Nuevo Consejo de Judicatura, entre expectativas y dudas sobre la no injerencia

La expectativa ciudadana es alta frente al nuevo Consejo de la Judicatura (CJ), órgano del que depende la administración de justicia, la disciplina de jueces y fiscales, así como los concursos para su designación.

Después de las condenas a Wilman Terán, expresidente, y al exvocal Xavier Muñoz, o tras el caso Vocales que terminó con el procesamiento penal de Ruth Barreno y Juan José Morillo, existe un clamor para que prácticas del pasado, como la injerencia política o el reparto de cargos, lleguen a su fin.

Sin embargo, el arranque del nuevo CJ ha despertado recelos. Tres de sus vocales, Mario Godoy, Damián Larco y Fabián Fabara, son identificados como cercanos al gobierno, más todos los hilos que se tejieron para incluir la candidatura de Godoy, tal como lo publicó EXPRESO, reactivó la pregunta histórica: ¿Se configura una nueva “metida de mano” en la justicia?

El profesor de Derecho de la Universidad Católica, Efrén Guerrero, afirma que, aunque no está claro si ya se allanó el camino para una intromisión política en la justicia, “el conflicto sí se agrava porque tenemos a varios actores políticos involucrados”.

Guerrero considera necesario observar cómo actúan los funcionarios y cómo se articulan entre ellos con sus votos en el pleno. Para él, lo más importante es impulsar una reforma judicial centrada en tres puntos: la articulación de la reforma penal para atender mejor los casos derivados del conflicto armado interno; la seguridad de los funcionarios judiciales; y la atención a todas las demás responsabilidades sin perder de vista una posible asamblea constituyente.

El constitucionalista José Chalco-Salgado sostiene que lo esencial es garantizar la no injerencia. “La no injerencia implica un celo institucional por permitir que el sistema de justicia florezca, se desarrolle como garantía de un Estado robusto y de la tutela de libertades y derechos de las personas. Asegurar la no injerencia de los poderes externos en el sistema judicial requiere un órgano nítido en sus atribuciones y el cumplimiento de la Constitución y la Ley”.

Los organismos internacionales han sido claros. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados han recordado a Ecuador que la administración de justicia debe permanecer blindada frente a presiones políticas.

Han recomendado reforzar la transparencia en los concursos, el control ciudadano mediante veedurías y la estabilidad del personal judicial como pilares para evitar la cooptación del sistema, incluso por parte del crimen organizado.

Luis Ávila, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), señala que la renovación del CJ “es una oportunidad para establecer canales de diálogo que permitan concursos para funcionarios de carrera y no para que, en estado de emergencia, se realicen nombramientos temporales”. Recalca que una acción que abona en la independencia judicial es tener jueces, fiscales y defensores permanentes. Finalmente, dice que las evaluciones deben seguir parámetros técnicos y consensuados “que no afecten el sistema de justicia”.

• Mario Fabricio Godoy Naranjo – Presidente del Consejo de la Judicatura

Es magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública, además de especialista en Cumplimiento y Anticorrupción. Su hoja de vida incluye cargos en Petroecuador, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Presidencia de la República, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional Electoral en la administración de Juan Pablo Pozo. Fue accionista en los estudios jurídicos Lexficorp Abogados-Consultores S.A.S. y Invictus Law Group.

• Magaly Camila Ruiz Cajas – Vocal principal (delegada de la Fiscalía)

Magíster en Derecho y Políticas Anticorrupción, y también en Derecho Procesal con mención Penal. En la Fiscalía fue coordinadora general de Asesoría Jurídica y directora de Litigio Estratégico. También ocupó cargos en la Procuraduría.

• Alfredo Cuadros -Vocal principal (Delegado de la Defensoría Pública)

Es máster en Propiedad Intelectual y Derecho Civil. Fue abogado litigante en el Estudio Jurídico Cuadros & Asociados; asesor jurídico y patrocinador para asuntos jurídico-litigiosos vinculados con temas de propiedad intelectual e industrial en el Estudio Jurídico Arosemena Burbano y Asociados (AB&A-PI). Además, fue vocal suplente del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

• Damián Alberto Larco Guaman – Vocal principal (delegado del Ejecutivo)

Economista con mención en Gestión Empresarial, especialista en Finanzas y máster en Fiscalidad Internacional. Fue director general del SRI. En el ámbito privado trabajó en consultoría tributaria y auditoría, y presidió la firma Destra Consultores Asociados Destra&Co S.A.

• Fabián Plinio Efraín Fabara Gallardo – Vocal principal (delegado de la Asamblea)

Doctor en Jurisprudencia, especialista en Derecho Procesal, Penal y Justicia Indígena. Fue presidente de la Corte Provincial de Pichincha, juez en salas de lo penal y tránsito, y director provincial del CJ en Cotopaxi durante la administración de Gustavo Jalkh.

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