Paro nacional 2025 sin punto de encuentro: Gobierno y Conaie se cierran a diálogo

El escenario del paro nacional 2025 atraviesa un punto muerto. Tanto el Gobierno de Daniel Noboa como la Conaie coinciden en una postura: no hay posibilidad de diálogo. La violencia registrada el pasado fin de semana, que originó la muerte de Efraín Fuérez, comunero de Imbabura, marcó un punto de inflexión en la confrontación entre ambos actores políticos.

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Tras los hechos ocurridos en Cotacachi, emergen dos narrativas contrapuestas. Por un lado, el Gobierno busca posicionar la idea de que la respuesta estatal fue consecuencia de una emboscada al convoy que transportaba ayuda humanitaria. 

El propio presidente Daniel Noboa estableció una línea divisoria entre sus simpatizantes y sus detractores. En su cuenta de X escribió: “Se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia (…) Nosotros seguimos: Ecuador no puede retroceder”.

Aunque el mensaje no representa una confrontación directa, quien sí evidenció la postura oficial frente a la posibilidad de diálogo fue la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo. Ayer, durante su habitual rueda de prensa de los lunes, afirmó: “No vamos a negociar y no vamos a retroceder”. En ese espacio, presentó vídeos con los que intentó demostrar que la violencia provino únicamente de un lado.

El Gobierno y la muerte de Fuérez

Respecto al fallecimiento de Fuérez, Jaramillo declaró: “Actos de violencia del dirigente de la Conaie, Marlon Vargas, que hace menos de una semana llamaba a movilizaciones y actos delincuenciales, pueden derivar en hechos tan lamentables como la pérdida de un ser humano”. No reconoció, sin embargo, los excesos que se evidenciaron en los vídeos difundidos el domingo pasado en redes sociales.

La Conaie también se cierra al diálogo

Desde la otra orilla, la Conaie calificó al Gobierno de Noboa como un intento de dictadura. Fue Marlon Vargas, presidente de la organización indígena, quien dejó clara la imposibilidad del acercamiento. 

Aseguró que se mantienen firmes en sus demandas, centradas principalmente en la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, y en la liberación de los detenidos.  Consultado sobre la posibilidad de abrirse al diálogo, Vargas respondió: “¿Cómo se puede dialogar después de asesinar?”.

Vargas también afirmó que tienen la capacidad de sostener el paro, tal como lo hicieron en 2019 y 2022. Ambas movilizaciones se prolongaron durante varios días y son recordadas por la violencia desatada en Quito.

Cuatro miradas sobre el escenario

En este contexto, el exministro de Gobierno de Guillermo Lasso, Francisco Jiménez -quien ocupó el cargo durante las manifestaciones de 2022- señaló que, cuando la violencia se impone, el espacio para la conversación se reduce. “Si el conflicto sube de tono, va a ser muy difícil que se pueda establecer un diálogo sincero”, advirtió.

Según Jiménez, ambas partes se están dejando arrastrar por la dinámica del conflicto. “El Gobierno, que representa a 18 millones de ecuatorianos, tiene que evitar ser succionado”. Para el exministro, el diálogo no es una opción, sino una obligación.

El analista político Daniel Crespo consideró que la postura de Noboa responde al afán de sostener la imagen de un Gobierno de “mano dura”. Reconoció que ha implementado estrategias novedosas para enfrentar un conflicto que debilitó políticamente a expresidentes como Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Sin embargo, advirtió que, en el escenario actual, esas estrategias resultan insuficientes y se requiere negociación.

“Es evidente que no todo se resuelve con mano dura, porque hay sectores que, ante esa presión, pueden tornarse incluso más violentos. Iniciar tan tardíamente un proceso de negociación puede ser contraproducente”, concluyó.

Para Paolo Moncagatta, decano de Ciencias Sociales de la Universidad San Francisco de Quito, la Conaie está tratando de expresar un legítimo derecho a la resistencia. Agregó que, mientras exista violencia y las posiciones sean encontradas, no habrá una búsqueda de soluciones. Pero, el catedrático plantea un punto adicional: el Gobierno requiere una victoria. Para él, esto se relaciona con un intención de acumular todo el poder en el Ejecutivo.

La doctora en Estudios Políticos Sofía Cordero explicó que hay un problema al abordar el conflicto de manera similar a la guerra contra el narcotráfico. “Si la tomas como una guerra, entonces tienes que ganar. ¿Y qué implica ganar esa guerra? Someter a la población, discriminar, reprimir”.

En ese sentido, la experta habló de que es un error encasillar a todos los manifestantes como terroristas o vincularlos al crimen organizado y narcotráfico. Además consideró que eso puede generar más rechazo.

En este contexto, Jiménez recordó que a nivel de Gobierno siempre existen los mínimos y máximos para este tipo de conflictos. “La necesidad de escuchar al otro es evidente en un país diverso y que tiene muchos problemas no resueltos”.

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