Vocal de la Judicatura descarta frenar concursos de jueces pese al juicio a Godoy
Fiscalización avanza entre demoras, renuncias y audios, mientras siguen procesos para cubrir vacantes en la justicia
El Consejo de la Judicatura mantiene en marcha los concursos para jueces constitucionales y de la Corte Nacional pese al juicio político contra su presidente, Mario Godoy, que ya se tramita en la Asamblea Nacional. Así lo afirmó Fabián Fabara, vocal del organismo, durante una entrevista en Teleamazonas, en la que negó bloqueos institucionales y aseguró que no se han recibido pedidos formales de documentación.
Fabara explicó que el inicio del juicio político se vio retrasado por la falta de información de varias entidades del Estado, pero aclaró que, en el caso del Consejo, no existe una solicitud oficial. “Si la Asamblea lo solicita, nuestra obligación legal es entregarla”, sostuvo el vocal.
El funcionario recalcó que la defensa del presidente es un asunto personal. “Le corresponde al doctor Godoy ejercer su defensa con la estrategia que considere adecuada”, señaló, al insistir en que la institución seguirá operando con normalidad.
Concursos de jueces no se detendrán
Uno de los puntos más cuestionados ha sido la continuidad de los concursos en medio del juicio político. Para Fabara, frenar estos procesos afectaría directamente a los ciudadanos. “No podemos detener nuestra obligación legal y constitucional”, afirmó, al responder a las críticas que consideran ilegítimo avanzar con concursos mientras el presidente del Consejo enfrenta un proceso en la Asamblea.
Recordó que la Corte Nacional de Justicia permanece incompleta desde hace varios años y que los jueces constitucionales deben ser designados por mandato popular tras una consulta nacional.
Según el cronograma oficial, el concurso para la Corte Nacional se lanzará en mayo y tomará alrededor de siete meses, con el objetivo de que los nuevos jueces entren en funciones en enero de 2027. El proceso para jueces constitucionales iniciaría en febrero de 2026.
Juicio político y entrega de documentos
Durante la entrevista, Fabara aseguró que el Pleno no ha sido notificado formalmente por la Asamblea Nacional. “El pleno del Consejo no ha recibido ningún tipo de pedido”, reiteró, al referirse a los reclamos por la falta de documentación.
Aclaró que, de existir una solicitud oficial, esta será atendida sin dilaciones. “Nuestra obligación legal es entregarla”, dijo, descartando una postura de obstrucción al proceso de fiscalización. El vocal subrayó que la estrategia de defensa corresponde únicamente al presidente del organismo. “Ese es un derecho personalísimo”, insistió.
El Consejo sigue sesionando en medio de la crisis
Fabara afirmó que el Consejo de la Judicatura no ha detenido su trabajo pese al escenario político. Indicó que el Pleno sesiona de manera ordinaria y extraordinaria cuando la situación lo requiere.
Detalló que en enero se mantuvieron reuniones con jueces anticorrupción, de las que surgieron resoluciones relevantes, y que están previstas citas con tribunales contencioso-administrativos, especialmente en Quito, donde existen conflictos de integración.
También informó que se avanzó en la normativa para los concursos de jueces constitucionales y en el reglamento para la selección de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, además de la aprobación del plan anual y su presupuesto.
Renuncias, audios y procesos disciplinarios
Fabara también confirmó la salida de varios funcionarios tras denuncias públicas y audios difundidos en medios. Entre ellos, Roger Tumali, exdirector de Asesoría Jurídica, quien presentó su renuncia luego de que se conocieran grabaciones que lo involucraban en la redacción de una sentencia.
“Actuamos de manera inmediata”, señaló Fabara, al explicar que aceptar la renuncia fue más rápido que iniciar un sumario administrativo que podría tomar hasta 120 días.
También mencionó la salida de Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha, quien enfrenta procesos disciplinarios y una investigación en la Fiscalía General del Estado. “Separarse del cargo no significa impunidad”, enfatizó.
Desconfianza ciudadana y liderazgo bajo cuestionamiento
Consultado sobre la posibilidad de que Mario Godoy solicite una licencia o renuncie, Fabara evitó pronunciarse. “Es una decisión absolutamente personal”, reiteró en varias ocasiones. Aseguró que el Consejo puede seguir funcionando independientemente del resultado del juicio político. “Nadie es indispensable y la marcha institucional no se puede detener”, afirmó.
Sobre la desconfianza ciudadana, atribuyó la designación de funcionarios cuestionados al Pleno anterior. “Nosotros llevamos tres meses en funciones”, indicó, al señalar que el actual Consejo ha iniciado un proceso de evaluación y depuración interna.
Seguridad para jueces anticorrupción
Fabara también se refirió a la situación de los jueces anticorrupción y a los riesgos que enfrentan. Señaló que se solicitó al Ministerio del Interior protección policial permanente para estos magistrados. Explicó que el riesgo no es ocasional, sino constante. “Cuando un juez toma una decisión, las represalias pueden llegar después”, advirtió.
Indicó que, en casos de amenaza, los jueces pueden acceder a teletrabajo mediante sistemas seguros, previa comunicación con las autoridades provinciales correspondientes.
