"Es una ruta peligrosa hacia el autoritarismo": Human Rights Watch sobre Daniel Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó para el 12 de agosto de 2025 una marcha pacífica ciudadana contra los jueces de la Corte Constitucional, después de que estos suspendieran de forma provisional varios artículos de leyes impulsadas por el Gobierno.

La marcha, que llegó hasta el edificio matriz de la Corte Constitucional en Quito, generó una ola de reacciones, entre ellas la de la organización Human Rights Watch, que cuestionó el discurso polarizador y estigmatizante contra los jueces constitucionales.

En entrevista con Diario EXPRESO, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, habló sobre el riesgo que representa el agresivo discurso del Gobierno de Noboa para la democracia ecuatoriana y ofreció un balance de las últimas y polémicas decisiones del régimen.

El discurso de Daniel Noboa viola la independencia judicial

- Usted se ha pronunciado en contra de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional. ¿Por qué preocupan este tipo de actos?

La protesta pacífica es un derecho. Lo que preocupa no es la manifestación; lo que preocupa son las declaraciones al más alto nivel del Gobierno, empezando por el presidente, pero siguiendo por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y la ministra de Derechos Humanos, que de manera estigmatizante han tildado a los magistrados y a los jueces de la Corte Constitucional como opositores, como defensores de la violencia y de la criminalidad. Esos ataques estigmatizantes sí son violatorios del Estado de derecho, porque lo que le corresponde a los jueces en una democracia, en un Estado de derecho, es dirimir las controversias. Ellos juegan un rol fundamental para que, independientemente de las distintas visiones políticas o de la ideología de quien esté en el poder en un momento particular, haya un grupo de notables que sean guardianes de la Constitución.

Con todo el poder del Estado, Daniel Noboa no ha podido con el crimen

- Sin embargo, tomándose el nombre de la ciudadanía, el Gobierno Nacional argumenta que los jueces de la Corte Constitucional están actuando en contra de los ecuatorianos al suspender leyes que, a criterio del régimen, sirven para combatir la inseguridad...

No es justificable tomarse el nombre de la ciudadanía, porque constituye un atentado a la independencia judicial. Insisto: en un Estado de derecho hay separación de poderes. Ningún Ejecutivo tiene todo el poder; existen pesos y contrapesos para garantizar que ninguno de los poderes viole reglas básicas. Si uno entra al detalle de lo que está pasando, primero hay que decir que el Gobierno del presidente Noboa, en más de un año y medio en el poder, ha declarado estados de excepción y un conflicto armado y, sin embargo, a pesar de estas medidas extraordinarias, no ha logrado ser efectivo en la lucha contra la criminalidad organizada. Si uno compara el primer semestre de 2025 con el primer semestre de 2024, hay un incremento del 47 % en la tasa de homicidios de Ecuador, que hoy en día, tristemente, es la más alta de Sudamérica, después de que el país fuera un bastión de paz frente a vecinos como Colombia, históricamente mucho más violentos. Lo paradójico es que ninguna de sus medidas ha sido efectiva.

- Las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, según el Gobierno de Daniel Noboa, ayudarían en el fortalecimiento de la seguridad y el combate al crimen organizado...

Estas leyes de ninguna manera fortalecen la capacidad de la administración de justicia; no incrementan, por ejemplo, la presencia de investigadores, peritos o expertos forenses capaces de desvertebrar estructuras de crimen organizado. Lo que hacen es quitarle derechos a la ciudadanía, y ahora se molestan porque la Corte Constitucional dice que eso atenta contra la Constitución. Además, hay que decirlo con claridad: la Corte ni siquiera ha tomado una decisión de fondo. Es cínico que el Gobierno pretenda culpar a la Corte Constitucional de los indicadores de violencia, cuando el Gobierno de Noboa se ha atribuido toda suerte de poderes excepcionales a través de los regímenes de excepción y la declaratoria de conflicto armado, y aun así no ha sido capaz de reducir la violencia. La responsabilidad de esa inseguridad recae, en primer lugar, en el Gobierno, que no ha protegido a los ecuatorianos y ecuatorianas frente a la criminalidad.

Las leyes urgentes de Daniel Noboa quita derechos a los ciudadanos

- ¿Cuáles son sus principales reparos con las últimas leyes económicas urgentes impulsadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa?

La Ley de Solidaridad permite al presidente Noboa decretar un conflicto armado interno, saltándose la revisión de constitucionalidad establecida en la Constitución ecuatoriana bajo la declaratoria de estado de excepción por la causal de conflicto armado interno. Otro de los puntos es la declaratoria tan amplia de lo que constituye un grupo armado organizado; en la práctica, al hablar de que solo tres integrantes que ejerzan violencia prolongada podrían ser considerados grupos armados, se abre la puerta a un uso de la fuerza arbitrario e ilegal que ponga en riesgo a personas que nada tienen que ver con ese grupo de crimen organizado. También tenemos preocupaciones con la Ley de Inteligencia, que establece una disposición muy peligrosa: requerir a cualquier ciudadano o entidad pública o privada que entregue información al Sistema Nacional de Inteligencia. Esto viola un principio fundamental: las comunicaciones privadas son inviolables, y solo una orden judicial puede suspender esa inviolabilidad.

- ¿El Gobierno de Daniel Noboa ha sido el culpable de haber enviado leyes que luego han sido fácilmente cuestionadas por la Corte Constitucional? Se habla de vicios de forma y fondo.

En parte, hay temas procesales atribuibles al propio Gobierno, pero de fondo insisto: creo que el Gobierno no ha tenido una política de seguridad y justicia efectiva. Hace algunos meses estuve en Guayaquil y hablé con personas que intentan enfrentar esta criminalidad, y me dijeron que, en la práctica, no tienen equipos forenses para realizar estudios de balística, y que en muchos casos deben enviar las evidencias a Quito. Esa es la verdadera discusión, y no unas normas que, francamente, buscan saltarse controles, lo que deriva en arbitrariedad. El control es fundamental en toda democracia para que funcionen los contrapesos.

El riesgo de llevar a la Corte Constitucional a juicio político

- Por otro lado, el presidente Daniel Noboa ha querido llevar la disputa hasta las urnas al proponer  en una de las preguntas de la consulta popular la posibilidad de someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político. ¿Qué riesgos hay en esta posibilidad?

Sin duda, esta pregunta nos preocupa muchísimo, porque para garantizar la independencia judicial los jueces deben estar exentos de un juicio político en el que quienes ellos juzgan —como miembros del Congreso, por ejemplo— no puedan usar ese proceso como un mecanismo de extorsión para evitar ser investigados por hechos de corrupción u otros delitos. Establecer un juicio político para los magistrados del más alto nivel del poder judicial debilita esa independencia. Esto no significa que los jueces estén por encima de la ley o sin control; para eso existen órganos de disciplina judicial, que son el juez natural de los jueces y quienes deben juzgar si se comete algún tipo de arbitrariedad.

Daniel Noboa está en el camino del autoritarismo

- Hay sectores que señalan que el solo hecho de plantear esta pregunta demuestra el interés del presidente Daniel Noboa por controlar todo el Estado ecuatoriano. ¿Es el inicio de una autocracia?

Es muy pronto para calificarlo así. Hay que ser cuidadosos: a veces, cuando hay restricciones al Estado de derecho, se tiende a etiquetar rápidamente como autocracia o dictadura. Lo que sí creo es que, en todo caso, hay un atentado por parte del Gobierno de Noboa contra la independencia judicial, y ese es uno de los contenidos típicos del manual de quienes son autoritarios. Por eso levantamos alertas, porque ya sabemos cómo termina y termina muy mal. Este tipo de ataques contra la administración de justicia es una ruta peligrosa hacia el autoritarismo, que deja sumamente desprotegida a la ciudadanía.

Mira la entrevista completa con Juanita Goebertus, de Human Rights Watch

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