Policía Judicial tiene solo 61 cuerpos para entregar

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Policía Judicial tiene solo 61 cuerpos para entregar

La cifra difiere de los 68 fallecidos que señala Fiscalía. Del listado de la Policía, ya se identificó 34. Familiares esperan noticias en la morgue

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Familiares acuden hasta la Policía Judicial para obtener noticias de sus allegados, tras la muerte internos en la Penitenciaría.Freddy Rodriguez

Sin concordancia. La Secretaría General de Comunicación dio a conocer al mediodía de ayer que han sido identificadas 34 de las 68 víctimas del asesinato masivo ocurrido el viernes 12 y sábado 13 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral. No obstante, veinte minutos después, Marco Ortiz, director de la Policía Judicial, señaló que solo tienen 61 cadáveres para entregar a los familiares.

Tras la nueva masacre, las escenas de dolor y confusión se repiten. Esto por la falta de información oportuna por parte de Gobierno que, hasta la tarde de ayer, no ofreció ningún pronunciamiento ni detalles de los resultados del gabinete de crisis que instauró el sábado y el domingo para el “análisis de la situación y toma de decisiones”. Hasta el cierre de esta edición se siguió esperando el “anuncio importante” que señaló en un tuit el presidente Guillermo Lasso.

“Del procedimiento que hicimos fueron levantados e ingresados a la morgue 61 cuerpos. A estos se les realizan los procedimientos técnicos de identificación y hasta el momento se ha logrado identificar a 34. Estamos comunicando a los familiares para que hagan el trámite respectivo aquí en las instalaciones de Criminalística”, informó Ortiz.

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Fue la Fiscalía la primera en anunciar 68 cuerpos el sábado    pasado, una cifra que ratificó el día de ayer. De los 7 supuestos cadáveres faltantes, no se sabe. No obstante, desde la entidad se admitió que esa “discrepancia” puede ser el resultado de la complejidad del estado de los restos humanos y las dificultades para su reconocimiento y que estos sean contabilizados por Criminalística.

Una muestra es que además de los incinerados, hay restos de “miembros sueltos, entre esos al menos seis cabezas”, sin contar además que los 25 heridos tienen pronósticos distintos y que con el pasar de las horas o días puede elevarse el número de fallecidos.

Hasta la tarde de ayer, cuatro cuerpos fueron entregados a sus familiares. Mientras tanto, en la Policía Judicial se valen de la ciudadanía para recopilar información y actualizar datos.

Cada cierto tiempo, funcionarios del organismo acuden hasta los exteriores de sus instalaciones ubicadas en el centro-sur de la ciudad para anunciar a viva voz: “Quienes no hayan identificado a su familiar, por favor vengan con nosotros”.

De esta forma, las personas que desean información son agrupadas y les solicitan insumos como documentos, fotografías o descripciones para ayudar en el reconocimiento de las víctimas. Se les hace pasar para que vean el listado y comprueben que su allegado está o no en la nómina. Caso contrario, se mantiene la espera hasta avanzar en el reconocimiento de cuerpos y la actualización.

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“No me dijeron nada, me hicieron ver si estaba en una lista de registrados. Y si no está, como me pasó, mandan a esperar hasta que ellos llamen. Eso es lo único que saben decir”, manifestó un joven de 22 años que estaba buscando a su padre y quiso ser identificado como Chino, por miedo a represalias.

Así también Nina Medina, quien ya buscó a su hijo en varios hospitales y que, a diferencia de las otras masacres, esta vez siente “una corazonada distinta”, pues los compañeros del pabellón 2 se han comunicado con varias madres para dar señales de vida o información, pero con ella no ha sucedido.

“Este 19 de noviembre debía salir. Yo perdí mi trabajo porque estaba en los papeleos para que salga libre y pedía permisos para hacer los trámites en los juzgados. Estaba desesperada por sacarlo porque a ellos ya les habían dicho que los iban a exterminar como pabellón entero, porque no se podía cumplir con las coimas y las extorsiones que se dan en ese sitio. Es horrible lo que ellos viven adentro”.

Del mismo modo, Alejandro Castro, padre de un conserje del centro de reclusión femenino (situado al lado de la Penitenciaría), quien sostuvo que lo metieron injustamente a la cárcel porque lo acusaron de entrar un celular a la prisión de varones.

“Él estaba saliendo de su trabajo y afuera unos guías penitenciarios estaban entrando celulares. Llegó la policía y lo acusaron a él y no le dieron oportunidad de defenderse. Los jueces me pedían 15 mil, 10 mil y por último 5 mil dólares para sacarlo, algo que nunca iba a poder conseguir. Le dieron dos años y ahora en diciembre cumplía una condena que no tenía que cumplir. Y los otros, ‘bien gracias’”.

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Castro supo que su hijo está muerto por un video que le enseñaron, pero no porque las autoridades se hayan comunicado con él para decirle que su hijo está entre las víctimas. Afirma que permanecerá en el lugar hasta que lo llamen, para ejecutar los “papeleos” para sacarlo.

El Chino, Medina y Castro coinciden en que las autoridades y los mandos medios sabían que iba a ocurrir una hecatombe, debido a las amenazas realizadas por los presos de otros pabellones y varios intentos de amotinamiento registrados la semana anterior. Ellos identifican que una de las razones por las que fueron asesinados es por no pagar el dinero para ser protegidos o alimentados.

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Ocho cadáveres de la matanza del 28 de septiembre aún no son identificados por la complejidad de su situación, anunció Marco Ortiz, director nacional de la Policía Judicial. Estos restos cumplen actualmente un proceso de “reconocimiento genético”, pues no fue posible identificarlos de forma dactilar y antropológica. “Esperamos que en los próximos días con los resultados de los exámenes se pueda dar con la identificación para entregarlos a sus familias” apuntó Ortiz.