Mar Secuestrado | Ecuador: la pesca artesanal herida en la ruta global de la cocaína

No hay paz en tierra o en altamar. Son las 12:30 del 4 de julio. Familiares de Edward José Valiente Góngora lloran al pie de su féretro, en medio de una de las calles del barrio 4 de Abril, en Puerto Bolívar.

El joven tenía 26 años cuando fue baleado en aguas abiertas, cerca de la frontera con Perú. Uno de los proyectiles ingresó por uno de sus ojos durante un robo que sufrieron varios pescadores, asegura su abuelo a Mongabay Latam.

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En esta zona que pertenece a Machala, El Oro, en el sur del Ecuador, el ambiente es hostil por la guerra entre bandas de narcotraficantes que se disputan el control de ese cantón y sus principales salidas al mar.

La pesca artesanal está entre los sectores más golpeados por el crimen organizado en El Oro. Desde hace unos cinco años, antes de salir a su faena, los pescadores están obligados a estar al día con el pago de extorsiones, localmente llamadas ‘vacunas’, a bandas que controlan los muelles y las rutas de pesca.

Algunos deben pagar hasta 300 dólares mensuales solo para evitar que les roben los motores o los maten. Según un dirigente pesquero, quien pidió el anonimato, el 70 % de los tres mil pescadores de esa zona pagan ‘vacunas’. Otros, asfixiados por las deudas o amenazas, han optado por aceptar encargos para trasladar droga en sus embarcaciones mar adentro, donde otras personas la cargan a buques que terminan en Centroamérica, Norteamérica o Europa.

La guerra ligada al narcotráfico que se libra en Puerto Bolívar y otras zonas de Machala involucra a varias organizaciones delictivas.

El enfrentamiento ha provocado una estela de muertes violentas bajo la modalidad de sicariato, además de asaltos, extorsiones y atentados con tanques de gas o explosivos industriales. Un ejemplo de ello se registró el 18 de agosto de 2024, cuando una explosión destruyó un muelle en el barrio Amazonas 1.

La población prefiere callar porque, como dicen los pescadores, una palabra de más puede costar la vida.

El coronel William Calle, jefe de la Policía en la Zona 7 (que agrupa a las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), afirma que “la pelea es por el puerto” y cita las cifras de muertes violentas. Solo en el 2024, detalla, hubo 580 muertes violentas, a diferencia de las otras provincias de la zona: en Loja se registraron 18 y en Zamora Chinchipe, 15.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio del Interior, El Oro está entre las cinco provincias con más homicidios, asesinatos y sicariatos, con 2.094 registros entre 2014 y 2024. Si se filtra la información por ocupación de la víctima, las muertes violentas de pescadores a nivel nacional ascienden a 202, de las cuales 32 corresponden a El Oro.

Asimismo, las muertes de pescadores se han incrementado. En 2014 solo se registraron cinco casos en todo el país; en 2024 hubo 45 casos.

Las cicatrices de la violencia son notorias. El oficial Calle acompañó al equipo periodístico de Mongabay Latam por las calles y casas destruidas por la guerra entre bandas narcodelictivas. Sorteando un gran hueco en el piso, cerca del callejón de Los Sandros (denominado así por una banda local que responde a otra que tiene alcance nacional), se accede a un borde de lo que queda en pie de una casa sobre el agua del estero Huayla, un ramal estratégico para sacar la droga hacia el mar.

“En este sector, casi nadie vive ya. Esta zona es clave para el tráfico de drogas. Por eso es que (las bandas) les ponen dinamita (a las casas) para que la gente se vaya y tener la vía libre para seguir traficando droga (hacia la zona de salida de buques y contenedores o por mar abierto en lanchas)”, menciona Calle al referirse al interés de las bandas por acercarse al puerto marítimo.

Ecuador está entre los países de todo el mundo con más incautaciones de drogas, detrás de Colombia y Estados Unidos, sostiene Antonio Di Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Ecuador y Perú, en declaraciones de 2022.

Datos del Ministerio del Interior dan cuenta de que se decomisan aproximadamente 200 toneladas anuales desde 2021, con un pico de casi 300 toneladas en 2024. Gran parte de esa droga ha sido incautada en los principales puertos del país y, precisamente, Puerto Bolívar, anclado en Machala, es uno de los cinco más relevantes y de interés para el crimen organizado.

Fuentes policiales que conversaron con Mongabay Latam y un informe de 2022 de inteligencia militar (Comisión Binacional de Fronteras Ecuador-Perú) indican que una de las principales organizaciones que operan en esta provincia tiene presencia nacional. El militar en retiro Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, sin embargo, puntualiza que en la zona también hay otras estructuras criminales.

Esas bandas han sido consideradas organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ligadas al cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, de acuerdo con organismos de seguridad de Ecuador. Cuentan con centros de acopio en bodegas, haciendas, camaroneras e islas, como quedó evidenciado con el hallazgo de 1.132 paquetes de cocaína enterrados en Bajo Alto, el 6 de mayo pasado.

Desde allí, la droga se traslada a altamar para esconderla en contenedores y barcos, con el uso, en muchos casos, de embarcaciones artesanales o motores robados a pescadores.

“Roban los motores a pescadores y luego los utilizan para ponerlos en otras embarcaciones y sacar la droga a mar abierto. Sabemos que tienen también bastante espacio en islas que no están habitadas, donde probablemente estarían albergando motores robados y armas”, señala un agente policial de Antinarcóticos, quien participó en un trabajo de inteligencia a organizaciones narcodelictivas en El Oro.

Otro agente que ha trabajado en operaciones antidrogas en esa provincia también señala que hay una ruta que conduce a la zona de Galápagos. “Allá, en esa zona, realizan la ‘contaminación’ a los grandes buques para que lleven la droga a Europa”.

Así también, Mongabay Latam solicitó información estadística a la Armada de Ecuador sobre interdicciones a embarcaciones, robos y decomisos de motores fuera de borda, pero no respondió al pedido.

Sin embargo, este equipo periodístico accedió a registros oficiales del Ministerio de Defensa, que reportó 648 motores fuera de borda decomisados entre 2019 y 2024. No se detallan los sitios de los decomisos.

El dolor de las familias de los pescadores

Las consecuencias más dolorosas también se reflejan en las familias de los pescadores que han desaparecido. “Cuando están en altamar, son atacados por estos grupos de delincuencia organizada. A muchos de ellos no se los vuelve a ver”, dice Lidia Rueda, de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador.

Rueda asevera que “los que desaparecen en altamar no entran a las estadísticas del Ministerio del Interior, sino que a esos desaparecidos los registra la Marina y la Fiscalía”.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con la Armada de Ecuador, pero no hubo respuesta. Por su parte, en la información que entregó la Fiscalía sobre personas extraviadas, El Oro, con 84 registros, es la quinta provincia con más denuncias de desapariciones involuntarias, después de Guayas, Pichincha, Manabí y Chimborazo, en el primer trimestre de este año.

De vuelta al perfil costero, el dirigente de una de las cooperativas pesqueras artesanales que existen en El Oro, quien pide el anonimato por motivos de seguridad, describe sin rodeos la situación que viven a diario: “Todos pagan. Nadie se escapa de eso (...). Han muerto muchas personas, especialmente compañeros míos”.

(También puedes visitar el sitio web de Mongabay Latam: Piratas de Ecuador y Perú: el brazo logístico del narcotráfico detrás de las extorsiones a pescadores artesanales)

Renato Rivera, especialista en economía del crimen organizado, indica que la extorsión tiene dos enfoques. “Para funcionar en tu negocio me tienes que pagar 100 dólares o te mato”, es la amenaza. La segunda funciona con la fachada de entregar protección. “Como la policía no te da protección y hay un grupo criminal que te puede matar o te puede hacer el primer tipo de extorsión, págame a mí para protegerte”.

El dirigente de la pesca recuerda que, hace casi tres años, las bandas que ahora los extorsionan nacieron como agrupaciones que se encargaban de hacer rondas en muelles y en el mar para protegerlos durante las faenas, a cambio de un pago de 30 dólares. Pero con el tiempo, dice, subieron la tarifa y, ante la negativa, surgió la violencia.

El testimonio del pescador indicando que diferentes bandas los extorsionan concuerda con el del militar en retiro Mario Pazmiño, quien asegura que en el litoral ecuatoriano, específicamente en El Oro, hay dos o tres organizaciones dedicadas a la piratería.

Fuentes de Inteligencia de las Fuerzas Armadas le revelaron a Mongabay Latam que una de las agrupaciones ha reclutado personas en el lado peruano, para que se dediquen al contrabando y a extorsionar a pescadores.

La información concuerda con los hallazgos del reportaje sobre Perú, que es parte de esta investigación periodística.

La extorsión ha obligado a algunos pescadores a vender sus embarcaciones y abandonar el oficio. Otros, en cambio, han aceptado la oferta de las bandas para transportar estupefacientes o combustible. “Tú tienes que ceder. Si no, también te matan”, admite el dirigente pesquero.

Una de las causas que elevó los riesgos: impacto ambiental y social

Los efectos de la violencia en esta zona de Ecuador están relacionados, en parte, por una problemática ecológica que ha empujado a los pescadores artesanales a buscar el recurso marino cada vez más lejos de la costa.

El exasambleísta Bolívar Remache propuso sin éxito, en agosto de 2021, un proyecto de ley de incentivo a la pesca artesanal con el que buscaba apoyar financieramente a ese sector, además de otras políticas que promuevan la investigación de los recursos pesqueros. Él recuerda con nostalgia la realidad de hace más de 10 años: “Tú tirabas un anzuelo y sacabas un pez de 40, 50, 60 centímetros”.

Hoy, dice, la sobrepesca industrial y la pesca ilegal han vaciado las primeras ocho millas, empujando a los artesanales hasta 300 millas mar adentro.

«Como no había una ley que les prohibiera, entonces entraron barcos de arrastres y acababan con las especies adultas y también con las bebés. El pescador es pobre porque sus costos de producción son más altos que lo que captura», refiere Remache, quien sostiene que dicha situación deja vulnerables a pescadores, quienes en muchos casos, acceden a ofrecimientos de parte de bandas delictivas.

El agente que integró la Unidad de Antinarcóticos de la Policía en labores investigativas de campo y que prefiere guardar el anonimato por su seguridad afirma que “un lanchero aproximadamente está ganando unos 80 000 dólares por el viaje completo a Centroamérica. Y ese es un monto mínimo, puede ser más”. Otros fiscales matizan que los montos que reciben los pescadores dependen de la tarea que se les encargue, desde alquilar la embarcación hasta transportar el alcaloide.

De acuerdo con Janice Márquez De La Plata, la explotación de los recursos marinos en Ecuador es un problema que se puede percibir sobre todo en la escasez de especies clave como dorado, pulpo y langosta. Ello, indica, ha empujado a algunos jóvenes a migrar y “en los casos más críticos algunos jóvenes han sido reclutados por redes de crimen organizado”.

Los efectos de la sobreexplotación, detalla la experta, se intensificaron en la última década con cambios notorios desde 2015 y mayor agudeza desde el año 2020. Como consecuencia, los pescadores artesanales deben viajar más lejos y pasar más tiempo en faena para obtener capturas que antes conseguían en menor tiempo. “Incluso pudiendo ser víctimas de la constante inseguridad en altamar que atenta contra sus vidas”, puntualiza.

Una mezcla de factores que golpean al sector pesquero

De acuerdo con Tarcisio Granizo, presidente de WWF-Ecuador y exministro de Ambiente, “el sector pesquero artesanal es el más golpeado por la crisis de los stocks pesqueros, pero también por la crisis de la delincuencia”. Debido a la sobreexplotación de los recursos, indica, “los pescadores no solo tienen que irse más adentro, sino que tienen que pasar más tiempo en el mar para pescar lo que antes pescaban más cerca y en menos tiempo. Eso los pone en riesgo con respecto a la delincuencia que opera en los mares, que le roban los motores, que les secuestran”.

Un hombre de 45 años que lleva más de 20 años saliendo a pescar frente al archipiélago de Jambelí conoce muy bien el problema. Cuenta que la escasez de recursos pesqueros lo ha llevado a adentrarse hasta nueve millas para tratar de ganarse unos dólares por fuera de los costos de operación, cuando antes solo era necesario recorrer una o dos millas máximo.

“Antes uno iba dos, tres horas y ya venía con su carga. Ya estaba el día costeado. Ahora la gente se va a las cuatro, cinco de la mañana y está volviendo a las cinco de la tarde. La pesca ahora es de suerte”, comenta el pescador.

Para Márquez De La Plata hay varios factores que han incidido en la problemática. Por un lado, la débil fiscalización y vigilancia de las autoridades que permite la existencia de pesca ilegal. Por otro lado, la obsolescencia de herramientas de monitoreo, como el barco de investigación marina, y un déficit de investigación que impide contar con medidas basadas en ciencia para un manejo sostenible.

En este punto Granizo coincide. “Hay que definir dónde puede haber pesca artesanal, dónde puede haber pesca industrial y que esos sitios se respeten. Hay una Ley de Pesca, pero estos límites deben ser estudiados especie por especie. Eso lo debería hacer el Instituto Nacional de Pesca (INP) que ahora se llama Instituto Público de Investigación Acuicultura y Pesca (IPIAP). Lo está haciendo, pero no tiene los recursos suficientes”.

La cadena criminal se alimenta de la debilidad del Estado y del hambre de los pescadores. Cada lancha desaparecida, cada motor robado, cada pescador asesinado es un eslabón en un negocio que mueve miles de millones en cocaína y que ha convertido el mar ecuatoriano en territorio de nadie. Los pescadores lo resumen en una frase: “En alta mar no hay ley”.