Observaciones pesan sobre el concurso para el próximo fiscal

El concurso público para la designación del nuevo fiscal general del Estado avanza bajo cuestionamientos, empezando con la conformación de la misma Comisión Ciudadana de Selección.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) integró la comisión tras un sorteo público realizado el 14 de enero de 2026. Sin embargo, la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal alertó que varias de las personas seleccionadas no debieron superar la fase de admisibilidad, ya sea por incumplir requisitos legales o por incurrir en aparentes prohibiciones previstas en el reglamento.

Según esta veeduría, 14 de los 30 postulantes ciudadanos sometidos al sorteo no cumplían las condiciones mínimas, mientras que 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado tampoco reunían los requisitos exigidos. A pesar de estas advertencias, la comisión quedó integrada por 10 personas (ver nota de abajo).

Baja calificación en méritos y falta de experiencia penal

A estas observaciones se suma el pronunciamiento del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que advirtió que 5 de los 10 representantes de la ciudadanía obtuvieron menos de 25 puntos sobre 50 en la calificación de méritos, sin alcanzar siquiera la mitad del puntaje máximo en una fase determinante del proceso.

La falta de experiencia de varios comisionados en el ámbito de la justicia penal también ha sido señalada. Entre los nombres observados constan: María Belén Toca Mena, psicóloga industrial con experiencia en selección de personal en una empresa de servicios automotrices y en la Presidencia de la República; Pamela Teresa Garay, abogada de la Superintendencia de Bancos; y Cynthia Jacho Tipán, abogada con dos años de experiencia como asistente.

Daniel Caicedo de los Ríos es delegado de la Función Legislativa en la Comisión Ciudadana de Selección. Al contrario de las anteriores comisionadas, en su hoja de vida se detallan sus vínculos profesionales como abogado asociado de una firma jurídica influyente en el país, con amplia participación en asesoría minera y corporativa. Este estudio jurídico tuvo un rol de facilitador para que, en noviembre de 2024, se concretara el contrato de explotación del Proyecto Cangrejos, una megamina de oro y cobre en la provincia de El Oro, a favor de la empresa Lumina Gold. Pero dicho grupo legal también ha sido representante legal de HealthBird Ecuador, una startup estadounidense que buscó modernizar el sistema hospitalario público sin contar con experiencia previa en el país. El proceso de contratación de esta empresa estuvo marcado por observaciones relacionadas con falta de transparencia, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la idoneidad e independencia del comisionado en un concurso clave para el sistema de justicia.

Parámetros técnicos de selección

Otro de los riesgos identificados es la posible injerencia política en el concurso, una advertencia que ya fue formulada por observadores internacionales. En su más reciente visita, una misión internacional de observación señaló que la independencia del proceso es clave para preservar la legitimidad de la Fiscalía General del Estado y evitar que la designación del fiscal sea percibida como que fue capturada por intereses políticos, partidistas o del Gobierno.

Las directrices de la ONU sobre la función de los fiscales forman parte de los instrumentos internacionales consensuados para garantizar la independencia, imparcialidad y eficacia del Ministerio Público.

En materia de designación de fiscales, estos estándares subrayan que la independencia debe asegurarse desde el propio proceso de selección, mediante equipos técnicos y comisionados o electores con trayectoria, prestigio profesional y probidad ética. Otro de los requisitos esenciales es la transparencia de cada una de las fases y la garantía de una verdadera participación ciudadana.

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