De enero a marzo de este 2023, un aproximado de 50 menores de edad han sido asesinados en Ecuador, como blancos del sicariato y víctimas colaterales de intento de homicidios y enfrentamientos a mano armada, según cifras de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased). Además, el año pasado, de los 264 menores asesinados a nivel nacional, 80 eran bebés.

Y es que, de acuerdo a los registros oficiales, es la niñez una de las poblaciones más vulnerables ante el alto grado de delincuencia e inseguridad que vive el país y por el que cada vez se hallan sin querer como víctimas en crímenes y más delitos.

Este primero de junio, Ecuador celebra el Día Internacional del Niño, pero más que una fecha para festejar es un momento de reflexión sobre las flojas y escasas políticas de protección de derechos humanos de los menores de edad. Así lo analizan expertos en Derechos Humanos.

“Estamos teniendo una crisis estructural en cuanto a protección de los niños, que nos traerá factura a mediano plazo porque tendremos niños deprimidos por el crimen, individuos con ansiedad y con problemas psicológicos”, acota el abogado especialista en Derechos Humanos y académico, Efrén Guerrero.

Para el especialista, hay que poner a los niños en lo más alto de la agenda pública, porque, menciona, en los últimos años el país se ha centrado en otros temas y no ha habido una adecuada política que los proteja.

“Ecuador tiene una estructura normativa que protege los derechos de los niños como la Comisión de las Naciones Unidas por el derecho de los Niños, el Código de la Niñez y la Constitución y lo único que hace falta es voluntad política e inversión prioritaria”, destaca.

Para Guerrero, la apuesta por más policías cerca de las instituciones educativas para proteger a los menores, por ejemplo, no resuelve el problema de fondo, sino más bien que todos los involucrados como familia, escuelas, instituciones que trabajen por los infantes y el Gobierno en general, busquen respetar las políticas públicas y establecer nuevas que fomenten su sano desarrollo.

Una de ellas puede ser, explica, tomar en serio la opinión de los mismos niños. “Uno de los grandes problemas es creer que los niños y adolescentes son incapaces de ser parte de la toma de decisiones de sus derechos”, indica.

El refuerzo policial y militar tampoco es la mejor ayuda ante la inseguridad y más si se trata de la protección de derechos de los niños, analiza Billy Navarrete, Director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) con sede en Guayaquil.

“Poner a un policía en la puerta de la escuela no es suficiente. Hay que generar otro tipo de acción en el interior de la escuela en el que la comunidad pueda sentir un espacio de construcción”, detalla.

Navarrete menciona, también basado en información de la red comunitaria que preside, que además de la inseguridad y el crimen, hay otros factores que vulneran los derechos de los niños y adolescentes y que están en ascenso, tales como el trabajo infantil y el abandono.

De acuerdo a los registros del sistema de ayuda ECU-911, desde el año 2022 hasta el 24 de mayo de este año, se han hecho 1.094 alertas a nivel nacional sobre explotación laboral de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se ha alertado de 371 niños abandonados.

No obstante, Navarrete subraya que hay un nuevo factor que toma fuerza: el reclutamiento forzoso para ser adheridos a las bandas delincuenciales. “Estos reclutamientos también incluyen la trata de personas y explotación sexual”, detalla.

Justamente en ese punto, Guerrero reflexiona sobre la importancia de no discriminar y sí rehabilitar para reinsertar a menores de edad que cometen delitos, pero con un proceso real que no los regrese a las mismas condiciones que los llevaron a cometer las infracciones. “Los niños y adolescentes que tienen conflictos con la ley tienen que ser parte de una política integral”.

La rehabilitación en niños y adolescentes también es un punto clave para la reeducación en el país, en cuanto a seguridad, dice el psicólogo clínico Gino Escobar.

No obstante, para él, más allá de los crímenes en el país es el miedo que se genera entre los adultos y que se traspasa a los niños lo que marcará en el futuro una sociedad más débil.

“Si transmitimos miedo, cultivamos el miedo. Los niños tienen muy elevada su capacidad de autoestima y amor propio, pero su sensor para poder identificar el mundo es a nivel de las emociones y si los adultos de su alrededor sienten mucho miedo por la inseguridad, esto les va a ocasionar un nivel de incertidumbre a los menores. No es la realidad que están viviendo la que los forja, sino cómo la perciben”, explica.

Para evitar aquello, Escobar recomienda que no se normalice la violencia entre los adultos y para ellos hay que desnaturalizarla “porque el ser humano no es violento por naturaleza”.

La psicóloga clínica Gabriela Caiza también hace énfasis en el miedo ya que menciona que “los niños aprenden por imitación”. Ante ello, la experta recomienda, como otra forma incluso de proteger a los infantes del ambiente de inseguridad y crimen, evitar el bombardeo informativo de noticias negativas y que la inseguridad no se verbalice en la mesa.

“Es importante que los niños más que ver miedo y escuchar que los adultos tienen miedo, es que escuchen cómo los adultos nos cuidamos y que para eso tenemos reglas como horarios para entrar a la casa”, comenta.

Navarrete añade además que el hecho de que los niños estén expuestos a ser víctimas del crimen incluso en las mismas instituciones educativas, como lo muestran ejemplos de adolescentes asesinados cerca de los colegios, evidencia una fractura del sistema de protección de los menores en Ecuador que debe resarcirse desde el Gobierno.

“Los niños y los mismos maestros de las instituciones educativas están requiriendo apoyo, un fortalecimiento en cuanto cómo sobrellevar el temor para que el proceso educativo responda a lo que los niños están sufriendo”, precisa.

Como parte de las políticas de protección de la niñez, Navarrete propone generar protocolos de prevención donde niños y adolescentes sean incluidos; recuperar, por parte de las autoridades, los espacios públicos para el desarrollo sano de los niños y que las unidades educativas sirvan como centro de reunión de la comunidad. “El objetivo al menos tiene que ser que las organizaciones criminales no toquen a los niños”

Es por eso que, para este experto, la agenda de Gobierno, principalmente con el próximo nuevo presidente, la protección de los niños frente a la inseguridad debería ser el rostro de portada de toda la acción pública que convoque a los actores del Estado que actúan en forma dispersa y que llame a otros que no han sido convocados como la sociedad civil y la academia.