
Noboa pierde el CNE y la Corte Constitucional gana
Análisis | Por primera vez, el CNE da la espalda al Ejecutivo. Un síntoma de debilidad política en vísperas del paro nacional
Los propósitos golpistas de Daniel Noboa se estrellaron, quién lo diría, contra el Consejo Nacional Electoral, que se suponía aliado de su causa pero este sábado se le viró: se negó a cumplir dos decretos suyos en un solo día: el 148 (cuyos efectos habían sido suspendidos la víspera por la Corte Constitucional) y el 153, que se sacó de la chistera a último momento. Ambos insistían en lo mismo: la inclusión en la consulta popular de una pregunta sobre la convocatoria a Asamblea Constituyente. Pero esta pregunta no cumplía ninguno de los requisitos que imponen la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, pues el presidente no la sometió al control constitucional obligatorio. Reunido a las 10:00, el pleno del CNE aprobó la convocatoria a una consulta popular de sólo dos preguntas (una sobre bases extranjeras, otra sobre la financiación de los partidos políticos), excluyendo aquella de la constituyente. Ya entrada la tarde, el presidente insistió: envió al CNE el prácticamente idéntico decreto 153. El pleno se volvió a reunir y decidió remitirlo a la Corte “para que emita el dictamen constitucional correspondiente”: justo aquello que Noboa pretendía evitar. Un revés inesperado y un desplante.
El plan del gobierno era evidente y lo denunció ayer este Diario. Se trataba, en último término, de destituir a la Corte. El terreno fue preparado por una intensa (y extensa) campaña de propaganda, de la que participaron entusiastas periodistas que, como decía el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante sobre los intelectuales orgánicos del castrismo, piensan lo mismo que el gobierno, sólo que después. Esa campaña y sus voceros instalaron la idea de que la Corte se ha propuesto conculcar a los ciudadanos su derecho a ser consultados en las urnas. Que son “enemigos del pueblo”, han dicho. Algunos pronuncian esa palabra, “enemigos”, con la vehemencia de auténticos talibanes. Cuando el presidente se atribuyó la facultad de saltarse el control constitucional y enviar su pregunta sobre la constituyente directamente al CNE, lo justificaron con lecturas parciales de la Constitución, cuando no con trasnochadas consideraciones sobre la primacía de lo legítimo sobre lo legal (argumento directamente extractado de los peores años del correísmo). “El pueblo está sobre la corte”, dijeron, como si la voluntad de llamar a una consulta fuera del pueblo y no del presidente.
El viernes, la idea era reunir de inmediato al pleno del CNE para convocar a consulta popular, con la pregunta de la constituyente incluida, y declarar así abierto el período electoral. Esto, creía el gobierno, impediría a la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta, so pena de destitución por las autoridades electorales que supuestamente tienen la potestad de sancionar a cualquier funcionario que entorpezca el proceso. Hay un antecedente: el golpe de Estado que perpetró Rafael Correa en 2007, cuando el entonces llamado Tribunal Supremo Electoral de Jorge Acosta destituyó de un plumazo al congreso de los manteles precisamente por oponerse a una asamblea constituyente (una maniobra que se completó con la participación de la fuerza pública).
Lo que ocurrió el viernes es que la Corte Constitucional ganó la partida: el CNE no pudo reunir los votos para respaldar el decreto inconstitucional del presidente y postergó su reunión para el día siguiente. Mientras tanto, la Corte, que había recibido cinco demandadas de inconstitucionalidad del decreto 148, con solicitud de medidas cautelares para que se lo dejara sin efecto, sesionó de urgencia, entre amenazas de bomba y desalojos policiales, y resolvió concedérselas al filo de la medianoche. El decreto 148 quedó suspendido y el CNE se allanó ante lo resuelto. Si el gobierno insistió con un nuevo decreto es porque estaba convencido de que, una vez abierto el período electoral, cualquier intervención de la Corte determinaría su expulsión. Los aspectos jurídicos de esta estrategia son fácilmente manipulables y tenían el potencial de mantener a los abogados debatiendo inútilmente el tiempo suficiente para que el presidente terminara imponiéndose por la fuerza de los hechos.
Pero las cosas no eran tan simples. Primero, porque no es verdad que las autoridades electorales puedan destituir a los jueces de la Corte Constitucional: un dictamen de 2011 (no de esta Corte sino de la anterior) excluye cualquier posibilidad de remoción de sus jueces por cualquier mecanismo que no sea la decisión de la propia Corte. Segundo, porque no es verdad que, durante un período electoral, el CNE pueda hacer lo que le venga en gana: otro dictamen, de 2020, reafirma la facultad de la Corte de ejercer control constitucional sobre ese organismo incluso durante las elecciones. Cualquiera puede darse cuenta, por poco que se detenga a pensarlo, que no hay ningún momento en que se requiera más control constitucional del CNE que ese: los períodos electorales.
Noboa sufre un revés impensable hace sólo un año
Existe una tercera razón que complica las cosas hasta extremos peligrosos. Ocurre que el ordenamiento jurídico de 2007, cuando Jorge Acosta destituyó al congreso de los manteles, no era el mismo que tenemos ahora. En ese entonces no existía el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE podía, al braveo, destituir a quien quisiera por simple resolución mayoritaria del pleno. Ahora, si la Corte Constitucional decide hacer con el decreto 153 lo mismo que hizo con el 148, es decir, dejarlo sin efecto, la única vía del gobierno para oponerle resistencia será presentar una demanda ante el TCE. Entre el sorteo del juez, la posible recusación, las diligencias previas al juicio, la audiencia, la sentencia, los pedidos de aclaración, la previsible apelación, el nuevo sorteo de un tribunal, la nueva audiencia, los nuevos pedidos de aclaración, etc., pasarían meses. Los meses que el presidente necesita para montar su consulta. Durante esos meses puede arder Troya. ¿Hasta qué punto esperará el gobierno para imponer su voluntad a la fuerza? ¿Serán nuevamente las Fuerzas Armadas las que diriman el conflicto y tengan la última palabra?
Queda claro que, en vísperas de un paro nacional, la situación del gobierno no es, ni mucho menos, lo bastante fuerte como para respaldar sus pretensiones. Esa debilidad quedó expresada en la doble decisión de ayer del CNE. ¿Cómo es posible que el gobierno perdiera su apoyo? Una cosa es cierta: no fueron los argumentos jurídicos los que pesaron (nunca lo son) sino los políticos. Esthela Acero, cuyas relaciones con el correísmo son de afinidad y parentesco, decidió desaparecer del mapa y no asistir a la sesión. José Cabrera, la cuota socialcristiana, hizo lo mismo, aunque por lo menos él se excusó la víspera y dio tiempo para que lo sustituyeran por José Merino, incondicional de quien toque, que llegó con el discurso preparado para votar a favor de la constituyente y terminó votando en contra. Enrique Pita se mostró reticente desde el primer momento. Elena Nájera, ni hablar: incluso trataron de neutralizarla manteniéndola al margen de toda comunicación, como ella misma denunció durante la sesión sin que nadie la contradiga. Ante semejante panorama, está claro que Diana Atamaint privilegió sus buenas relaciones con la Conaie (no se descarta que la presionaran) a la inmolación por la causa noboísta.
El mensaje del CNE fue muy claro y se expresó no en una sino en cuatro ocasiones. La primera: la sesión matutina arrancó con la lectura (innecesaria) de las resoluciones adoptadas la víspera por la sala de admisiones de la Corte Constitucional, en las cuales se suspenden los efectos del decreto 148 del presidente. La segunda: entre los considerandos de su convocatoria a consulta popular (Elena Nájera, contra la voluntad de Atamaint, los leyó al momento de razonar su voto) incluyeron uno en el que se explica que las dos preguntas son las aprobadas por la Corte Constitucional. La tercera: en el comunicado público en el que dieron cuenta de su resolución, adjuntaron un pedido a la Corte para que se pronuncie “con celeridad” sobre la validez del decreto 148, “a fin de permitir, de ser procedente, la unificación de los procesos electorales”. Por último está la decisión que tomaron a las 18:00, de remitir el decreto 153 a la misma Corte para que ejerza su control. Cuatro muestras de que los integrantes del CNE están dispuestos a acatar las resoluciones de la Corte Constitucional diga lo que diga el presidente. Algo impensable hace sólo un año.
Mientras tanto, el daño causado por la propaganda del gobierno y sus voceros a la imagen de la Corte quizá sea irreparable. Se critica, por ejemplo (y no lo hace cualquiera sino constitucionalistas de gran presencia mediática) que su jurisprudencia ponga tantas trabas a las convocatorias de asambleas constituyentes hasta el extremo de haber convertido ese proceso en una misión imposible. Ponen como ejemplo las doce solicitudes presentadas en los últimos 15 años y que han sido rechazadas. Les parece un exceso de la Corte. Y quizás el exceso se encuentre precisamente en el otro lado, en esos 12 intentos ciudadanos de echarlo todo abajo y empezar de nuevo. Porque ¿qué cosa es una asamblea constituyente, en la experiencia ecuatoriana, sino la pretensión de echarlo todo abajo y empezar de nuevo? ¿Y se pretende que sea fácil? Si lo fuera, cualquier presidente sin un proyecto de país pero sí con una clara estrategia publicitaria podría convocar sin mayor dificultad una asamblea constituyente porque echarlo todo abajo y empezar de nuevo es lo que conviene a su agenda de medios, como parece ser el caso actual. ¿Estaría bien que hayamos tenido esas 12 constituyentes en los últimos quince años? ¿Tres de ellas? ¿Una? Hace bien la Corte en poner tantas trabas a un proceso tan riesgoso. La sola idea de acometerlo sin control constitucional es un peligro.
- DECRETO
Entre los nuevos decretos ejecutivos, el presidente Daniel Noboa expidió el 151, con el que convoca a una consulta popular para la creación del cantón Borbón, en Esmeraldas.
- SESIÓN
Estaba previsto que el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sesione ayer a las 08:00, pero en una nueva convocatoria se postergó para las 10:00.
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