Paro nacional sacude al país mientras el Gobierno minimiza las protestas
La Gobernación de Cotopaxi se encuentra cercada con alambres de púas. Las protestas se mantienen en el país
Las protestas no se detienen. En la segunda semana de manifestaciones, Ecuador, hoy, se encuentra en paro nacional. Sin embargo, el régimen rebaja el accionar ciudadano.
Las manifestaciones por el alza del diésel, ya que el precio pasó de $ 1,80 a $ 2,80 por galón, ha generado rechazo en la ciudadanía. Varios transportistas han planteado subir el costo de los fletes, así como del pasaje urbano.
Eso ha producido que transportistas paralizaran varias vías, la semana pasada. Ahora, desde el lunes 22 de septiembre, Ecuador amaneció con un paro nacional.
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¿Cuál es la lectura del Gobierno?
La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, en el conversatorio que realiza todos los lunes con periodistas, minimizó el paro e indicó que estos están siendo desactivados con la fuerza pública. Dijo que son “pequeños grupos de personas que no superan los 60 u 80 personas”.
Además, aseveró que “no hay para nada un ánimo de apoyar un paro” ni de “caotizar el país”. Asimismo, dijo que “escuchamos a algunos dirigentes llamar a las movilizaciones, lo ideal es que ellos vayan a una Asamblea Constituyente, que quienes se creen la oposición al Gobierno apoyen la Asamblea Constituyente y encuentren en ese llamado un espacio de diálogo democrático”.
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Críticas por cierre de calles en Latacunga
Cuatro cuadras a la redonda de la Gobernación de Cotopaxi está cercada con alambres de púas, lo cual restringe el ingreso al centro de la ciudad. Además, que está rodeado por un fuerte contingente militar.
Para quienes deben hacer trámite en las instituciones públicas y entidades financieras, o caminar o pasar para hacer alguna actividad en esa zona, deben hacer fila y pasar una revisión para poder ingresar. Esto ha generado malestar en la población.
En el conversatorio, esto fue expuesto. Una periodista consultó que, si este accionar del Gobierno podría relacionarse con una paralización también de servicios “porque no permite la movilidad, transporte urbano como tal”. A criterio de Jaramillo, no.
“Te invito a leer el artículo 346 del COIP (Código Orgánico Integral Penal). Que habla de las paralizaciones del servicio público. La persona que impida, entorpezca o paraliza la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”, leyó la funcionaria. “Aquí, evidentemente, no está hablando de la fuerza pública, policía o militar”.
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