Guayaquil: concejala exige explicación por veto a ciudadana en sesión del Concejo
La concejala Ana Chóez solicitó información tras impedimento de ingreso a una ciudadana durante la sesión del Concejo
La última sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil quedó marcada por cuestionamientos sobre el manejo institucional y un reclamo formal elevado por la concejala Ana Chóez al alcalde Aquiles Álvarez.
La edil envió un oficio, al que tuvo acceso EXPRESO, en el que solicita información oficial y documentada sobre el presunto impedimento de ingreso a la ciudadana Isabel María Chiriboga Murillo, quien, recalcó, asiste de manera habitual a las sesiones municipales.
Municipio de Guayaquil:
Según Chóez, la ciudadana llegó el 27 de noviembre de 2025 a la sesión ordinaria No. 142, pero fue detenida en el ingreso. El equipo de control le informó que existía una “disposición expresa” que le prohibía entrar, pese a que las sesiones son públicas, como lo establece el artículo 316 del COOTAD.
Durante la sesión, y ante la consulta directa de la concejala, Álvarez aseguró que la restricción respondió a que la ciudadana “no superó los protocolos de seguridad establecidos por Segura EP”.
Guayaquil: El pedido de la concejala del PSC
En el oficio, Chóez exige que se detallen cuáles son exactamente los protocolos de seguridad que Segura EP aplica para permitir el ingreso del público a las sesiones del Concejo. Además, solicita que se precise cuál de esos protocolos habría incumplido Chiriboga.
La concejala también pide que se informe si existió alguna disposición particular, verbal o escrita, que ordenara impedir el acceso de la ciudadana y que se entregue copia de dicha instrucción, así como la identificación de la autoridad que la emitió.
“Esta información es necesaria para el ejercicio de la fiscalización y para garantizar los principios de transparencia y publicidad”, sostiene Chóez en el documento.
La edil recuerda que la solicitud se ampara en el artículo 57, literal m) del COOTAD, además de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Por ello, demanda que la respuesta se entregue por escrito y dentro del plazo legal.
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