¿Por qué no se ha acabado el paro en Ecuador? Se completan 26 días de protestas

Hoy se cumplen 26 días desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó junto a otras organizaciones sociales a un paro nacional indefinido en respuesta a la derogatoria del subsidio al diésel. Las iniciativas de diálogo se ven opacadas por jornadas que han dejado grandes afectaciones económicas, múltiples heridos y tres personas fallecidas.

El miércoles 15 de octubre, ministro del Interior John Reimberg, anunció el fin del paro nacional por parte de miembros del Gobierno, finalización que duraría pocas horas tras no ser reconocida por las comunidades indígenas y desatando un enfrentamiento de más de 7 horas en la ciudad de Quito. 

Acuerdos parciales y bases inconformes

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha intentado instalar mesas de diálogo con organizaciones como la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac). En esas reuniones se anunciaron compromisos para habilitar vías y atender reclamos locales.

Sin embargo, las bases comunitarias no reconocen esos acuerdos como vinculantes. Líderes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y de otras provincias han reiterado que el paro se mantiene hasta que se derogue la medida sobre combustibles y se atiendan demandas estructurales como el acceso a servicios básicos, respeto a territorios ancestrales y garantías para la comunicación comunitaria.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, reconoció que, pese a los anuncios oficiales, “persisten cierres de vías en varias provincias” y que el proceso de pacificación será gradual.

Un país fragmentado y la necesidad de un gran diálogo nacional

El paro nacional refleja un tejido social fragmentado y polarizado, donde la ley por sí sola no basta si no está acompañada de voluntad de diálogo. El abogado experto en derechos humanos y derecho internacional Nicky Bravo explica que el derecho a la resistencia, reconocido en el artículo 98 de la Constitución, es legítimo frente a la exclusión y la imposición de políticas sin consulta, pero no puede poner en riesgo la integridad de la población que no participa en la protesta.

Afirma que el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como la violencia en ciertos bloqueos, son ejemplos de cómo la falta de mecanismos efectivos de diálogo deriva en escenarios de confrontación.

El abogado cuestiona que algunos políticos intenten capitalizar las luchas sociales como logros propios, cuando en realidad son conquistas de la ciudadanía. Para él, la salida a la crisis no puede ser partidaria, sino humanista, con el interés colectivo como centro.

La criminalización de la protesta

Otro de los factores que explican la continuidad del paro es la respuesta estatal frente a las movilizaciones. La criminalización de la protesta social, que históricamente se ha repetido en gobiernos de distintas ideologías, no ha resuelto los conflictos sino que los ha profundizado.

Bravo advierte que partir de la represión y no del reconocimiento del derecho a la protesta solo alimenta la indignación y el dolor social. El diálogo real y la escucha de las problemáticas deben ser el punto de partida, especialmente en un país que atraviesa una crisis de derechos humanos e instituciones debilitadas.

Recalcó que el derecho a la protesta debe ser reconocido y respetado, mientras que los delitos comunes deben ser sancionados con el debido proceso. Asimismo, el uso progresivo de la fuerza debe aplicarse únicamente en escenarios justificados y bajo estándares internacionales de derechos humanos.

El abogado señaló que acciones como las detenciones arbitrarias, el congelamiento de cuentas bancarias o la represión de marchas pacíficas constituyen formas de violencia institucional que no resuelven los problemas de fondo, sino que alimentan la indignación y el dolor social.

Polarización política

Ecuador vive un escenario de profunda división nacional, con liderazgos que carecen de legitimidad y representación social. Según explicó Bravo, la polarización política ha fragmentado al país y, en muchos casos, ha derivado en expresiones de discriminación, odio y desconocimiento de las problemáticas reales que afectan a la ciudadanía. 

Esta fractura, señaló, no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que también limita la posibilidad de construir consensos amplios que permitan superar la crisis social y política actual.

Perspectivas del paro y el impacto que ha tenido

El paro nacional ha generado pérdidas millonarias en sectores productivos, suspensión de clases en varias provincias y dificultades en el abastecimiento de alimentos. Transportistas y comerciantes reportan afectaciones diarias, mientras que ciudadanos en Otavalo y Loja han expresado sentirse “aislados” por los bloqueos.

El Gobierno insiste en que los acuerdos alcanzados son un primer paso hacia la pacificación, pero reconoce que aún falta ampliar el diálogo a todas las bases. La Conaie, por su parte, ha reiterado que la movilización se mantendrá hasta que se logren respuestas integrales. Las asambleas de resistencia convocadas por organizaciones como el MICC refuerzan la articulación comunitaria y sostienen la protesta en el territorio.

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