Competencia de tránsito en municipios: ¿intervención del Gobierno será la solución?

El ministro del Interior John Reimberg declaró que a los municipios del país les "ha quedado muy grande" la competencia de regular el tránsito en sus jurisdicciones, esto se debe a los casos de corrupción en emisión de licencias, matrículas y revisión técnica vehicular, entre otras gestiones.

Lo señaló ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que fiscaliza las irregularidades encontradas en las agencias de Manta y Durán, que ya llevan seis meses intervenidas por el Gobierno. Es por esto que el ministro de interior John Reimberg planteó que habría que “quitarles la competencia del tránsito a los municipios, ni los más grandes, son un desastre”.

¿Esta es la solución?

Paola Carvajal, exdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) destacó que hay que darle apoyo a esta postura planteada por Reimberg por la “preocupación y acciones que está haciendo el ministro de Gobierno respecto a terminar con la corrupción y terminar con todas estas mafias que sabemos que ha existido durante muchos años”, pero en esa misma línea Carvajal señaló que “eliminar las competencias a los municipios no sería una solución tampoco”.

Su argumento se refiere a que, quitarle las competencias podría ser “más traumático” que fortalecer a los equipos y hacer mecanismos de supervisión. Porque hoy lo que "más necesitamos son policías para que nos cuiden de la inseguridad" y si distraemos de esa actividad a la policía, podría quedarse la inseguridad sin suficiente personal, destacó Carvajal.

En cambio, el exministro de Gobierno y exsecretario general municipal del Municipio de Guayaquil, Henry Cucalón, señaló que la declaración del ministro de Interior refleja una “ignorancia alevosa” de nuestro marco constitucional, aclarando que el artículo 264 de Constitución de la República del Ecuador establece que “a los municipios les corresponde tener la competencia exclusiva para planificar, regular, controlar el tránsito y el transporte público de su cantón” y rechaza que se hable de “recentralizar una competencia exclusiva”.

No obstante, declaró que cualquier municipio o cualquier dependencia pública esté prestando mal un servicio debe ser investigado y sancionado administrativamente o por la vida penal en el caso de que exista defraudación de fondos como cualquier entidad pública.

En esa misma línea, Adrian Castro, asambleísta de ADN destacó que en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en sus artículos 157 y siguientes, no habla de “quitar” competencias per se, sino habla de una “intervención temporal y subsidiaria”, de las competencias de un gobierno autónomo descentralizado, hasta que se superen las causas que la motivaron. Dicho artículo indica que la intervención es exclusivamente en estos casos:

• Por omisión del ejercicio de una o más competencias o la prestación de uno o más servicios del titular.
• Por ineficacia en el ejercicio de la competencia o la prestación del servicio, debidamente comprobada por el Consejo Nacional de Competencias.
• Por solicitud, expresa y voluntaria, del propio gobierno autónomo descentralizado.

Por lo que Castro indicó que el debate debe plantearse como la aplicación rigurosa del marco legal existente, evaluando caso por caso y actuando donde “realmente existen fallas”.

¿Qué otras alternativas hay?

Carvajal plantea que debería haber un “fortalecimiento real de capacidades técnicas a los distintos municipios y un proceso de supervisión permanente y basado en mucha técnica”, como el uso obligatorio de tecnología, como por ejemplo la BodyCam, aparato con el que ve posible “cortar la corrupción”.

Además señaló que habría que buscar que los directores que se coloquen en la agencia tengan un “compromiso real” con la calidad y servicio ciudadano, pues en los últimos 10 años, "los directores ejecutivos no llegan ni al año” y que no puede haber un fortalecimiento cuando la “rotación de la cabeza de la institución es tan alta”.

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Cucalón, por su parte, destacó que los municipios deberían ser realmente regulados, controlados y sancionados pero no con “espíritu centralista" o un proceso "re-centralizador" que violente la Constitución, para eso justamente cada municipio tiene sus niveles de gobierno, su propio consejo municipal, que efectúe un control.

Finalmente, Castro indicó que la principal alternativa, es la que manda la ley, que se trata de usar correctamente el sistema de competencias:

• Evaluaciones técnicas objetivas del ejercicio de la competencia de tránsito en cada GAD y depuración de usuarios que están a cargo del sistema.
• Intervenciones temporales y focalizadas, dispuestas por el Consejo Nacional de Competencias (CNC), cuando se demuestre ineficiencia u omisión.
• Acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional.

Utilizó de ejemplo que durante la administración de la ANT 2022 se informó al CNC sobre más de 117 mil matrículas vehiculares irregulares detectadas en cerca de 147 GAD, con un perjuicio estimado de alrededor de $50 millones de dólares, sin embargo, señaló que el CNC “no hizo nada”, lo que requiere control y seguimiento también a este organismo.

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