CNJ alerta que ataques a la Corte Constitucional ponen en riesgo la institucionalidad
La Corte Nacional defendió la independencia judicial; llamó al respeto del debido proceso y al diálogo democrático
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) advirtió este martes sobre acciones recientes que, a su juicio, afectan la institucionalidad del país y debilitan el Estado de derecho. El pronunciamiento se emitió en medio de la tensión generada por una campaña contra la Corte Constitucional, que incluye vallas publicitarias con un contador de muertes y cuestionamientos desde el Ejecutivo.
En un comunicado, el presidente encargado de la CNJ, José Suing Nagua, recordó que la democracia se sostiene en la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y el sometimiento de todas las autoridades a la ley. Señaló que las decisiones institucionales deben orientarse a proteger a las personas dentro del marco constitucional y legal.
El documento destacó el papel de la Corte Constitucional como garante de la supremacía de la Carta Magna y defensora de los derechos fundamentales. Afirmó que sus resoluciones forman parte de los mecanismos legítimos de control previstos en la Constitución y en la ley.
La CNJ indicó que las discrepancias son naturales en un sistema democrático, pero deben resolverse a través de los cauces legales y con respeto al debido proceso. También exhortó a las instituciones públicas y a la sociedad civil a abrir espacios de diálogo para encontrar soluciones viables a los problemas del país.
La tensión comenzó con las tres leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad
La tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional en Ecuador ha escalado en las últimas semanas. El conflicto se originó tras la decisión del máximo tribunal de suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa: la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública. Estas leyes fueron presentadas como urgentes y aprobadas por la Asamblea Nacional, pero enfrentaron demandas de inconstitucionalidad por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
La Corte argumentó que las medidas cautelares buscan proteger derechos fundamentales mientras se resuelven las demandas. Sin embargo, el Gobierno respondió con una campaña de presión que incluyó una marcha hacia la sede de la Corte, declaraciones públicas que cuestionan su legitimidad, y vallas publicitarias con los rostros de los jueces, lo que ha sido calificado como estigmatizante y peligroso.
Reacciones internacionales
Organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) y la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, han expresado su preocupación. HRW, a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, rechazó los ataques y recordó que la Corte Constitucional es clave para proteger el Estado de derecho y debe actuar sin presiones políticas. Satterthwaite advirtió que la independencia judicial “no es opcional; es la base de la democracia” y calificó de inaceptable cualquier intento de represalia contra los jueces.
Este escenario ha encendido alertas sobre el respeto a la separación de poderes y la institucionalidad democrática, en un contexto marcado por un estado de excepción vigente en varias provincias y una creciente polarización política.
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