sin justificar técnicamente la contratación externa. No se presentaron estudios comparativos ni evaluaciones que demuestren que la Empresa Eléctrica Regional del Sur no podía asumir internamente la supervisión.
Supervisión contratada sin respaldo técnico
Los términos de referencia carecieron de diagnósticos previos y mecanismos claros para verificar la experiencia del personal. El estudio de mercado se elaboró con una sola propuesta, sin invitaciones registradas en el SOCE ni análisis comparativos. Incluso, el acta de negociación se firmó antes que el propio estudio de mercado, según constató la auditoría.
Pese a estos vacíos, la comisión técnica recomendó adjudicar el contrato al Consorcio Térmica Catamayo. De los 14 profesionales ofertados, ocho no acreditaron experiencia y tres la sustentaron desde años no contemplados en los requisitos. Además, el consorcio se constituyó el mismo día en que se firmó el contrato, un hecho que la Contraloría considera relevante.
Indicios penales y responsabilidades millonarias
El informe también cuestiona la actuación de funcionarios que intervinieron sin delegación formal. El Coordinador de la Presidencia Ejecutiva emitió directrices y revisó documentos sin respaldo administrativo. Posteriormente, se modificó el objeto contractual mediante una adenda, pese a que la comisión que recomendó continuar el trámite ya no tenía competencia.
Como resultado de todos estos hallazgos, la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal. Además, sugirió responsabilidades administrativas por $131.830 y civiles por $14’552.832,26.
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