El país volvió a despertar la madrugada de este sábado 13 de noviembre de 2021 envuelto en el espanto y el horror que genera un nuevo enfrentamiento en las cárceles. Esta vez, en la Penitenciaría del Litoral, donde (según el último dato oficial) entre la noche del viernes y la madrugada del sábado fallecieron 68 presos y 25 personas quedaron heridas.

De acuerdo con las autoridades, la nueva masacre es el resultado del intento de toma de poder o liderato de bandas que están encerradas en las cárceles del país. Esta vez, el blanco fue el pabellón 2 de la Penitenciaría, luego de que días atrás su líder fuera puesto en libertad. A las 19:00 del viernes, la policía recibió la primera alerta de los desmanes, que no pudieron retener por ser “más violentos de lo normal”. La comandante general de la Policía, Tanya Varela, detalló que la intervención apenas se logró en la madrugada (02:00), tras ver, a través de drones, que internos de “tres pabellones andaban deambulando en el centro penitenciario, armados y con explosivos, quemando colchones”.

Varela no descartó que puedan ocurrir otros hechos u acciones de este tipo, “tomando en consideración que los cabecillas de las organizaciones delictivas han sido puestos en libertad, generando estos vacíos”. Varela enfatizó que la Policía Nacional estará en el interior del centro de reclusión “el tiempo que se requiera” para dar “seguridad a este pabellón, porque las bandas delictivas tienen el objetivo de apoderarse” de él.

Hasta ahora no hay una lista de fallecidos porque los equipos de Criminalística están realizando el levantamiento de información. Esto en referencia a un grupo de nombres que integraban el pabellón 2 y que fue divulgado en redes sociales. El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, señaló que no es real.

No obstante, en los exteriores del centro penitenciario circularon supuestos listados con los nombres de los fallecidos. Y entre las presuntas víctimas constaban dos investigados por el caso que se abrió en contra de Daniel Salcedo, tras las acciones ilícitas relacionadas con el tráfico de insumos médicos durante la primera cuarentena por coronavirus en Ecuador. Los individuos constaban con sus identidades completas: Abraham David Muñoz Vélez y Víctor Fernando Chele Loor. Christian Cornejo, representante legal de Muñoz y Chele, quien acudió hasta los exteriores de la cárcel en compañía de la hermana de uno de sus clientes, Belén Muñoz, dijo no tener información de sus representados y exhortó a esperar una lista oficial.

Tras los resultados de esta última masacre, en lo que va de 2021 van 333 personas privadas de libertad (PPL) asesinadas en el interior de las cárceles del país, en medio de un estado de excepción que fue decretado tras el amotinamiento que dejó 119 reos fallecidos el pasado 28 de septiembre. El segundo estado de excepción culmina el 18 de este mismo mes, luego de que la Corte Constitucional determinó que por falta de argumentación lo limitaría a un mes de vigencia.

Sin embargo, desde la declaratoria del 29 de septiembre, cuando se le ordenó al Ministerio de Finanzas que priorice y destine los recursos necesarios para atender y resolver la crisis, no se adquirió nuevo equipamiento, armamento o personal para enfrentar la crisis, reveló ayer en rueda de prensa la comandante Varela. No explicó mayores detalles.

La tarde de este sábado, el presidente Guillermo Lasso lideró en Guayaquil el gabinete de crisis integrado por el alto mando de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y sectores de la sociedad civil, para analizar y “organizar un diálogo al interior de la cárcel para detener la barbarie que está ocurriendo” señaló Carlos Jijón, vocero de la Presidencia. Entre las personalidades invitadas estuvieron el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, y la activista social Nelsa Curbelo.

Hasta las 18:00 de se esperaba un pronunciamiento del primer mandatario, pero esto no se dio. Más temprano, vía Twitter, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas e hizo un llamado a la Corte Constitucional. “Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el organismo. En un comunicado, la Corte expuso que sus dictámenes emitidos vienen advirtiendo desde 2019, “de manera reiterada, que la severa crisis que afecta al sistema penitenciario requiere de acciones concretas y estructurales, diferentes a las que pueden ser adoptadas en un estado de excepción”. Las declaraciones del presidente, se dijo, “buscan evadir sus propias responsabilidades”. 

Tiempo después, Lasso replicó. Dijo tener "hondamente" respeto por la autoridad de la Corte y "acataré siempre sus fallos, porque es mi obligación legal". No obstante aclaró que "ello no obsta que esté en desacuerdo con ciertas posiciones  y lo declare públicamente cuando sienta que la situación lo amerita. La sana crítica es parte del equilibrio de poderes del Estado", puntualizó en un comunicado. ESL/GRB/SCM