No hay reforma política en la consulta: nomás propaganda

¿Ya decidió el gobierno hacia dónde quiere ir con su improvisada consulta popular? ¡Es que no lo sabe! El anuncio de las siete preguntas, vía tuit presidencial, como mandan los cánones de los autoritarismos del siglo XXI, parece una reacción visceral más que una decisión meditada y con objetivos claros. 

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Un tiro al aire a las pocas horas de que la Corte Constitucional decidiera suspender provisionalmente los artículos más agresivos de las tres leyes urgentes que el presidente Daniel Noboa había enviado a la Asamblea Nacional y el bienmandado Niels Olsen se las aprobó a pedido. ¿De verdad tiene claro el gobierno lo que quiere con esta consulta, más allá de propinar un golpe de efecto ante la opinión pública y alzarse con una victoria electoral, si fuera el caso? No parece.

El hecho de que, tres días después de anunciada, los proponentes de la consulta continúen elaborando los anexos (que se suponen fundamentales para definir el objetivo de las preguntas, sin embargo de lo cual siguen sin estar claros hasta la fecha) demuestra que no existe proyecto alguno de reformas tras la convocatoria del Ejecutivo: nomás una reacción política contra los jueces constitucionales y un golpe propagandístico al que recién ahora, tardíamente, trata el gobierno de dotar de algún contenido. 

En la mayoría de los casos, los anexos deberían estar claros antes que las preguntas, incluso para plantearlas con mayor precisión. Tal como ha sido presentada, la consulta es una deshilvanada colcha de retazos.

Hay preguntas que el gobierno pudo ahorrarse de incluir y, en su lugar, enviar directamente a la Asamblea, donde tiene mayoría, porque son simples enmiendas que no necesitan de la sanción de los ciudadanos en las urnas. Así, por ejemplo, la pregunta 4, sobre la reducción del número de asambleístas; y la 5, sobre la contratación por horas para los trabajadores del sector turístico.

Hay otras que más parecen un globo de ensayo, porque está clarísimo que no serán aprobadas por la propia Corte Constitucional (el “enemigo del pueblo, según la postura oficial del Ejecutivo expresada por la poco perspicaz ministra de Gobierno, Zaida Rovira).

 Y no lo serán porque implican reformas parciales a la Constitución, pues pretenden alterar la estructura del Estado o alterar su equilibrio de poderes, como ocurre con la pregunta 3, sobre la eliminación del CPCCS; o la pregunta 6, sobre la posibilidad de someter a juicio político a los jueces constitucionales. En este último caso, que parece ser el corazón de la consulta, como dijo ayer ese Diario, es importante que los anexos especifiquen la imposibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces por el contenido de sus sentencias (cosa que parece ser el verdadero interés del presidente, sus ministros y su bienmandado factótum en el parlamento, que poco entienden sobre estándares democráticos).

Si estas preguntas, la 3 y la 6, son reformas parciales a la Constitución y no meras enmiendas, entonces necesitan de la aprobación de la Asamblea: en dos debates, considerando que entre uno y otro debe mediar un período de 90 días; luego, ser sometidas a referéndum. Es decir, ya no queda tiempo para incluirlas en la consulta según el calendario de Daniel Noboa.

En resumen: si de verdad el gobierno quiere hacer una consulta popular antes de fin de año, porque así lo recomiendan sus especialistas en comunicación política (compol, o mejor dicho: compost, porque se trata de una comunicación para los tiempos de la postpolítica), esa consulta tendrá que ser completamente diferente a la planteada el martes de esta semana en el tuit del presidente de la República.

La verdadera preocupación del Gobierno con la consulta 

¿Qué más da? Lo que al gobierno le preocupa es obtener una victoria electoral (especialmente una que le permita sacar ventaja sobre la Corte Constitucional) antes de que termine el año, así que ya lo solventarán de cualquier modo. En ese sentido, la pregunta sobre los casinos resulta más relevante, para los intereses del presidente, que aquella sobre la eliminación del CPCCS (organismo que, al fin y al cabo, tiene bajo su control).

Oportunidad perdida que difícilmente se repetirá: plantear una reforma política de verdad en lugar de contentarse con un golpe de propaganda. Una reforma política que implique, por ejemplo, la construcción de un verdadero sistema de partidos (más allá del populista motivo de privarles de su financiamiento público); o replantearse la función del Consejo de la Judicatura, ese organismo hiperpoderoso convertido, a vísperas de la declaración de emergencia de la Función Judicial, en la herramienta del gobierno para operar su metida de mano en la justicia. 

Una reforma política, en fin, que le permita al país superar las taras del experimento constitucionalista del socialismo del siglo XXI ejecutado en Montecristi. Pero es mucho pedir: la Constitución correísta todavía tiene muchos servicios que prestar a gobiernos que, como el de Daniel Noboa, aspiran a controlar todos los poderes del Estado. Y en ese empeño, nomás le falta la Corte Constitucional, que “no rinde cuentas a nadie”, como mienten sus cheerleaders (la verdad es que ese organismo sí tiene sus instancias de control).

Así con la con la consulta de Noboa: en el mejor de los casos, será propagandística y cosmética.

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