Contraloría detecta millonarias irregularidades en contratos del hospital Monte Sinaí

La Contraloría General del Estado puso la lupa sobre el Hospital General Monte Sinaí y encontró un patrón de irregularidades que dejó millonarios vacíos sin explicación. El organismo aprobó el informe DNA7-SySS-070-2025 y detectó indicios penales y sugiere responsabilidades civiles y administrativa tras examinar 43 procesos de contratación relacionados con dispositivos médicos, reactivos de laboratorio, gestión de desechos hospitalarios y medicamentos.

Las operaciones auditadas alcanzan los $17’647.379 y se ejecutaron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2025. El documento revela fallas sistemáticas en inventarios, compras y controles, que derivaron en recomendaciones para establecer responsabilidades civiles y administrativas por montos que superan los $4 millones.

Irregularidades millonarias en compras hospitalarias

Como resultado de la acción de control, la Contraloría sugirió responsabilidades civiles por $3’784.616,26 y administrativas por $222.840. Estas se originan en contratos vinculados a la gestión externa de desechos hospitalarios y la adquisición de medicamentos, insumos y reactivos para el laboratorio clínico.

El informe detalla que estas deficiencias no fueron aisladas, sino recurrentes. En varios procesos no se justificó adecuadamente la necesidad de las compras ni se pudo verificar el uso real de los productos adquiridos, lo que impidió confirmar si respondían a una demanda institucional legítima.

El caso más grave se detectó en el laboratorio clínico. El análisis de 20 procesos de contratación evidenció que 1’344.062 unidades de reactivos fueron descargadas del inventario sin que existan resultados médicos que respalden su uso.

“La falta de respaldo documental impide conocer el destino de los reactivos”, señala el informe aprobado por la Contraloría. El valor de estos materiales sin trazabilidad asciende a $3’598.185, uno de los montos más altos del examen especial.

Reactivos sin respaldo y compras sin sustento técnico

La auditoría también evidenció fallas en la planificación de las adquisiciones. Un total de 42 informes de necesidad no incluyeron datos esenciales como stock disponible, consumo mensual ni tiempo de abastecimiento, parámetros clave para justificar cualquier compra pública.

Además, en 38 informes se detectaron diferencias entre las cantidades solicitadas y las aprobadas en las Actas del Comité Técnico de Farmacoterapia. Estas omisiones impiden confirmar si la compra de 1.205 ítems respondió a una necesidad real del hospital o a decisiones sin sustento técnico.

El informe advierte que estas prácticas debilitan los controles internos y abren la puerta a un uso ineficiente de los recursos públicos. La ausencia de información clave impide verificar si los insumos adquiridos eran prioritarios o si podían haberse evitado.

Las inconsistencias no se limitaron a los insumos médicos. La gestión de desechos hospitalarios también mostró irregularidades que generaron un perjuicio económico directo al Estado.

Desechos hospitalarios: pagos sin validación real

La Contraloría determinó un perjuicio de $124.390,97 por inconsistencias en el pesaje de los desechos hospitalarios. Entre el 11 de julio de 2023 y el 5 de mayo de 2024, durante 157 días, los datos consignados en los manifiestos no coincidieron con las bitácoras de seguridad.

Pese a estas diferencias, los pagos fueron autorizados sin que exista una validación real de la cantidad de residuos trasladados para su disposición final. “No se comprobó la correspondencia entre lo registrado y lo efectivamente transportado”, concluye el informe.

Otro foco de alerta se encendió en el manejo de medicamentos. Al cruzar la información de ingresos a bodega con los Certificados de Análisis de Lote (COA), se identificaron diferencias que no tienen explicación técnica ni documental.

En el caso del Magaldrato, del lote 9580623 solo se produjeron 4.000 unidades, pero el hospital registró el ingreso de 11.219. Una situación similar ocurrió con tabletas masticables Cbcal, donde se detectó una diferencia de 164.045 unidades entre lo facturado y lo ingresado en bodega.

Medicamentos inflados y reactivos a punto de caducar

El daño patrimonial derivado de estas inconsistencias en medicamentos asciende a $47.674,33, según el informe de la Contraloría. Estas diferencias comprometen la confiabilidad de los inventarios y la seguridad del sistema de abastecimiento del hospital.

A esto se suma la adquisición de 7.800 insumos para pruebas de Hepatitis A y gasometría, que generó un perjuicio adicional de $22.014,25. Aunque los contratos exigían una vigencia mínima de 12 meses, se ingresaron reactivos con menos de tres meses de vida útil.

Esta situación fue aceptada en las actas de entrega sin garantías de canje. La Contraloría advirtió que ello comprometió la sensibilidad técnica de las pruebas y dejó sin justificación el uso y destino de 5.143 unidades.

El informe también identificó un elemento que afecta directamente la transparencia de los procesos de contratación: la existencia de vínculos no declarados entre proveedores que participaron en concursos públicos.

Vínculos familiares y contratos bajo sospecha

La auditoría detectó un vínculo operativo y familiar, por consanguinidad de primer y tercer grado, entre tres oferentes que participaron en dos procesos para la compra de reactivos de laboratorio. Estas relaciones no fueron declaradas durante los concursos.

Según el informe, esta omisión permitió que las compañías aseguraran la adjudicación de los contratos, afectando la transparencia y la libre competencia. Las deficiencias dieron paso a la emisión de indicios de responsabilidad penal.

Estos indicios fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado. Los posibles delitos se relacionan con la ejecución de contratos para la gestión externa de desechos hospitalarios, la adquisición de medicamentos y reactivos, y las relaciones no declaradas entre proveedores.

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