El papel de Marlon Vargas ante el desafío antiminero

Marlon Vargas hereda de Leonidas Iza una Conaie oficialmente embarcada en la ruta de la violencia entendida como mecanismo legítimo de cambio social. Y un programa contenido en el mandato de más de 60 puntos que aprobó el pasado domingo el congreso de la organización (el último de la era Iza), cuyo contenido absolutamente radical tendrá que atemperar Vargas si quiere marcar alguna diferencia con respecto a su antecesor. 

(Te invitamos a leer| La Conaie tiene el chance de sacudirse de su radicalismo)

Entre los aspectos más extremos de ese mandato figuran los relativos a la agenda antiminera. En este rubro, la postura de la organización no concede matices: se propone declarar al Ecuador como país libre de minería y decreta, desde ya (aunque sin ponerle fecha), un levantamiento nacional para exigir la anulación del catastro minero. He ahí el punto clave que determinará el futuro de la relación entre la Conaie y el Estado. 

En él se cruzan no solo las distintas visiones sobre el desarrollo económico del Ecuador y el tema de la conservación de la naturaleza, sino la cuestión determinante de la violencia. ¿Qué hará Marlon Vargas?

Declarar al Ecuador territorio libre de minería: posición maximalista que dinamita toda posibilidad de diálogo. Porque si la alternativa propuesta es prohibición de la minería o levantamiento popular, ¿cuál es el punto común sobre el cual empezar a negociar? 

La respuesta del Estado, obviamente, será negarse. A partir de ese momento, si todo sigue el guion que dejó trazado Iza, solo queda el estallido.

El debate de la minería en los páramos

A Vargas le corresponde evitar ese desenlace y, sin renunciar a sus reivindicaciones, plantear escenarios en los que el diálogo sea posible. Podría, por ejemplo, focalizar su resistencia antiminera. Es inaudito que este país continúe siendo irreductible al gran debate de la minería en los páramos, simplemente porque el radicalismo antiminero pretende prohibirla en todas partes. 

Cierto es que ha habido iniciativas (comandadas por Yaku Pérez en Azuay) para impedir la operación de proyectos mineros concretos en ciertos páramos: Quimsacocha y Molleturo. Y que esas iniciativas cuajaron en una consulta popular en la que se impuso la tesis antiminera con el respaldo masivo de la población, aunque el gobierno actual haya decidido, groseramente, pasarse ese resultado por el forro. 

Ecuador debe mirar el ejemplo de Colombia

Pero se trató de una consulta muy específica que no consiguió (ni se lo propuso) elevar el tema de la intangibilidad del páramo a la mesa del debate público nacional, como sí lo hizo el proceso que, en 2016, llevó a la Corte Constitucional de Colombia a prohibir toda actividad minera en ese ecosistema.

El páramo, probablemente el más frágil e irrecuperable de los ecosistemas naturales, esa esponja natural de vegetación especializada en captar la humedad que asciende en forma de nubes desde la Amazonía para convertirla en agua (de la que proceden todos los sistemas hidrográficos del país), es un ecosistema ecuatorial de altura. 

El único país del mundo, aparte del Ecuador, donde hay páramos es Colombia. Y ahí, las minas están prohibidas. El radicalismo antiminero de la Conaie de Leonidas Iza es tan profundamente estúpido que no ha sido capaz de poner al país a debatir sobre esta particularidad, simplemente porque quiere volarlo todo por los aires o nada. Así no se llega a ningún lado.

La Conaie de Iza no apuntaba a la minería en las protestas

El problema con el supuesto credo antiminero de la Conaie es que carece de toda credibilidad. Hay un dato revelador: entre las reivindicaciones del primer levantamiento de Leonidas Iza, en octubre de 2019, no había una sola demanda relacionada con la minería. Ni una palabra. 

Todo se reducía, en ese momento, a exigir que se mantuviera el subsidio a los combustibles fósiles, valiente ambientalismo el suyo. A partir de entonces, la irrupción del tema minero en la agenda de Leonidas Iza, hasta el punto de convertirse en la principal reivindicación de su Conaie, coincide con los años en los que el narcotráfico se apropió del negocio de la minería ilegal. Alguien debería explicar esta casualidad.

Este es el punto en el que entra en juego el complejo de culpa del Estado nacional mestizo. La visión romántica según la cual los indígenas son los guardianes de la naturaleza, lo cual es un mito. Como una victoria de ese buen salvaje fue festejada la sentencia de la Corte Constitucional de marzo de 2022, en la que medio centenar de concesiones mineras en el territorio cofán de Sinangoe, provincia de Sucumbíos, fueron revertidas por vulnerar los derechos de la comunidad. 

Durante ese proceso, funcionarios del Ministerio de Ambiente observaron con preocupación la presencia de grupos armados cofanes que patrullaban el territorio para cerrar el paso a los agentes del Estado, Policía y Fuerzas Armadas incluidas. 

Un fallo antes de la violencia en la Amazonía

La Corte Constitucional, imbuida por los principios identitarios ancestrales y la práctica del buen rollito, decidió que esa guardia armada de la comunidad “forma parte de sus usos y costumbres y responde a la facultad que tienen los pueblos indígenas para la generación y ejercicio de la autoridad dentro de su territorio ancestral”.

Tres meses después de esa sentencia, en junio de 2022, durante el segundo estallido de Leonidas Iza, guardias armadas de la Amazonía (expresión de identidad ancestral según la Corte) saqueaban la ciudad de Puyo, incendiaban dos Unidades de Policía Comunitaria, prendían fuego a 21 patrullas, herían a seis uniformados y secuestraban a otros tres. En Shushufindi mataron a un militar de un tiro.

Es inquietante recordar que Marlon Vargas, el nuevo presidente de la Conaie, fue responsabilizado de ese asesinato por el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo. Hoy pretende haber dejado atrás ese pasado.

¿En contra del Estado, pero a favor de mineros ilegales?

Pero hay más: tres años después de la anulación de las concesiones mineras legales en Sucumbíos y del reconocimiento de las guardias comunitarias armadas como derecho cultural de las comunidades, la reserva Cofán, ubicada a lo largo del río Bermejo, es una de las zonas con mayor incidencia de minería ilegal y la consecuente devastación de la selva y contaminación por mercurio de las aguas.

Entre 2022 y 2025 esa situación se ha empeorado significativamente, lo cual hace pensar que las tales guardias comunitarias armadas (expresión de identidad ancestral y buen rollito) saben perfectamente a quién permiten el paso y a quién no. Y a los mineros ilegales, evidentemente, sí.

Se podría abundar en ejemplos parecidos, como la presencia documentada de maquinaria de consejos provinciales de Pachakutik en zonas de actividad minera ilícita, devastando la selva y contaminando los ríos bajo el auspicio de los guardianes de la naturaleza.

A Marlon Vargas le corresponde poner fin a esos manejos que prosperaron bajo el reinado de Leonidas Iza en la Conaie; focalizar estratégicamente sus objetivos de resistencia antiminera (la convocatoria a un debate nacional sobre la minería en los páramos es un ejemplo de cómo podría emprenderse esa tarea) y denunciar todo intento de control paramilitar de zonas mineras bajo el pretexto de prácticas ancestrales de ejercicio de autoridad, como pretendió la irresponsable sentencia de la Corte Constitucional de marzo de 2022. 

Vargas tiene una delicada tarea por delante: recuperar la credibilidad democrática de la Conaie. Nadie ha dicho que ese proceso sea fácil. Pero, para la democracia ecuatoriana, es imprescindible.

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