El Consejo de la Judicatura requiere $198 millones para modernizar la justicia
Judicatura aprobó un ambicioso plan de inversión hasta 2029. Los problemas para ejecutar los pocos recursos persisten
El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó un plan para modernizar la justicia mediante proyectos de transformación digital e infraestructura. Sin embargo, el propio informe que sustenta la decisión admite que el sistema judicial atraviesa una crisis marcada por déficit presupuestario, corrupción, impunidad y falta de jueces y funcionarios.
La Resolución 064-2025, aprobada el 10 de septiembre por unanimidad del Pleno del CJ, avala la Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2026-2029, que proyecta 198 millones de dólares.
El objetivo oficial es ambicioso: transformar digitalmente a la institución, renovar vehículos y mobiliario, repotenciar edificios judiciales y construir nuevas unidades en provincias como Esmeraldas, Carchi y Orellana.
También se incluye la creación del Sistema Nacional de Medidas de Protección a Víctimas de Violencia de Género y la jubilación de servidores de la Función Judicial.
Déficit presupuestario en la Judicatura
Pero detrás de la proyección aparece un panorama alarmante. El déficit presupuestario de la Judicatura en 2025 supera los 246 millones, con el 93 % del presupuesto destinado al pago de nómina y apenas un 7 % a cubrir servicios básicos como agua, luz, arriendos, internet o mantenimiento de edificios.
El propio informe reconoce que la justicia sufre de una “infraestructura deficiente, tecnología obsoleta, irregularidades en el debido proceso, falta de motivación en las resoluciones y problemas de corrupción”, condiciones que alimentan la impunidad y la desconfianza ciudadana. A ello se suma la presión del crimen organizado y el narcotráfico, que incrementaron la carga judicial en los últimos años.
En agosto, el presidente del CJ, Mario Godoy, anticipó la posibilidad de declarar en emergencia la Función Judicial, amparado en la Ley de Integridad Pública que actualmente se somete a control de la Corte Constitucional. Aunque no concretó esa declaratoria, el plan plurianual reconoce la urgencia de inversiones estructurales.
Los recursos que requerirá para 2026
Únicamente para 2026, el CJ estima 61 millones de dólares en proyectos de inversión. El mayor rubro comprende la transformación digital, con 41 millones de dólares. Este proyecto busca repotenciar el 90 % de la infraestructura tecnológica, renovar el ‘data center’ y rediseñar el Sistema de Consulta de Procesos Judicial (Sajte), además de reforzar la seguridad informática.
El segundo mayor monto corresponde a la jubilación de 192 servidores judiciales, incluidos 93 jueces, que se prevé dejarán sus cargos en 2026. Para lograrlo, la inversión es de 10 millones de dólares.
En cuanto a obra civil, se priorizan las repotenciaciones del edificio de la Corte Nacional de Justicia, el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Unidad Judicial Multicompetente de Tabacundo, con un gasto proyectado de 1 millón de dólares.
Sin embargo, la ejecución de estos proyectos dependerá de la aprobación de los techos presupuestarios y la asignación final del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que deja en incertidumbre la viabilidad real de los planes.
De hecho, en el plan anual de inversiones de 2024, la Judicatura ya tenía un proyecto de 19,2 millones de dólares para modernización electrónica y 7,5 millones más para la plataforma electrónica notarial. Ese año, el Ministerio de Economía asignó 1,8 millones de dólares para obras, entre las que ya se incluía repotenciar la Unidad Multicompetente de Tabacundo. Al terminar el año, como la Judicatura no ejecutó la obra, se le retiraron 1,7 millones.
Problemas de la ejecución
En julio, EXPRESO reveló que el CJ perdió 16,9 millones por ineficiencia en la ejecución de 2024. Hoy los problemas persisten. Durante la sesión del 10 de septiembre, Godoy advirtió que varios directores provinciales no ejecutan el presupuesto de gasto corriente. “No están ejecutando y luego ustedes saben que la regla general es que lo que no se ejecuta hasta diciembre se resta en el siguiente año, y así se ha perdido”.
Godoy aseguró que revisa cada mes que las direcciones gasten los recursos disponibles y que levanten información para postular a proyectos de inversión. Pero las cifras no son alentadoras. Según el Ministerio de Finanzas, para 2025 la Judicatura recibió 1,7 millones de dólares para bienes de inversión, pero hasta septiembre solo ha devengado el 11 % ($202.454).
- Montos. El presupuesto general del Consejo de la Judicatura en este 2025 es de 355 millones de dólares, de los cuales 318 millones son para gasto de sueldos.
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