"Porsche fue prestado a empleada de confianza. No se les da a todos esa facilidad"

El abogado de Corporación Noboa, Fernando Yávar, explicó a EXPRESO detalles sobre el vehículo Porsche Cayenne que ha sido relacionado por el correísmo y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con la explosión en la Bahía de Guayaquil. Según Yávar, el automóvil perteneciente a Industrial Molinera fue utilizado por una trabajadora de "confianza" de la empresa, Érika Johana Tumbaco Flores, quien lo habría utilizado por una emergencia familiar.

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“La señora Tumbaco recibió una llamada informando que su hijo estaba enfermo en el hospital del IESS Ceibos. Por esa razón se le facilitó el vehículo. No es un carro nuevo ni de lujo como se ha querido presentar. Es un Porsche Cayenne del año 2011”, aclaró Yávar. En el trayecto al hospital, según relató, Tumbaco recibe una llamada en la que le informan que su vivienda en la isla Trinitaria está siendo allanada por la Policía. Por eso decide desviarse e ir a su vivienda. 

Este Diario le consultó si Tumbaco tenía un vínculo con Iván B., a lo que el abogado señaló que no tenía ningún vínculo con esta persona, quien vivía en la planta baja de la vivienda rentera ubicada en la Isla Trinitaria, donde se registró un operativo de allanamiento en el caso de la explosión en Guayaquil. “Ella no tenía relación alguna con Ballesteros ni con las familias que vivían arriba. Según comentó, apenas sabía que era una persona que llegaba tarde. Vivían en espacios distintos dentro de la misma casa rentera", detalló. De acuerdo con el testimonio, la esposa de Iván B. habría llegado primero a la vivienda “como madre soltera”, y meses después él se mudó al mismo lugar.

“No hubo ningún acto irregular”

Yávar recalcó que el préstamo del vehículo fue un acto de apoyo ante una urgencia médica y que no existe ninguna irregularidad ni relación política. “Se trató de una empleada de confianza. No significa que todos los trabajadores tengan ese tipo de facilidades; fue un caso excepcional”, respondió el abogado ante la consulta si era muy común que la empresa tenga este gesto con los empleados. 

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El abogado agregó que, cuando Tumbaco regresó a su casa en la Isla Trinitaria tras conocer del allanamiento, Iván B. ya había sido detenido. Negó también que la mujer haya retirado evidencias del domicilio, como se mencionó en la comparecencia de la Comisión de Garantías Constitucionales. “Eso es completamente falso. No existe evidencia alguna de que ella haya retirado celulares ni objetos. Son versiones políticas sin sustento”, insistió.

Denuncias y pedido de investigación

Yávar explicó que existen actualmente tres denuncias en torno al caso: una presentada por el asambleísta Juan González, otra por la Comuna de Barrios de Guayaquil, a través del abogado Pedro Granja, y una tercera ingresada por la Corporación Noboa.

Según el abogado, la empresa exige que la Fiscalía investigue si las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales fueron entregadas en su totalidad o si hubo omisiones. “Queremos que se determine si, tras la captura de Ballesteros, los videos del sector fueron remitidos a la Fiscalía. Si no fue así, debe establecerse por qué esa evidencia no fue reportada de inmediato. De lo contrario, estaríamos frente a una obstrucción a la justicia”, enfatizó.

Yávar cuestionó además la demora del Municipio y de la empresa de seguridad Segura EP en reportar los videos. “No puede ser que recién cuatro meses después se mencione el tema por una alerta política. Si realmente era tan grave, debieron comunicarlo antes. Esto ha sido un show político que debe terminar”, sostuvo. A esto, Pedro Granja, abogado de la Comuna de Barrios de Guayaquil, replicó en redes sociales publicando el oficio con el que, asegura, ingresaron y se receptaron los indicios del atentado terrorista, la persecución en caliente y la captura.

“La historia real está clara”

El abogado concluyó afirmando que la trabajadora involucrada existe, tiene domicilio en la Isla Trinitaria y vive en una vivienda independiente de la de Iván B. “Érika Tumbaco Flores está afiliada al IESS desde 2021. Vive con sus hijos en una casa rentera donde habitan tres familias. Su situación es verificable, y lo demostrará ante la Fiscalía”, aseguró.

Para Yávar, la polémica generada en redes y en la Asamblea responde a intereses políticos ajenos al proceso judicial. “Esto ha sido un discurso político sin fundamento. Hoy los hechos están claros y será la Fiscalía la que determine responsabilidades”, concluyó.

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