Correísmo inicia fiscalización a HealthBird y presiona por un examen especial urgente
Contraloría revisa denuncias sobre el sistema de citas médicas mientras legisladoras exigen control urgente al contrato
El caso HealthBird escaló este 3 de diciembre con nuevos pedidos de fiscalización desde la Asamblea. La legisladora de Revolución Ciudadana, Cristina Jácome, anunció que inició oficialmente la revisión del contrato, tras requerir al IESS, a la CNT y al Sercop toda la documentación relacionada. “El país merece saber quién lo autorizó”, afirmó en su mensaje público.
Jácome sostuvo que la fiscalización apunta a conocer cómo se adjudicó el sistema de agendamiento de citas médicas y si existen similitudes con casos como Progen. “Queremos saber si estamos frente a un PROGEN 2.0 o un nuevo atraco al país”, dijo la asambleísta, quien difundió su comunicado en redes sociales.
Contraloría revisa la adjudicación del sistema
El contralor general del Estado, Mauricio Torres, confirmó que la institución abrió una verificación preliminar del contrato, tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades y dudas sobre la experiencia técnica de HealthBird. El proceso busca determinar si procede iniciar un examen especial.
Torres explicó que se recopilará información sobre los antecedentes de la empresa, los informes técnicos, el cumplimiento de estándares y toda la fase precontractual. “En los próximos días tendremos resultados de esta verificación preliminar”, afirmó. La Contraloría aplicará técnicas de auditoría para delimitar el alcance de un eventual examen.
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La Asamblea exige mayor rapidez en el control
Un día antes, el 2 de diciembre, la presidenta de la Comisión de Niñez, Viviana Veloz, informó que la Contraloría respondió a su pedido de examinar el contrato. Sin embargo, cuestionó que solo se haya iniciado una verificación previa y consideró que el caso requiere acciones más profundas e inmediatas.
“Un contrato millonario, lleno de opacidad, exige control inmediato”, señaló Veloz, quien insistió en la necesidad de proteger los recursos del IESS. “Seguiré fiscalizando. Es mi deber constitucional y mi compromiso con el país”, afirmó. También rechazó intentos de intimidación: “El poder nos teme a nosotras”.
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